El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

Al Fiscal General todavía le queda una maniobra para cambiar el rumbo de esta historia: desistirse de los recursos que hoy se encuentran en la mesa de la SCJN. Esto implicará un enorme reto para la SCJN, pues tendrá que decidir entre estudiar el asunto a partir de los criterios novedosos que se anunciaron en la sesión de esta semana, o que se ejecute la sentencia del juez de distrito que ya concedió el amparo.

Son cinco los hallazgos que se derivan de este ejercicio de búsqueda y análisis de información pública disponible sobre las defensorías públicas locales en México. El primero, 1 de cada 100 abogados mexicanos laboran en las defensorías públicas locales. El segundo, a nivel nacional laboran un promedio de 128 abogados públicos por entidad federativa. El tercero, 50 % de las personas empleadas en la defensa pública son mujeres. El cuarto, casi 40 % del total de los sujetos procesados por el sistema de justicia penal son representados por un abogado público, en las entidades federativas. El quinto, en promedio, cada defensor público local recibe bimestralmente a 3 nuevos sujetos procesados por el sistema de justicia penal a nivel nacional.

El caso de Digna Ochoa abre nuevos espacios de diálogo para pensar en la crisis de la protección de personas defensoras de derechos humanos, la importancia del enfoque interseccional en casos de violaciones graves a derechos humanos y la impunidad como causa de la perpetuación de este tipo de violaciones. La publicación de la sentencia tiene la capacidad de fortalecer y visibilizar los esfuerzos que día a día se realizan desde sociedad civil en la búsqueda de soluciones estructurales para la protección de personas defensoras. Estas soluciones incluyen, pero definitivamente no se limitan, a lo ordenado por la CorteIDH.

¿Será acaso que la estrategia del diputado Gutiérrez Luna no sea que la SCJN le dé la razón en el fondo, sino conseguir otra resolución cautelar que permita, dado los tiempos que lleva la sustanciación del litigio principal, al presidente de la República y su administración continuar difundiendo propaganda gubernamental durante el periodo de veda?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Aún hoy, hay quien expresa incomodidad frente a este día, por razones que, si bien son distintas, comparten ciertos elementos. Me gustaría comenzar por una objeción que he escuchado o he leído con frecuencia porque creo que nos permite comenzar a adentrarnos en lo jurídico, que es uno de los puntos que nos tienen aquí hoy. Esta idea de: ¿por qué sigue siendo necesario un día como el 8 de marzo cuando las mujeres “ya tienen todos los derechos”?

Cuando en el futuro se hable de la forma en que las autoridades sanitarias enfrentaron la pandemia de covid-19, encontraremos una visión histórica bastante cuestionable y; por otro lado, una verdad jurídica que será implacable ya sea determinada por los tribunales mexicanos o por instituciones internacionales más allá de nuestras fronteras.

Lo que sí se puede afirmar, es que la respuesta que ha suministrado la Suprema Corte no es convencionalmente suficiente, pues merma los efectos de lo que ha sido considerado un plazo razonable, que deben ser empleados de igual manera para determinar, en casos de prisión preventiva oficiosa o automática, si la revisión que periódicamente se debe realizar sobre las causas de mantenimiento -y de forma oficiosa- se ha llevado a cabo de conformidad con el cúmulo de derechos que se encuentran relacionados con esta situación jurídica.

En sí, considero que estos casos confirman la moralidad argumentativa que implica (en ciertas ocasiones) el emplear un test de proporcionalidad como herramienta metodológica para atribuir significa a nuestra Constitución.