La reciente resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la denuncia por violencia política de género interpuesta por la diputada Andrea Chávez en contra de la politóloga y analista Denise Dresser, ha generado un debate profundo sobre las implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión.

La paridad de género en la arena electoral se ha erigido como una cuestión de justicia social ineludible y como un elemento fundamental para el desarrollo de democracias plenas y representativas. En México, la democracia está experimentando una transformación significativa que promete remodelar el tejido de la representación política, transmutando antiguos paradigmas de dominación y marginalización en modelos de equidad e inclusión. La sentencia SUP-RAP-327/2023, dictada el pasado 15 de noviembre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se presenta como un paso adicional en la lucha por la equidad de género.

Con una historia de constantes evoluciones y reformas en el sistema de justicia y en el sistema electoral, la consolidación y la internalización de un modelo de precedentes se tornan imperativos para garantizar la certeza, la equidad y la predictibilidad en las decisiones judiciales. Las voces de quienes contribuimos a la obra, coincidimos en la necesidad de abandonar prácticas desfasadas y de abrazar un paradigma que no solo otorgue solidez argumentativa a las decisiones judiciales, sino que también promueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales electorales. Como señala Marina Gascón, la jurisprudencia posee un valor decisivo para la unificación del derecho. En este escenario, los desafíos son múltiples, pero la recompensa es una justicia electoral más robusta y confiable para México.

Con esta decisión, se dejó ir una oportunidad para seguir construyendo criterios que busquen erradicar la violencia en contra de las mujeres, porque con independencia del resultado final o la conclusión a la que se hubiera llegado, incorporar este tipo de debates en la discusión jurisdiccional habría sido un paso importante para visibilizar un problema que enfrentamos las mujeres y que impacta en nuestras aspiraciones y proyectos de vida. Cuando una mujer observa que otras mujeres son criticadas por su apariencia física en la arena pública y política, se genera un impacto negativo e inhibitorio hacia nuestras aspiraciones de participar en estos espacios. En los espacios políticos nuestra apariencia física y nuestros cuerpos es algo que debería ser irrelevante, sin embargo, no lo es. La normalización de la crítica y la burla hacia nuestros cuerpos nos ha afectado tanto, que es algo que se debería tomar más en serio.

En suma, los lineamientos contienen reiteraciones de disposiciones generales que ya se encontraban vigentes y únicamente evidencian el agotamiento de nuestro modelo electoral en dos temas fundamentales: la propaganda y la ruta del dinero. Son esquemas que se han reducido, en vez de un freno a la simulación, en una convalidación de la misma. Y, por lo mismo, sí, necesitamos una reforma electoral —una buena reforma electoral— que modernice un sistema ya rebasado. Pero mientras tanto, necesitamos de autoridades dispuestas a sancionar a quienes quebranten la ley y; a su vez, actores políticos que estén preocupados por acatar las reglas y no por encontrar formas “inéditas” de violar las disposiciones vigentes.

La solución adoptada por la Sala Superior del TEPJF reconoce que los partidos políticos están desarrollando procesos políticos de decisión que buscan involucrar a su militancia y a la ciudadanía en la generación de liderazgos para el próximo proceso electoral 2023-2024, situación que puede vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna, cuando la actual legislación no la prevé o es deficiente. Por supuesto hay límites jurisprudenciales, constitucionales y legales preexistentes y aplicables.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que orgullosamente pertenecí hace unos años, nunca ha dejado de sorprender a propios y extraños. Tiene en su haber histórico un gran cúmulo de sentencias sorpresivas o disruptivas, según se vea, paradigmáticas diría yo, que van dando cuenta, cuerpo y evidencia de lo fundamental y definitorio que ha sido en el desarrollo político de nuestro país.

Por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral (INE), una mujer ocupa el cargo de consejera presidenta. Sin duda, esta designación es un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país. Este escenario, no obstante, requirió que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenara a la Cámara de Diputaciones modificar la convocatoria para que la presidencia recayera en una mujer.

A principios de 2023, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) decidió establecer un grupo de trabajo con el objetivo de examinar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 23 de marzo, se presentó una iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Aunque aún no se ha emitido un dictamen, se prevé que el proyecto será aprobado próximamente. La propuesta revela una inquietante ambigüedad en sus fundamentos y en las posibles repercusiones que podría tener para el bienestar de la democracia en el país.