El pasado 25 de noviembre un grupo de abogados, periodistas y académicos  presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una petición, firmada por 20,000 personas en su versión en línea y 10,000 en su versión en papel, para que este tribunal internacional investigue la situación actual de violencia de nuestro país. En términos generales, se pide que se juzgue al presidente Calderón, al narcotraficante conocido como el “Chapo” Guzmán, al Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a otros miembros del gabinete presidencial y las fuerzas armadas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Vale aclarar que la intención en esta primera etapa del procedimiento no sería responsabilizar directamente a Calderón de los crímenes cometidos en el país, ni de definir la efectividad o no de su estrategia contra el narco. El punto es que la Corte determine si la situación actual constituye un fundamento razonable para proceder a la apertura de una investigación o no. En caso de abrir una investigación, será la CPI quien tendrá la última palabra para definir a los probables responsables y, en su caso, iniciar el juicio correspondiente. De ello que, durante esta etapa, la cuestión de a quién culpar no es relevante. El punto clave, como ya se mencionó, es si la situación amerita la intervención de la CPI o no.

El “fundamento razonable” necesario para proceder, de acuerdo a lo señalado por el Estatuto de Roma (ER), instrumento por virtud del cual es creada la CPI, se configura a partir de tres requisitos. Primero, que se haya cometido alguno de los crímenes competencia de la Corte: de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión. Segundo, que no se actualice alguna de las causales de inadmisibilidad señaladas por el mismo instrumento. Tercero, que la apertura de una investigación no sea contraria al interés de la justicia. Veamos.

Primer requisito: crímenes competencia de la CPI

Un crimen es competencia de la Corte si acredita tres criterios: el material, el temporal, y el territorial o personal. Material si encuadra en el tipo penal de alguno de los crímenes mencionados con anterioridad; temporal si aconteció después de la entrada en vigor del ER para el Estado de que se trate y territorial si se cometió en territorio de un Estado parte.[1]

Respecto a la situación de México, lo que se acusa, como ya se mencionó, es la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad específicamente, éstos se configuran cuando existe un contexto de ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Por ataque generalizado se atenderá, entre otros, al número de víctimas y a la magnitud de la naturaleza del ataque. En cuanto al número de víctimas, durante los últimos cinco años en México se han presentado 50,000 muertos (entre los que se incluyen, por lo menos, 1,300 niños y adolescentes), 23,0000 personas desplazadas y cuando menos 10,000 personas desaparecidas. Dicha violencia ha llegado a afectar la mayor parte del territorio, es de magnitud nacional.

Asimismo, la sistematicidad se refiere al plan o política en virtud de la cual se cometieron los crímenes; a la naturaleza organizada de los actos de violencia, así como a la improbabilidad de que éstos se cometan aleatoriamente. Entre los criterios que se han tomado cuenta para definir la sistematicidad de un ataque[2] se encuentran la existencia de un objetivo político. Como acabar, por ejemplo, con el crimen organizado. La comisión repetitiva y continua de actos inhumanos relacionados entre sí: en México, las cifras mencionadas con anterioridad. La preparación y uso de recursos públicos y privados significantes, ya sean de orden militar o cualquier otro y la implicación de un alto nivel de autoridades políticas y/o militares para la definición y establecimiento del plan: en México, existen alrededor de 40,000 soldados ocupando el territorio nacional para llevar a cabo una estrategia de “guerra contra el narco”, implementada por el mismo presidente de la República.

En cuanto a lo que deberá entenderse por población civil, la Comisión de Expertos establecida para el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el estatus de población civil a aquellas personas que aún portando armas no ejecuten operaciones militares.

Segundo requisito: que no se actualice alguna de las causales de inadmisibilidad

Nuestro país es Estado parte del Estatuto de Roma desde el 28 de octubre de 2005, fecha en que ratificó el mismo. Los crímenes se han venido cometiendo desde el 2006 (fecha posterior a la entrada en vigor del ER para México) en su mayoría contra civiles o personas que aún portando armas no ejecutan operaciones militares.

Una situación es inadmisible si el asunto ya ha sido o está siendo investigado por el Estado que tiene jurisdicción sobre él, excepto si dicho Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo.[3] México no puede realmente llevar a cabo un enjuiciamiento en función de que para ello necesitaría que los crímenes previstos por el ER también fuesen crímenes conforme a su derecho interno. El Código Penal Federal no incorpora los crímenes de lesa humanidad ni los crímenes de guerra, ni las características propias de los mismos, por tratarse de crímenes internacionales, mismas que al no estar previstas en el derecho nacional, constituyen obstáculos para el enjuiciamiento.

Asimismo, la situación deberá alcanzar el umbral de gravedad necesario para proceder. Para analizar la gravedad de una situación, la Corte en el caso Lubanga tomó en cuenta si los actos forman parte de un ataque generalizado o sistemático así como la alarma social que dichos actos pudieren haber causado en la comunidad internacional.[4] El primer punto ya ha sido analizado. En relación al segundo, ha sido clara la insistencia de varias organizaciones y organismos internacionales, como Human Rights Watch e incluso la CoIDH, para que México analicé e investigue las violaciones sistemáticas a derechos humanos ocasionadas por militares, situación que llevo al país a reformar el fuero militar.

Tercero requisito: la apertura de una investigación no sea contraria al interés de la justicia

Por último, en relación al interés de la justicia, este es un concepto que aún no ha sido del todo definido por la doctrina o la jurisprudencia internacional pero suele referirse a la existencia de procesos de paz o de conciliación nacional y a los intereses de las víctimas que podrían verse afectados al iniciarse una investigación, situación que no pareciese presentarse en nuestro país, de ahí que han sido alrededor de 20,000  personas las que han firmado la solicitud.

Luego, entonces, conforme a lo analizado con anterioridad se podría concluir que sí hay fundamento para que la CPI declare la apertura de una investigación. Dicha petición no se encuentra tan lejos de lo viable o razonable, ni tan cerca de lo “calumnioso y difamante”. Eso sí: en su caso, se trataría apenas de abrir una investigación. De ahí que, por el momento, saltar de esta primera etapa a señalar ya acusados y responsabilidades es, por decir lo menos, un tanto desmesurado.

Danya O. Centeno García. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.


[1] SCP-II, ICC-01/09-19, op. cit., §39; SCP-III, Decision on the Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest against JeanPierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-14-tENG, §12.

[2] Fiscal vs. Blaškić, Caso No. IT-95-14-A, Sala de Apelaciones, 29 julio 2004 Cit. en Digesto de jurisprudencia Latinoamericana sobre CLH.

[3] Artículo 17 del Estatuto de Roma.

[4] Fiscal vs. Lubanga and Ntaganda, ICC-01/04-01/06

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