El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

¿Cuál es la agenda que la Segunda Sala de la Corte tiene pendiente de resolver en este año? Si bien es difícil delimitar a estas alturas del año la tendencia de interés de los ministros, los siguientes son algunos de los asuntos en los que la Sala ha determinado ejercer su facultad de atracción y se encuentran pendientes de ser resueltos. Los cuales, a mi parecer, darán de qué hablar por los controversiales aspectos jurídicos que, si se analiza el fondo de tales asuntos, representarán en la vida jurídica del país.

El 7 de marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y resolvió el amparo directo en revisión 6181/2016, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar. El asunto abordó un tema de especial relevancia para el ordenamiento jurídico nacional: la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género los casos penales en los que la parte sentenciada haya sido víctima de violencia familiar.

En este contexto, el principal propósito del juez consiste en analizar el caso y dictar una sentencia. En los casos de delitos sexuales, como la violación, el análisis se complica por diversas cuestiones particulares. Aunado a eso, existe la carencia de una condición indispensable en la actualidad para todos los jueces: la perspectiva de género. ¿Qué es eso? La perspectiva de género es una categoría analítica que sirve para cuestionar los estereotipos y para alcanzar una mayor equidad entre los géneros. Es decir, cuando se analiza un caso donde la víctima es una mujer, el juez debe considerar la posición de desigualdad y subordinación en la que podría encontrarse la misma.

Sirva el presente artículo para detenernos un momento y tratar de explicar desde una óptica jurídica las responsabilidades de los servidores públicos en la Constitución para, posteriormente, enfocarnos en lo concerniente a la peligrosa inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político.

Si bien han existido profundos avances en los mecanismos de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) —incluido el derecho a la salud—, la mira no está enfocada en el desarrollo y sofisticación de los mecanismos no jurisdiccionales.

En este proyecto de reforma se propone cambiar el modelo de donación de órganos de manera que ahora todos los ciudadanos se vuelvan donadores de órganos automáticamente. Es decir, con esta reforma, todas las personas serán donadoras de órganos por defecto y se requerirá que las personas expresen su negativa para que se les deje de considerar donadores. Por obvias razones, esta reforma ha sido muy polémica.

A Marimar y sus padres les entregan un oficio en el que le hacen saber la determinación del Comité de Bioética en donde le informan, sin tomar en cuenta la violación sexual, que “después de un análisis del expediente clínico integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se concluye que se trata de una paciente con un embarazo normoevolutivo, que si bien es portadora de una malformación congénita, y la cual no pone en riesgo la vida de la madre. No contamos con sustento ni orden legal para la terminación del mismo”.