El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

Durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLC), celebrado en Perú en 1983, se convino declarar al 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Desde entonces y hasta el día de hoy, más de 40 años después, esta fecha sigue siendo crucial para recordar todo lo que hemos avanzado y, sobre todo, lo que aún falta por alcanzar en la valorización y redistribución del trabajo doméstico. Este día nos invita no solo a reflexionar sobre la importancia de las labores realizadas dentro del hogar, sino también a reconocer y valorar a quienes las realizan, en su mayoría mujeres.

En esa órbita de cuestionamientos se incluye la omisión del Senado de la República por nombrar a diversas magistraturas electorales, incluyendo a las dos vacantes de la Sala Superiordel Tribunal Electoral. En un primer momento, esta falta parecería inocua, puesto que la máxima autoridad en justicia electoral puede sesionar hasta con cuatro magistraturas. Sin embargo, la situación cambia ante la exigencia de contar con, por lo menos seis integrantes para calificar la elección presidencial. De forma que la actual conformación de la Sala era insuficiente para realizar una de las labores centrales del Tribunal Electoral, emitir el dictamen de validez jurídica al proceso de renovación del cargo político más distinguido en nuestro país: la Presidencia de la República.

Este modelo de justicia abierta feminista no es una solución cerrada, ni centrada únicamente en las mujeres, sino un proceso continuo de diálogo y participación que nos permitirá construir un sistema judicial inclusivo y equitativo, capaz de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos. Sin dejar a nadie atrás. Es hora de transformar radicalmente nuestras instituciones judiciales para que realmente sirvan a la sociedad y para mejorar la vida de cada una de las personas, particularmente de aquellas que, históricamente, hemos sido excluidas del acceso a la justicia. Lo que pasa en los tribunales nos afecta a todas. La justicia abierta feminista es una apuesta y una aportación política a las justicias de toda la población.

Es claro que si la afectación a sus derechos laborales proviene de otros ámbitos (como la nula defensa de su estatuto por parte del propio Consejo o por parte de los sindicatos que debieran representarlos o por virtud de la reforma judicial, si fuere aprobada) entonces a los empleados del Poder Judicial de la Federación les asistirá una potestad propia para defenderse y llegar incluso a la huelga, pero cuya fuente no será la misma que para los jueces, sino el mismísimo derecho burocrático. También conviene dejar claro que, en cualquiera de las dos hipótesis, la de la suspensión de labores que acuerden los titulares o la huelga que, en su caso, convengan los empleados judiciales, no es contradictorio que los dos frentes se apoyen uno al otro, sino más bien válido y complementario.

Mucho se ha hablado del Plan C, ese paquete de reformas constitucionales y legislativas en torno al cual tanto el presidente López Obrador como los candidatos de Morena, PVEM y PT llamaron a votar el 2 de junio en todo el país. Este plan consistió, en su primera fase, en conseguir la mayor cantidad posible de votos en todos los cargos de elección, destacando la presidencia de la República y el Congreso de la Unión para poder reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Su segunda fase, que está en marcha, consiste en aprobar las 18 iniciativas de reformas constitucionales que son prioritarias tanto para el presidente como para la virtual presidenta electa. Para lo cual necesitan una mayoría calificada de 2/3 partes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo cual dependerá de la asignación de curules plurinominales que haga el Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente revise el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ayer publicamos en este espacio una radiografía de la reforma judicial como parte de una serie de artículos encaminados a dar a conocer el contenido y alcance del denominado Plan C. Hoy explicaremos el trámite legislativo que deben seguir las 18 iniciativas de reforma constitucional que el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero pasado y, destacadamente, el de la reforma judicial.

El 19 de junio la virtual presidenta electa anunció que en los primeros meses de su mandato impulsaría la reconfiguración del Poder Judicial de la Federación (PJF) a partir de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el actual presidente el 5 de febrero de 2024. A reserva de lo ya escrito, aquí exponemos los principales puntos —que van más allá de estrictamente la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular— de la reforma de cara a los riesgos de la fragilización de la independencia judicial que ofrece la experiencia comparada.

En consonancia con lo que disponen instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la misma forma que a cualquier ciudadano, en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU se reconoce a las personas que ejercen la función judicial las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión. No obstante, por la importantísima función que tienen encomendada, en los Principios se dispone que “en ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.