Este texto retoma los saldos de los diversos procesos de control constitucional que ha desplegado la Suprema Corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) y los escenarios que podrían desencadenarse en los siguientes meses. El entramado fáctico y normativo que está por desarrollarse, se genera a raíz de la convergencia de tres factores: (i) la declaratoria de invalidez inicial derivada de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (Remuneraciones 1); (ii) la reforma de la que fue objeto esta ley el 12 de abril de 2019 (Remuneraciones 2) y el nuevo contenido normativo que debe generar el Congreso de la Unión al acatar el fallo de la Suprema Corte (Remuneraciones 3).
Los litigios del presidente López Obrador
Los litigios del presidente López Obrador y su gobierno
Este espacio lanza una cobertura de las demandas que han sido presentadas ante la Suprema Corte u otro órgano del poder judicial de la federación en contra de alguna política pública impulsada por el gobierno de López Obrador. El objetivo, en esta primera etapa, es hacer el esfuerzo por describir de manera objetiva y pedagógica cuáles son los argumentos que ofrecen estas críticas, desde la arena judicial, a la gestión del actual gobierno federal. Y, en este sentido, ofrecer aspectos clave para trazar el rasero a partir del cual, en su momento, se evalúen el voto y argumentos de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
¿Es constitucional que las fuerzas armadas tomen el control de los puertos y aduanas?
Es innegable que la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada se encuentran presentes en el comercio exterior; sin embargo, es importante que estos ilícitos se combatan bajo los parámetros de un auténtico Estado constitucional y democrático. Por ello, sostenemos que facultad del presidente de la República de disponer de las fuerzas armadas para que realicen tareas de seguridad que le otorga el artículo quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional no debe interpretarse como un cheque en blanco que permita a los militares sustituir a los civiles en toda clase de actividades, por ejemplo, aquellas de naturaleza administrativa.
Caso Lozoya: extradición y las exigencias del debido proceso
Emilio Lozoya Austin, quien llegó a México procedente de España en los últimos días resultado de una solicitud de extradición, fue trasladado a un hospital privado y no a un reclusorio. Esto por instrucciones del ministerio público de la federación. Se señala que tiene la calidad de testigo colaborador y, además, que se acogió a la figura del criterio de oportunidad previsto. Si se considera como verdadera esta información, surgen dudas acerca del actuar de la autoridad ministerial y de cuál es exactamente la situación jurídica del detenido.
La denuncia contra López Gatell. Un caso jurídico contra la negligencia
En México, han sido muchas las voces que han insistido en explorar esta última dimensión, y litigar frente a las omisiones de un gobierno que ha decidido ignorar a las voces de la ciencia, la academia e incluso los cuestionamientos parlamentarios. En esa lógica, el pasado 20 de julio de 2020 se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por la violación prevista en la fracción I, del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Emilio Lozoya: el colaborador incómodo
La extradición de Emilio Lozoya, personaje clave de la administración (léase: corrupción) peñanietista, ha puesto en el centro del debate público la figura del testigo colaborador, una herramienta usada de manera habitual en distintos ordenamientos jurídicos en el mundo. Se trata, para decirlo rápido, de otorgar beneficios penales a un acusado o sentenciado a cambio de que delate a sus cómplices. El objetivo es lanzar la red de la justicia criminal más lejos (un mayor número de investigaciones/detenciones) o más hondo (hasta los miembros de la más alta jerarquía), aunque ello suponga una condena menos severa, incluso injustamente suave, para el colaborador.
Facebook ante la justicia alemana o cómo reinventar el derecho de la competencia y a la privacidad
Tras una investigación de tres años, en febrero de 2019 la autoridad alemana de competencia (Bundeskartellamt) calificó a Facebook como un agente dominante en el mercado de redes sociales e impuso una serie de lineamientos cuyo propósito era que la empresa no abusara de su poder de mercado —que abarcaba a su vez el de la publicidad online—, no coaccionara a los usuarios a entregar sus datos en forma indiscriminada y, en suma, prohibir que Facebook continuara con el combinando de datos e información de las cuentas de sus usuarios sin su consentimiento.
Los presidentes de la República y su parcialidad electoral
La autoridad electoral ha demostrado ser imparcial en el procedimiento y en las resoluciones de las medidas cautelares, es decir, ha juzgado con la misma vara a todos los gobiernos federales, sin manifestar preferencias o favoritismo. Más bien, la imparcialidad de la autoridad electoral es una enorme molestia para el gobierno federal y los partidos políticos. Es osada en tiempos de gobiernos de mayorías legislativas. Es una garantía para los ciudadanos. Es temeraria en épocas de gobiernos autoritarios. Es necesaria en eras de una oposición desarticulada. Es plausible contra actos de vulneración de las elecciones
Harvard y MIT: su defensa legal a favor de los estudiantes extranjeros
El pasado 6 de julio, la ICE anunció que dejaría sin efectos la excepción que por la pandemia había sido otorgada a los estudiantes internacionales. Lo anterior implica que cientos de miles de estudiantes con visa F-1, a quienes sus clases universitarias les serán impartidas totalmente en línea, deben abandonar el país. De igual manera, aquellos estudiantes que se encuentren fuera de Estados Unidos no podrán entrar o reingresar al país. A escasas semanas de comenzar el semestre, estos estudiantes están, en su mayoría, imposibilitados para transferirse a otras universidades que provean clases presenciales, aun cuando esa ha sido la principal recomendación de la ICE para ellos.
Caso Tabasco: la Suprema Corte y los límites de la contratación pública
Recientemente el pleno de la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones en materia de contrataciones públicas en el estado de Tabasco. Los ministros se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de nuevos supuestos de excepción al proceso de licitación pública que el Congreso local añadió con la pretendida intención de agilizar determinadas contrataciones.