Hace un par de semanas, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió un amparo medular para la libertad de expresión, al ser el primer asunto que desarrolla una doctrina sobre discursos de odio y expresiones discriminatorias.[i]

Reiterando lo que había establecido en otro precedente, esta Sala determinó que existen expresiones protegidas y expresiones no protegidas por la libertad de expresión. Los insultos se ubican en la segunda categoría.[ii] ¿Por qué? Debido a que el propósito de la libertad de expresión no es proteger todo, sino sólo aquello que tiene valor para la búsqueda de la verdad, la crítica democrática, la autonomía de las personas, etcétera. El insulto por el insulto –cuando es “absolutamente vejatorio” e “impertinente” para expresar una idea– no aporta nada. Sólo ofende. Por esta razón, es correcto limitar el ejercicio de la libertad de expresión de una persona cuando se reduce a lanzar insultos sin ningún propósito o utilidad.[iii]

Ahora bien, en este caso la Sala agregó un ingrediente no menor: dentro los insultos, se encuentran las expresiones discriminatorias y los discursos de odio. El punto en común entre ambos es que versan sobre alguno de los rasgos contenidos en el artículo 1º, párrafo 5º de la Constitución. Esto es, son expresiones negativas sobre el origen étnico o nacional de las personas, su género, discapacidades, religión, edad, salud, condición social, estado civil o preferencias sexuales. De ahí que la diferencia entre estos dos tipos de discursos es meramente de grado: las expresiones discriminatorias sólo pretenden o tienen como efecto la ofensa o burla; mientras que el discurso de odio da el siguiente paso y busca “incitar a la acción” en contra de alguna persona o grupo de personas.

Los ministros de la Primera Sala ya habían determinado que la libertad de expresión goza de una mayor protección cuando la expresión versa sobre un asunto de interés público y es proferida en un debate público.[iv] Pero en este fallo estableció además  que “el respeto al honor de las personas como límite del ejercicio de la libertad de expresión [...] alcanza un mayor estándar de protección, cuando las mismas se refieran a colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de la comunidad.”

Este paralelismo entre la importancia de la expresión política y, a su vez, la relevancia de proteger el honor de estos grupos sólo se entiende a partir del papel que la Sala le atribuye al lenguaje en la creación de una realidad. Así como la expresión es capaz de influir en el debate democrático –y, con ello, en cómo ejercemos la ciudadanía–; en este contexto, el lenguaje es capaz de hacer de la realidad algo tolerable –permitiendo la “eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización”– o algo insufrible –“provocando que los prejuicios [...] se arraiguen en la sociedad”–. Desde la perspectiva de la Sala, cada palabra que proferimos importa. Cada chiste, cada discurso, cada imagen podría estar contribuyendo a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática –en la que la dignidad de todos sea respetada– o, por el contrario, podría estar minándola.

Esto sirve para entender los errores de la mayoría de los ministros de la Primera Sala al resolver este caso. Pues en realidad este asunto no versaba sobre expresiones homofóbicas. Era un caso, más bien, donde el director de un periódico (Síntesis) se ofendió porque le dijeron que en su medio de comunicación utilizaban “columnas viejas, libros pagados, escritores pagados y columnistas maricones” para criticar a su opositor (Intolerancia). Porque le dijeron que la lección que habría de aprenderle a uno de sus columnistas era, precisamente, “los atributos que no debe tener un columnista: ser lambiscón, inútil y puñal”. El director no se ofendió a nombre de los puñales y los maricones. Se ofendió porque lo insultaron. Punto.

Que existe una tensión entre los hechos del caso y la doctrina que desarrolla la Sala es evidente hasta en su misma resolución. La Sala concluye que el hecho de que se haya determinado que “las expresiones analizadas conformaron un discurso homófobo, no implica necesariamente que éstas hayan producido un daño moral”. Pues sí: que “puñal” y “maricón” sean ofensivas para “los homosexuales” no significa que sean ofensivas y le hayan provocado un daño moral, por estas razones, al director de Síntesis.

Si de por sí es difícil que las personas acepten que quizá exista un problema con expresar su aberración por los homosexuales directamente, no entiendo por qué la Sala eligió este caso –en donde los homosexuales aparecen indirectamente y sólo a través de una interpretación de los insultos– para desarrollar esta doctrina. No sé si la mejor forma de provocar una concientización sobre las consecuencias discriminatorias del lenguaje sea que el Estado señale a las personas que por insultar a B, pueden ofender a C y, además, acabar siendo sujetos de un juicio por daño moral.

México, a diferencia de otros países, no está obligado sólo a respetar –i.e. no interferir– en la libertad de expresión, sino que debe protegerla, garantizarla y promoverla. Es decir, el Estado no sólo debe preocuparse por cómo los insultos de unos afectan a otros, sino que también debe preocuparse por que estos otros puedan expresarse y defenderse. No dudo que la exposición a una descalificación pueda tener como efecto que muchos homosexuales –o mujeres o indígenas y demás– no se atrevan siquiera a hablar.[v] Pero más que enfocar todos sus esfuerzos en silenciar, creo que el Estado debería multiplicar los medios para que todas las personas puedan expresarse. Educación sexual en pro de la diversidad en las escuelas, estudios sobre los derechos que tiene la población gay, programas de radio o televisión dedicados a la discusión de estos asuntos o fondos patrocinando el arte queer, son sólo algunos ejemplos de medidas que pueden ampliar la expresión de unos y diversificar el debate.

Este es el punto de la libertad de expresión: que sean los mismos ciudadanos los que tengan la capacidad de confrontar las ideas. En este caso, a quienes se oponen, abiertamente, a la homosexualidad o a quienes, inconscientemente, perpetúan esquemas de opresión.

Ahora, asumiendo que es legítimo que el Estado a veces silencie a las personas, dudo también que los estándares y las razones que ofrece la Sala sean las adecuadas. Leyendo la sentencia, a veces parece que el problema con las expresiones discriminatorias es que ponen en entredicho la dignidad de las personas ofendidas. Pero esto es falso. El problema no es la idea en sí –cuestionar el valor de las personas–, sino cómo se expresa: a través del insulto. Si lo que importa es la idea, puede ser igual de preocupante los que financian investigaciones que pretenden comprobar por qué los homosexuales son unos enfermos, como los que simplemente lo dicen –“perversos”, “aberrantes”, “antinaturales”, “enfermos”–. Sin olvidar que ambos pretenden incidir en la formación de la ley (que no se reconozca el matrimonio gay, que no haya educación sexual en las escuelas, etc.). Esto es, ambos están relacionados con la expresión política, misma que –junto con el discurso artístico y científico– la Sala no está dispuesta a silenciar (y qué bueno).

Por eso me parece más congruente la posición de la Suprema Corte de Estados Unidos: privilegiar el fondo, más que la forma. Si esto significa que a veces tendremos que tolerar insultos, ni modo. El punto es que las personas puedan expresar sus ideas. De lo contrario, lo que importa es la forma y justo no el fondo. Y el Estado se convierte en una madre que le lava la boca con jabón a los ciudadanos argumentando que es por homofóbicos, cuando en realidad es sólo por groseros. Y mis impuestos se van a los regaños –porque los juicios cuestan–, en lugar de irse a legitimar interlocutores, multiplicar ideas y robustecer el debate democrático.[vi]

 

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk


[i] En Letras Libres, el Ministro José Ramón Cossío publicó una versión resumida de su voto minoritario.

[ii] Esto lo determinó en el Amparo Directo 28/2010 (el caso Letras Libres v. La Jornada), también a cargo del Ministro Arturo Zaldívar.

[iii] La Sala no aclara bien qué implica que una expresión no esté protegida. ¿Significa que puede ser silenciada? ¿Significa que debe ser silenciada?

[iv] Véanse los siguientes casos: el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, el Amparo Directo 6/2009 y, otra vez, el Amparo Directo 28/2010.

[v] Esta es la postura de Owen Fiss aplicada al problema de las expresiones discriminatorias: el problema con estas expresiones no es que “ofenden” a las personas, sino que provoca su silencio. ¿Quién quiere hablar si va a ser objeto de una descalificación absoluta? ¿Qué mujer se va a querer quejar sobre las condiciones discriminatorias de su trabajo si será recibida por un “vieja histérica”? ¿Qué homosexual querrá salir del clóset si sabe, por los chistes que cuentan sus compañeros, que los “putos” son ridículos? ¿Quién se querrá dedicar a defender los derechos LGTB o la igualdad, si será ridiculizado? La postura de Fiss es que para potenciar la expresión de unos, quizá a veces haya que silenciar a otros. O sea, es un problema de libertad de expresión v. libertad de expresión. Si bien esta postura me parece atractiva, para mi el problema sigue estando en la multiplicación de discursos, más que en su silencio.

[vi] Eso no significa que las personas puedan insultar impunemente. Sólo significa que la crítica no debe provenir del Estado en esta forma, sino de la misma “sociedad civil”. Si no hay una sociedad civil –o es muy débil–, el Estado debe hacer todo lo posible por posibilitar su acceso a la expresión. Esto mandata la Constitución, explícitamente, para el caso de los indígenas (artículo 2). E implícitamente lo mandata para los demás (léase el artículo 1, con el artículo 6). Aquí deben concentrarse los esfuerzos y hacer de la ampliación del debate una realidad.

Te recomendamos: