war-presidentLa catástrofe humanitaria en Siria lleva a considerar si una intervención militar liderada por Estados Unidos, dirigida contra objetivos estratégicos del régimen de Bashar al-Asad sería el menor de los males. Antes de considerar razonamientos normativos, es necesario plantearse: a) si una intervención dirigida, limitada en tiempo y proporcional en el uso de la fuerza, realmente serviría para disuadir a Asad de volver a usar armas químicas y de cometer otros crímenes de lesa humanidad y de guerra; y b) si ante las múltiples facciones rebeldes surtiría efectos calculables. Dudo lo primero. Si Asad y sus generales ya perdieron toda racionalidad militar de cálculo costo-beneficio al recurrir al uso de armas químicas, entonces el efecto inverso, es decir, el recurso desesperado a todo medio a su alcance tras una intervención extranjera sería un escenario probable. No tengo los elementos para juzgar la fragmentación de la revolución. Marta Tawil explica que dichas divisiones han sido exageradas para justificar la inmovilidad. Aun así, las intervenciones recientes han arrojado un saldo muy negativo en cuanto a la reducción de la violencia y el éxito de los procesos pacificadores.

Aún sin considerar el derecho internacional, la conveniencia de una intervención militar es cuestionable. No soy un “fundamentalista legal”, pero es mucho lo que está en juego. Como en Iraq 2003, se trata del multilateralismo organizado en las Naciones Unidas y la norma fundamental del orden jurídico internacional: la prohibición del uso de la fuerza. Esta norma, anclada en la Carta de San Francisco y en la costumbre internacional, no conoce más que dos excepciones: la legítima defensa individual o colectiva y el uso autorizado de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad de la ONU (CS) en los casos que determine la existencia de una amenaza o quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales (o un acto de agresión). Siria vive un conflicto armado interno, pero ello no impide que el CS determine la existencia de un riesgo para la paz internacional debido a la desestabilidad que el conflicto sirio provoca en la región (véase Líbano). En general, dichas determinaciones han evolucionado mucho desde el final de la Guerra Fría. Lo que no ha cambiado es que fuera de los casos de legítima defensa, es el CS y sólo el CS el órgano competente para autorizar el uso de la fuerza.

¿Qué es lo queda? Está la posibilidad de invocar la legítima defensa colectiva de un miembro de la OTAN, como Turquía, pero incidentes pasados y aislados en territorio turco difícilmente podrían demostrar la existencia de un ataque real o inminente actual y justificar la activación del mecanismo. “Castigar a Asad” por la violación del derecho internacional humanitario al usar armas químicas, como lo promueven algunos medios de comunicación, sería regresar a las represalias, una institución primitiva de derecho internacional que afortunadamente quedó superada hace tiempo. Un argumento que ha encontrado más eco es el de la “responsabilidad de proteger”, conocido como “R2P”. Este concepto está de moda, sobre todo después de la autorización del CS en Libia 2011, donde jugó un cierto papel, inflado por sus partidarios, interpretado de manera dudosa por la OTAN y que acabo irritando mucho a Rusia, causando a la postre quizá más daño que bien. En breve, significa que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones y que en aquellos casos en los que un Estado incumpla o indique que pretende incumplir dicha obligación mediante la comisión de uno o varios de los más graves crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, y las denominadas “limpiezas étnicas”), la comunidad internacional, mediante determinación del CS, tiene a su vez la responsabilidad de intervenir a tiempo, de ser posible, para evitar dichos crímenes, o de dar término a su comisión.

El concepto es políticamente atractivo pero legalmente inoperable en tanto no se logre remover el uso del derecho de veto a cargo de los cinco miembros permanentes del CS (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia). De ahí que se hable cada vez más de la “responsabilidad de no vetar”, lo cual han intentado algunos Estados, pero sin éxito, y no se vislumbra que los miembros permanentes renuncien a la más alta prerrogativa formal que les confiere el orden internacional.

Mientras eso no ocurra, la responsabilidad de proteger no cambia gran cosa: sí, varios actos cometidos por Asad y sus militares podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad, si se demuestra que han sido dirigidos de manera general y sistemática contra la población civil, con o sin armas químicas, lo cual parece ser el caso; y sí, con algo de ingenio jurídico y con la ayuda del CS se podría argumentar que el uso de armas químicas en un conflicto armado no internacional es un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma, pero ello serviría para que el CS remita el caso a la Corte Penal Internacional (Siria no es parte del Estatuto), no para justificar una intervención militar sin su autorización. Solamente con la suspensión del veto en dichos casos, se estaría ante la presencia de una nueva norma (secundaria) internacional. Hoy en día, el concepto de la “R2P” confunde a la opinión pública, promete lo que no puede cumplir y sirve para justificar políticamente con argumentos seudo-jurídicos las denominadas “intervenciones humanitarias”.

Antes de recibir la negativa de su Parlamento, el gobierno británico lanzó una justificación legal basada en la “doctrina de las intervenciones humanitarias”. En esencia, las intervenciones humanitarias y la R2P encierran la misma idea y, sin duda, sirven al mismo propósito. Francia prefiere la segunda, aunque la renuncia al veto la deja en manos de los miembros permanentes, caso por caso y voluntariamente. La diferencia consiste en que la ONU adoptó la R2P en la Cumbre Mundial de 2005, sujetándola a la toma de decisiones del CS. La doctrina de la intervención humanitaria, por su parte, sostiene que a fin de evitar o frenar crisis humanitarias y ante un bloqueo en el CS, la comunidad internacional no debe verse impedida y podrá intervenir militarmente.

Lo que se entiende por “crisis humanitaria” no es del todo claro, aunque la R2P es auxiliar al respecto. Reino Unido habla de “peligro humanitario extremo”, sustentado en “evidencia convincente, generalmente aceptada por la comunidad internacional en su conjunto”. En el caso de Siria y hasta este momento, la comunidad internacional no cuenta con dicha evidencia y lo que han filtrado selectivamente los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos no es aceptado por la “comunidad internacional en su conjunto”, ni siquiera por el Parlamento británico. Resulta importante destacar la curiosa construcción conceptual que hace Reino Unido, desprendida del derecho de la responsabilidad del Estado.

Se alega, basándose en las circunstancias que excluyen la ilicitud de los hechos internacionalmente ilícitos, que cuando hay evidencia convincente de que la población sufre un peligro humanitario extremo, entonces se puede intervenir sin aprobación del CS, siempre y cuando no haya alternativa al uso de la fuerza para salvar vidas y ello se haga proporcionalmente. Mientras el segundo requisito ya se refiere a cómo es usada la fuerza (ius in bello), el primero dice que se permite la conducta en sí ilícita, i.e. el uso de la fuerza no autorizado, cuando es el único medio posible para salvar vidas; estaríamos hablando de una nueva excepción a la prohibición del uso de la fuerza, al lado de la legítima defensa, i.e. un cambio fundamental del ius ad bellum.

Independientemente de que el derecho de la responsabilidad del Estado no sostiene tal tesis, pues el “peligro extremo” no sirve para justificar el incumplimiento de una norma imperativa del derecho internacional como lo es la prohibición del uso de la fuerza, esta doctrina derogaría prácticamente el sistema de seguridad colectiva, fundamento de la ONU y del derecho internacional. Si la no autorización del CS se pudiera evadir cuando algunos Estados lo estimen necesario, entonces sus decisiones sobre el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, i.e su responsabilidad primordial, se reducirían a una función legitimatoria y de apoyo. Si se piensa que ante catástrofes humanitarias como en Siria, dicho sistema ya no es sostenible, entonces tenemos que preguntarnos con qué nos quedaríamos. ¿Un sistema donde coaliciones de unos Estados dispuestos (“coalitions of the willing”) – y probablemente siempre los mismos Estados poderosos de Occidente – dictarán cuándo y bajo qué circunstancias el uso de la fuerza es legítimo y, porque ellos lo dicen basados en información selectiva y generalmente secreta, legal?

Tras la guerra contra Iraq de 2003 se generó un consenso amplio que rechazó la claudicación del sistema de seguridad colectiva ante las nuevas interpretaciones de la legítima defensa preventiva (“doctrina Bush”): la mayoría de los Estados y la opinión pública mundial, como nunca antes, se opusieron a un concierto internacional dirigido por coaliciones ad hoc. Siria no es Iraq porque los indicios de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Asad son fuertes a diferencia del teatro armado en 2003. Y Siria no es Iraq porque la legítima defensa no está en debate. ¿Pero ante las dudas de que incluso una intervención perfectamente conducida sirva para aliviar el sufrimiento de la población, es prudente que la comunidad internacional ponga en riesgo los fundamentos sobre los que descansa?

Con o sin coalición, la intervención militar es probable porque Obama se ató con su “línea roja”. Y si bien ello muestra que la verdadera razón para intervenir es política, la justificación legal que escoga Estados Unidos estará arropada con “razones humanitarias”. Frente a ello, cabría hacer tres cosas desde México. Primero, continuar apoyando una solución negociada al conflicto (Ginebra II y otros esfuerzos diplomáticos que habrá que mantener). Segundo, ayudar a los refugiados sirios conforme a nuestras capacidades y ejerciendo presión para que los más capaces económicamente se muestren dispuestos a recibir más refugiados. Y tercero: reiterar el rechazo contundente a la “doctrina de las intervenciones humanitarias”, protestar expresamente por la ilegalidad del uso no autorizado de la fuerza y reiterar el firme compromiso con el derecho internacional, especialmente con la Carta de las Naciones Unidas y el sistema de seguridad colectiva.

Alejandro Rodiles. Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín