Las coordenadas del debate jurídico   

El próximo lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos llevará a cabo las sesiones de argumentos orales en torno a la revisión del asunto conocido por la opinión pública como la reforma sanitaria impulsada por la Administración de Barack Obama.

En el marco de los Affordable Care Act Cases, el 26 y el 27 de marzo se llevarán sendas sesiones de argumentos orales, con duraciones de 90 y 120 minutos, respectivamente, en las que el Department of Health and Human Services y el Gobierno de Florida (11-398) expondrán sus argumentos ante los nueve Justices de la Corte. Este dato inicial es muy relevante porque, normalmente, las sesiones de argumentos orales tienen una duración promedio de una hora por cada caso, destinándose 30 minutos a cada parte involucrada.

“Monsieur de Villefort”, en su blog, y Bill Mears, de CNN, han desmenuzado con mucha claridad los pormenores que deben ser resueltos por la Corte Suprema. Partiendo de que el ordenamiento impugnado, la Patient Protection and Affordable Care Act, entrará en vigor en 2014 e impone a cada ciudadano estadounidense la obligación de contratar un seguro sanitario, penalizando el incumplimiento con una sanción económica. Así, a propósito de las sesiones del 26 y 27 de marzo, la Corte deberá pronunciarse sobre:

  1. Si el Congreso ostenta constitucionalmente la potestad para aprobar la cobertura mínima sanitaria con base en el artículo 1º de la Constitución, y
  2. Si la Anti-Injuction Act prohíbe a quienes cuestionaron la cobertura mínima sanitaria el ejercicio de dicha acción procesal, pues ha de tenerse en cuenta que la Anti-Injuction Act prohíbe a los contribuyentes impugnar judicialmente un impuesto hasta que la ley que aprueba el mismo entre en vigor y el mismo se haya devengado –lo cual sucederá sino hasta el año 2014-.

El 28 de marzo, en una sesión de 90 minutos, la Corte Suprema llevará a cabo la sesión de argumentos orales de la National Federation of Independent Business v. Sebelius (11-393), que al igual que en el asunto de los días previos, proviene del  Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Judicial. La Corte deberá resolver si, en caso de que se declare que el Congreso no tiene atribuciones para obligar a los ciudadanos a contratar un seguro con una cobertura sanitaria mínima, ello conlleva la declaración de inconstitucionalidad de todo el texto legal al ser dicha previsión inseparable del resto de preceptos normativos de la ley. Y ese mismo día maratónico, la Corte escuchará los argumentos orales en Florida v. Department of Health and Human Services (11-400), con dos cuestiones a ser resueltas:

  1. Si el Congreso ostenta la potestad para aprobar dicha norma o si, por el contrario, ha vulnerado los principios básicos del federalismo cuando presiona a las entidades federativas para que ejecuten las previsiones de la norma bajo la amenaza coactiva de perder recursos federales en el caso de no hacerlo, y
  2. Hasta qué punto la anulación de una previsión de la ley (cobertura sanitaria mínima) ha de conllevar necesariamente la nulidad de todo el texto legal.

Por la mayúscula trascendencia del caso, diversas han sido las peticiones al Chief Justice para que permitiera la transmisión en vivo de las maratónicas seis horas de argumentos orales del 26 al 28 de marzo. La Suprema Corte, fiel a su renuencia a las cámaras se negó a estas peticiones. En cambio, ofreció poner los audios a disposición del público, durante la misma tarde de las sesiones.

Los vaivenes políticos

Este asunto, sin embargo, como otros más que resuelven las cortes constitucionales, tiene una lectura política de enorme relevancia. Más allá del peloteo de argumentos jurídicos y de la presión que hubo para que se transmitieran por televisión las audiencias orales, este examen de constitucionalidad de la reforma de salud del gobierno de Obama, se ubica en el corazón de la polarización de la vida política de los Estados Unidos.

En efecto, la reforma de salud ha sido un tema que ha dividido a los partidos republicano y demócrata desde hace varias décadas. Al grado de que el senador Ted Kennedy hiciese de este tema una de las batallas que marcarían su carrera política. Esto explica que la victoria legislativa de Obama de aprobar esta reforma fuese efímera: apenas los demócratas celebraban este paso mayúsculo para la seguridad social de la sociedad estadounidense, el caldo político se sobrecalentó. Y los republicanos, en particular su brazo extremo conocido como Tea Party, iniciaron una batalla mediática, de movilización civil y ahora litigiosa en contra de esta reforma.

Algo por demás interesante es que el punto neurálgico de esta ley que divide a estas fuerzas políticas, y a la sociedad norteamericana, tiene que ver justo con una de las discusiones culturales que en los últimos años, desde la crisis financiera de 2008, se ha exacerbado: el papel del Estado frente a la libertad de los individuos –y que precisamente es uno de los temas que tendrá que definir la Corte estadounidense-. En términos generales, la posición republicana sostiene que el Estado debe tener una intervención minúscula en la vida de los individuos, pues de otra manera se trataría de una vulneración de la libertad. Por ello, exigirle a las personas que tengan un seguro médico y, en su caso, deban pagar como sanción una multa, es un perfeccionismo que no sólo atenta en contra el valor de la libertad, sino los cimientos mismos de la sociedad estadounidense: el individuo, la sociedad civil y el mercado como jardines que han florecido gracias a la ausencia del Estado.

Los demócratas, por su parte, consideran que la única sociedad civil es aquella que justo es civilizada por el Estado –el cual, por supuesto, debe organizarse a partir de toda una maquinaria de controles y límites-. Por tanto, la única libertad viable es la libertad limitada y de ahí que esta imposición de seguro médico se trate de un paternalismo justificado que no elimina la libertad de los individuos a elegir proyectos de vida (lo cual sí hace el perfeccionismo). Por el contrario, al establecer un mecanismo institucional que asegura un mínimo de salud de los individuos, les abre un abanico de opciones de vida mucho más amplio.

Ahora bien, si a esto le agregamos el ingrediente de que en noviembre de este año se definirá si Barack Obama se logra reelegir como presidente de los Estados Unidos, tenemos un asunto judicial con diversos matices de enorme impacto político.

En primer lugar, está el momento en que la Corte dará a conocer la decisión. Pues lo que estos días se va a discutir es apenas las audiencias orales donde, como se explicó líneas arriba, las partes expondrán su posición frente a los justices y estos les harán las preguntas que consideren pertinentes. Después, según el procedimiento de decisión del máximo tribunal estadounidense, los justices discutirán en privado para finalmente dar a conocer la sentencia al respecto: el documento donde se plasmará el sentido de la decisión y sus correspondientes argumentos. No obstante, el momento en que se da a conocer la sentencia es enteramente estratégico. En este sentido, en un interesante estudio sobre la relación que ha mantenido esta Corte con los periodistas: Justices and journalists. The U.S. Supreme Court and the media, el académico Richard Davis ha detectado que la Corte estadounidense a lo largo de su historia ha sido muy cuidadosa de lanzar a la opinión pública una sentencia con fuerte carga política previa a un proceso electoral federal. Su lógica es que tal movimiento propiciaría una fricción con los poderes representativos, crearía la percepción en la ciudadanía de que es un jugador más buscando influir en el resultado electoral y, en ese sentido, su legitimidad estaría en juego.

No obstante, todo indica que esta decisión se dará a conocer en junio de este año, a unos cuantos meses del día de la elección federal, con el correspondiente efecto en la arena política. La Corte al ratificar o no la constitucionalidad de esta controvertida ley estaría zanjando una discusión institucional compleja pero más importante aún: simbólica y políticamente también le estaría dando la razón al polo republicano o demócrata. Erigiéndose automáticamente esta sentencia en un dardo político de enorme provecho para el cierre de la batalla electoral. Lo más prudente, en este escenario, sería demorar la entrega de la decisión hasta después del proceso electoral. Se trataría del manejo de tiempo para dar a conocer una sentencia más adecuado para una corte constitucional.

Otro aspecto relevante es la participación en la discusión y decisión de este asunto del justice Clarence Thomas, el segundo afroamericano que llega a la Corte estadounidense. Pues varios grupos a favor de la reforma de salud están presionando para que se excuse del caso debido al activismo político de su esposa Virgina Thomas. El punto aquí es que Virginia desde la aprobación de esta reforma ha sido promotor clave en contra de esta ley –organizando mítines, eventos y sobre todo litigios para examinar su constitucionalidad- desde la trinchera del Tea Party, del cual es miembro por demás activo. Las actividades políticas del matrimonio Thomas, como demuestra el excelente perfil de esta pareja de Jeffrey Toobin para The New Yorker, por lo menos hacen dudar de la imparcialidad de Thomas al resolver este asunto. El problema medular es que, según la regulación interna de la Corte estadounidense, para que un justice se excuse de participar en un asunto depende enteramente de su conciencia ética. No es un tema que se someta a votación del resto de sus colegas o que se pueda denunciar con alguna consecuencia institucional, sino sólo de su fuero interno. Y, hasta el momento, todo parece indicar que Thomas no se va a excusar, con las implicaciones que esto tendrá en la percepción de imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por último, vale mencionar que la Corte estadounidense desde la entrada de John Roberts como su Chief justice ha sido marcada por un dominio de la mayoría conservadora en casos de enorme impacto como Citizens United vs. FCC pero también en varios asuntos más de menos interés mediático-político pero de igual o más relevancia en el diseño institucional de aquél país –sobre temas tan diversos como libertad religiosa, impuestos, debido proceso, libertad de empresa, derechos fundamentales frente a particulares, acciones colectivas, equidad y género, etc.-. Por lo cual no es descabellado que la mayoría conservadora considerará inconstitucional la reforma de salud de Obama -sobre todo si vemos que en las últimas encuestas la mayoría de la población considera que dicha ley es contraria al texto constitucional-, aun cuando tal decisión iría en contra de una historia centenaria de precedentes. En ese caso, como apuntó Dworkin en su agudo librito The Supreme Court phalanx: the Court’s new right-wing bloc, los republicanos habrían dado un paso más en su estrategia perfilada desde hace un par de décadas consistente colocar abogados en posiciones judiciales clave (incluida, por supuesto, la Corte Suprema) para desahogar la más rancia agenda conservadora.

Aquí la transcripción y audio de los argumentos orales del lunes 26 de marzo

Aquí la transcripción de los argumentos orales del martes 27 de marzo

Aquí la transcripción de los argumentos orales del miércoles 28 de marzo

 

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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