Metodológica y teóricamente no encuentro sustento en la propuesta de Juan Luis Hernández y Gerardo Mata, publicadas en este Blog, según la cual los jueces de menor jerarquía puedan inaplicar jurisprudencia de la Suprema Corte si es que consideraran que ésta es violatoria de un derecho humano.

Me parece fundamental distinguir algunas cuestiones:

1) Inaplicabilidad y no aplicabilidad: en la contradicción de tesis en cuestión se estudió la inaplicación de la jurisprudencia cuando se detecte a través de un control de constitucionalidad (y convencionalidad) que es violatoria de algún derecho humano. Ello no abarca la no aplicabilidad de la jurisprudencia que es de lo que habla Gerardo Mata ni de la aplicación del principio pro persona que es de lo que habla Juan Luis Hernández. La primera, implica distinguir entre casos y, razonadamente, llegar a la conclusión de que la jurisprudencia no es aplicable porque el caso a resolver es distinto. La segunda, es una obligación constitucional desprendida del artículo 1° que implica preferir la interpretación más favorable a la persona, ello no lleva a la inaplicación en el sentido de que se considere violatoria de un derecho, sino que el juez considera que existe otra interpretación (por ejemplo, de la CoIDH) que es más favorable a los derechos de la persona, es decir, se trata de otro caso, y no de uno de no aplicabilidad.

2) El sistema de competencias: aquí hay que distinguir tres cuestiones:

  1. La división de poderes y la competencia para crear normas del poder judicial.
  2. La distribución jerárquica como un sistema de competencias por materia.
  3. La distribución jerárquica como un sistema de competencias por grado.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa creación de normas en el ámbito del poder judicial es un tema bastante amplio. Aquí me refiero únicamente, y de manera escueta por falta de espacio, a la creación de normas a través de la integración de la jurisprudencia. La jurisprudencia es, en efecto, una norma. Pero de una naturaleza distinta a la ley (formalmente legislativa o ejecutiva), la primera pretende aclarar u orientar sobre el sentido que debe tener la interpretación de una ley. La ley pretende ordenar las relaciones humanas y, para ser aplicada, requiere ser interpretada. La jurisprudencia dice a los jueces cómo debe entenderse y aplicarse esa ley en determinados casos concretos. La jurisprudencia concretiza. La ley es general y abstracta. En términos del artículo 94 constitucional las tesis jurisprudenciales se convierten en normas sobre la interpretación de aplicación obligatoria para todos los jueces inferiores del órgano que la crea, no así para los demás operadores jurídicos.

La distribución jerárquica como sistema de competencias por materia y por grado es la forma de organización de cualquier poder judicial ordenado por una Constitución democrática y por el principio de dos instancias. Un Estado constitucional pretende que su Constitución sea la norma suprema y fuente del orden jurídico, para ello instala un sistema de control de la constitucionalidad. En este sentido, dentro del poder judicial mexicano, la Suprema Corte es quien tiene la competencia material de dictar la última palabra (sus sentencias no admiten ninguna revisión), de invalidar normas contrarias a la Constitución y su jurisprudencia (la interpretación reiterada de las normas) es obligatoria para todos los jueces. Esas son sus competencias constitucionales.

El principio de dos instancias garantiza los principios de impugnación y de contradicción; de tal manera que por vía de la competencia por grado, hay jueces jerárquicamente superiores con competencia para revisar las determinaciones de los jueces inferiores, sus resoluciones son obligatorias para ese juez inferior. El sistema de revisión de decisiones en donde los jueces superiores revisan las determinaciones de los jueces inferiores, busca garantizar las partes una resolución a los conflictos justa y apegada a Derecho (que incluye, por supuesto, los derechos humanos).

3) Autoridad y autoritarismo: La obligatoriedad de las decisiones de los jueces superiores para los jueces inferiores está muy lejos del “autoritarismo judicial”. El autoritarismo se refiere a autoridades ilegítimas, que toman decisiones no apegadas al principio de legalidad y que son, básicamente, arbitrarias. La obligatoriedad del Derecho está relacionada con la legitimidad de la autoridad. Asumo que partimos del reconocimiento de que la Corte es una autoridad legítima. Es decir, admitimos que los jueces constitucionales son autoridades legítimas y, en este sentido, tienen el derecho de imponer con sus decisiones restricciones a los comportamientos de los sujetos a un determinado orden jurídico.

Si esto es así, aceptamos que la Corte mexicana es una autoridad jurisdiccional con el derecho de decidir en última instancia las cuestiones constitucionales. Es, constitucionalmente hablando, la autoridad que pronuncia la última palabra con respecto a los conflictos de Derecho nacionales.

Cuando hablamos de la autoridad de la Corte no hablamos de autoritarismo; es decir, de una autoridad ilegítima, antidemocrática, inconstitucional; al menos hasta donde yo entiendo, la percepción sobre la Corte no es ésta. La existencia de una autoridad ¡no es igual a autoritarismo!

4) Diálogo jurisprudencial y control constitucional: Creo que es muy relevante distinguir entre ambas. La primera se trata de la interacción dialógica entre distintas jurisdicciones (nacionales y/o internacionales) que tienen como resultado el robustecimiento de la integración de los derechos humanos y otros principios fundamentales dentro del Estado constitucional (democracia, Estado de Derecho, representación) a través de otras experiencias. Entonces, el diálogo jurisprudencial está lejos de ser un control de constitucionalidad/convencionalidad de las decisiones de otras jurisdicciones. Esto no solamente carece de lógica competencial, sino que no es parte de la definición del concepto de diálogo. El diálogo pretende construir y enriquecer las decisiones tomando en cuenta diversas razones; el control tiene como objeto estudiar la validez de las normas.

5) Estado de Derecho y derechos humanos: Supondría que no es necesario hacer esta precisión, pero pareciera que para los autores los principios de certeza y seguridad jurídica (pilares del Estado de Derecho) son opuestos a los derechos humanos. Basta con afirmar de manera contundente que el Estado de Derecho es la única garantía de los derechos humanos. Sin éste los derechos humanos tendrían el mismo valor moral, pero sin posibilidad alguna de ser efectivos. Hay una relación de necesidad lógica en esta tríada: sin Estado de Derecho, los derechos humanos no serían efectivos, sin derechos humanos efectivos no es posible la participación democrática.

6) El stare decisis[1] y el autoritarismo: Finalmente, la última precisión requiere una referencia al sistema norteamericano del stare decisis o de autoridad del precedente. México, como se sabe, sigue una tradición continental o de derecho escrito. Estados Unidos, por su parte, pertenece al sistema de precedentes o de common law. Cobra sentido referirse a cómo funciona el sistema de precedentes en un sistema como éste. El principio del stare decisis implica que las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales superiores son obligatorias para las inferiores, con la finalidad de garantizar seguridad y certeza jurídica, evitar la arbitrariedad y garantizar el principio de igualdad ante la justicia. Si todo puede cuestionarse, no hay autoridad, no hay una decisión última. En algún sitio debe parar el debate, eso otorga certeza a ambas partes en un conflicto.

7) Infalibilidad, diálogo y Suprema Corte: No he defendido que la Corte por tener la última palabra dentro del poder judicial sea infalible, lo cual sería absurdo. Ni la idea del diálogo se opone a la última palabra dentro del poder judicial. Como sabemos, el dialogo puede ser horizontal y vertical. El diálogo horizontal, con otros poderes, sí requiere por razones democráticas que no haya una última palabra sobre interpretación de la constitución o de la ley. Ahora bien, el diálogo vertical que se da entre las diversas instancias mientras no exista jurisprudencia, requiere de un punto final por seguridad jurídica. Me parece que los autores pierden de vista que todo sistema jurídico necesita prever la toma de decisiones vinculantes, pues a diferencia del discurso moral, el derecho exige tomar decisiones. En ese sentido, la existencia de una autoridad final dentro del poder judicial es parte de una teoría de la autoridad, connatural a cualquier sistema jurídico.

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace Agradezco a Roberto Niembro y a René González de la Vega las conversaciones y los comentarios sobre el tema que enriquecieron este texto. Ello no les compromete a lo aquí escrito.

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[1] “Stare decisis et non quieta movere” (mantener las decisiones y no perturbar lo tranquilo).

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Pretendo en estas escasas líneas sostener que la posición de los ministros Cossío y Silva, en la reciente discusión y decisión de la contradicción de tesis 299/2013 por la Suprema Corte, fue enteramente atinada. Esto lo haré a partir de la defensa que escribió Geraldina González de la Vega en este blog, El Juego de la Suprema Corte, de la decisión respaldada por 7 ministros, en el sentido de que los jueces inferiores no estaban facultados, en ejercicio de un control de regularidad normativa, para inaplicar la jurisprudencia emitida por la Corte.

González de la Vega, siguiendo el sentido de la decisión mayoritaria, explica como punto central para defender la negativa de que los jueces inferiores puedan inaplicar la jurisprudencia de la Corte, que es propio de la naturaleza de nuestro sistema de control de constitucionalidad. De tal manera que se debe buscar preservar su unidad y coherencia, que el poder judicial se debe acomodar de forma vertical y, por ello, los criterios de los jueces supremos devienen obligatorios para los demás. De hecho, se pretende que tal naturaleza excluya la posibilidad de que la verticalidad y precedencia de criterios pueda ser considerada como una cuestión autoritaria.

Los argumentos me parecen insuficientes para borrar toda rastro de un cierto “autoritarismo judicial” detrás del discurso de la naturaleza del sistema de control constitucional. Tratando de seguir al ministro Cossío, explicaré por qué.

Como punto de partida, no comparto que únicamente se diga que el objetivo de la jurisdicción constitucional sea el de «preservar la unidad y coherencia del sistema» constitucional. Tal vez más importante aun, la principal tarea de los tribunales constitucionales es preservar la Constitución y los derechos por ella protegidos. Una herramienta clave para lograrlo es el principio pro persona.

Este principio significa un enorme reto para la forma en que entendemos y aplicamos nuestro ordenamiento jurídico, porque su aceptación implica trasformaciones estructurales y sustanciales de gran calado. Aquí una de ellas: frente a un sistema de control cerrado, en el que un órgano supremo es el «intérprete último de la Constitución» y que espera que sus criterios sean obligatorios, el principio pro persona propone abrir la discusión en las interpretaciones de las disposiciones normativas, alentando la posibilidad de que los jueces de encuentren soluciones (interpretaciones) más favorables a la persona y sus derechos.

el-gran-dictadorEsto es, el principio pro persona, en su dimensión interpretativa, exige que frente a dos o más interpretaciones de una disposición normativa, se prefiera aquella que proteja en mayor medida a la persona y sus derechos. En un caso concreto, el juez inferior encuentra que la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia respecto del significado constitucional de una cierta disposición aplicable al caso, ¿qué pasa si el juez es capaz de obtener, ofreciendo argumentos razonables y suficientes, algún significado que optimice en mayor medida algún derecho fundamental que esté en juego en el caso? La  decisión de la Corte exigiría que el juez aplique, sin cuestionar, el criterio jurisprudencial, imponiéndole la carga a la persona de tener que interponer todos los medios de defensa necesarios para que el asunto llegue hasta la Corte y presentar ante ella la solicitud de cambio de criterio. No obstante, nada asegura que efectivamente la cuestión llegará hasta allá, pues los filtros que hay son, hasta cierto grado, discrecionales, y no todos a la mano de la persona[i]: solicitud de atracción, modificación de jurisprudencia o denuncia de contradicción de tesis –y esto sin considerar los costos materiales de continuar con el juicio-.

La solución ofrecida por el principio pro persona es distinta: el juez, justificando suficiente y razonablemente, tendría que preferir la norma (el significado de la disposición) que maximice la protección de los derechos de la persona, incluso si es distinto a lo formulado por la Suprema Corte. No obstante, decir que la Constitución es suprema, que la Corte es suprema, no son más que argumentos que pretenden cerrar el debate judicial. Ya nadie puede cuestionar nada. Esto, sin duda, es una forma de autoritarismo judicial.

Para no serlo, no basta con que se hable de la unidad y coherencia del sistema de control, ni que se diga que existen otros medios de «autorregulación» para que sea el órgano terminal el que revise la constitucionalidad o convencionalidad de sus criterios. También el legislador pretende unidad y coherencia en los ordenamientos legales, además de que cuenta con los mecanismos de reforma de las disposiciones por él emitidas que sean incompatibles con la Constitución o las normas internacionales de derechos humanos. Y, sin embargo, se admite la posibilidad de que los jueces inapliquen esas normas en ejercicio de un control de regularidad.

No se puede ignorar la incompatibilidad de un argumento de seguridad jurídica, certeza y previsibilidad, con la aceptación de un control judicial de las normas. ¿Qué certeza tendremos si permitimos a los jueces inferiores inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte? Será exactamente la misma certeza si les permitimos que inapliquen las disposiciones legislativas que consideren inconstitucionales o inconvencionales. Si aceptamos el control de regularidad de las disposiciones emitidas por el legislador, no hay razón suficiente para “blindar” de ese control a la jurisprudencia de la Corte. Al fin de cuentas, la interpretación de la Corte es la verdadera norma (el significado de la disposición). Querer sustraer su jurisprudencia de la posibilidad de control es una señal de autoritarismo, pues el mensaje es claro para el juez inferior: “puedes cuestionar todo el ordenamiento legal, pero a mí no”.

Una forma más democrática y abierta al diálogo judicial me parece que lo ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Es claro que entre ésta y los órganos judiciales de los Estados americanos no existe jerarquía alguna[ii], pero al igual que la Suprema Corte es intérprete última de nuestra Constitución, la CoIDH lo es respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La CoIDH, a diferencia de la Suprema Corte, no pretende tener el monopolio respecto dicha Convención. Al contrario, justo ha sido ella la que ha determinado que todos los jueces nacionales deben ejercer un control de convencionalidad[iii]. Así, los criterios establecidos por la CoIDH, si bien son vinculantes para todos los poderes públicos de los Estados parte, constituyen un «estándar mínimo», del cual pueden apartarse los jueces nacionales al identificar una interpretación o disposición que eleve el estándar de protección de que se trate.

Una actitud como ésta, en la que se admite la eventualidad de que los jueces inferiores encuentren soluciones de interpretación más favorables que el “intérprete último”, propicia la creatividad y el debate jurídicos. Pero, además, significa, en términos prácticos, una posibilidad real de que la persona obtenga una protección más adecuada de sus derechos en las sedes judiciales más próximas, sin tener que esperar a que su derecho se haga efectivo hasta que la Suprema Corte tenga el asunto en sus manos.

Aquí la pregunta clave: ¿cuál es nuestra prioridad: la uniformidad de un sistema o los derechos de las personas?

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: gerardo.mata@uadec.edu.mx

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[i] De acuerdo a la Ley de Amparo, las partes en los asuntos sólo tienen legitimidad para denunciar las contradicciones de tesis (art. 227), pero no para solicitar la sustitución de la jurisprudencia, lo cual puede ser realizado únicamente por magistrados y ministros (art. 230), ni para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, el cual puede ser decidido oficiosamente por el Pleno o las Salas o a solicitud del Procurador General de la República, tratándose de amparos indirectos (art. 40), o a solicitud del tribunal colegiado que conozca de un amparo directo en revisión (art. 85).

[ii] Al menos no lo es en su sentido formal. No obstante, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación de la República de Argentina ha afirmado que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”, refiriéndose a la CoIDH; véase: Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, considerando 6. Sentencia de 23 de diciembre de 2004.

[iii] Véase, por ejemplo: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C No. 220, §225.

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En mi intervención anterior y en la respuesta que se le dio, comentábamos la importancia de estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de la contradicción de tesis 299/2013, relativa a si los jueces de todos los órdenes jerárquicos del país pueden inaplicar la jurisprudencia de la Corte vía control difuso ex officio. El resultado de la discusión no fue muy diferente a como se hubiere podido predecir, el tribunal en pleno de la Corte respondió negativamente a la pregunta planteada por siete votos a favor y dos en contra[1]. En este segundo texto expondré los argumentos más importantes del resto de los ministros y explicaré por qué sigo convencido en que la postura de la minoría era la más conveniente.

Cometí un error en mi intervención anterior. Creí que si dejaba de lado las consideraciones de casos concretos en que la jurisprudencia de la Corte había sido inaplicada, podría exponer de manera más clara mis puntos. Advertí este error cuando valoré los argumentos que se han esgrimido en contra de la opinión minoritaria, particularmente aquellos que subrayan el valor de la seguridad jurídica en el aparato judicial mexicano, el carácter de órgano de cierre de interpretaciones de la Corte y los que predicen un caos en la inaplicación de los criterios que terminarían por pagar los justiciable. Enfatizo particularmente este último argumento y lo explico en concreto a través del amparo directo en revisión 2126/2012.

En aquel asunto de la Segunda Sala, el cual citó en más de una ocasión la ministra Luna Ramos (ponente de ese asunto), el tribunal colegiado inaplicó la jurisprudencia de la Corte que prohibía al juzgador utilizar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para calcular la indemnización del policía sujeto a un despido injustificado, pues ha quedado sentado que por la naturaleza de sus funciones éstos no son susceptibles de reinstalación. El colegiado consideró que esta interpretación violaba los artículos 1 y 2 del Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, pues la Ley Federal del Trabajo hubiera sido más benéfica para el policía despedido injustificadamente. Como dije, esta sentencia fue revocada por la Segunda Sala, atendiendo únicamente a que no era posible inaplicar el criterio de la Corte y no porque el criterio protegiera menos o más al justiciable.

Los ministros de la minoría —Silva Meza y Cossío— me parece que están por un ejercicio de ponderación conveniente para cada caso concreto en que los juzgadores se encuentren con este tipo de disyuntivas. Bien han mencionado que esta no resultaría en una ola de inaplicaciones desenfrenadas, pues la inaplicación propuesta presupone un ejercicio de argumentación por parte del juzgador. Ahora bien, si la seguridad jurídica parece un argumento de peso para quienes no están de acuerdo, el ministro Cossío acertó en mencionar que el propio diseño piramidal del poder judicial y la revisión de las decisiones de los jueces inferiores puede llevar a que los superiores[2] revoquen esas resoluciones cuando su ejercicio argumentativo no los lleve al convencimiento, mas no —como la mayoría estableció— revocar con base en el argumento de dar sentido unificador al sistema.

controlLa discusión en este momento no me parece que sea la negación o afirmación de la Suprema Corte como tribunal constitucional. El punto toral de la polémica es que hay casos que están resolviendo los jueces mexicanos cuyas particularidades no alcanzan a ser cubiertas por la respuesta abstracta que una tesis jurisprudencial ofrece, y no ignoro las diferencias entre inaplicación e inaplicabilidad, pues me estoy refiriendo a cuestiones tan concretas como las ventiladas en el amparo 2126/2012: (1) la Corte se plantea un cuestionamiento derivado de casos concretos, (2) la resuelve emitiendo un criterio y una tesis que contiene un criterio abstracto y, (3) posteriormente, surge un caso en el que los tribunales inferiores advierten la irregularidad del criterio. La jurisprudencia obligatoria no puede ser perfecta, pero inclusive me parece que no pretende serlo. Y es justamente por ello que su inaplicación no tiene la pretensión de diluir el sistema de control y mucho menos el Estado de derecho, sino que esto abonaría a impregnar de más razones las discusiones a las que los juzgadores se enfrentan. Lo contrario llevaría a aceptar la afirmación del ministro Pérez Dayán, cuando asegura que la existencia de la jurisprudencia ya supone que la norma y el problema ha sido estudiado en su totalidad.

De igual forma, se ha dicho que la posibilidad de que la jurisprudencia sea irregular es latente, pero que para ello no es necesario llegar a los extremos del control difuso sobre ésta, sino que en esos casos los legitimados por la ley de amparo pueden echar a andar los medios para la sustitución de jurisprudencia. Sin embargo, el hecho de que haya medios legales para la sustitución de la jurisprudencia considerada inconstitucional o inconvencional no resuelve el problema, también el legislador o el poder revisor de la Constitución podría variar sus criterios reformando las normas jurídicas que emiten. El ministro Cossío acertó en este argumento, porque la afirmación de esta idea lleva a la conclusión de que hay una preocupación desmesurada por preservar un sistema que ya de suyo no parece tener una identidad bien definida. O, lo que es parecido, sacrificar la correcta e integral resolución de casos concretos bajo el argumento de preservar la unidad. Sin mencionar que esta prohibición no contribuye a la formación de un tipo de juez que me parece es el que exige el estado constitucional, un juez que pueda ser creativo cuando las circunstancias lo ameriten.

Ahora bien, las distinciones introducidas por el ministro Zaldívar sirven para esclarecer la pregunta, pero no dan luz para reforzar la respuesta de la polémica. Es cierto que inaplicación e inaplicabilidad no son lo mismo, que la jurisprudencia de legalidad, constitucionalidad y sobre constitucionalidad/convencionalidad de normas no son lo mismo, y que disposición y norma son diferentes. Esto, repito, aclara la pregunta y los supuestos en que el juez puede decantarse por no contravenir la jurisprudencia de la Corte, pero nuestra discusión se sitúa en los casos en que la jurisprudencia sí es aplicable y la interpretación jurisprudencial de la disposición no proteja al justiciable o, bien, la norma generada vía jurisprudencial tampoco lo haga. En todo caso, las diferenciaciones entre disposición y norma, como base para afirmar que las primeras admiten control difuso —por pertenecer a la categoría de normas formales del 133— y no así las segundas —por pertenecer al supuesto del 94 constitucional (normas generales emitidas vía jurisprudencia)— implica omitir que la jurisprudencia es a final de cuentas un sistema de creación de normas generales subsumibles por los jueces en casos concretos, al igual que las disposiciones del 133. El resultado es el mismo, pero se le pretende dar trato desigual.

Me parece de particular atención y curiosidad que muchos de los argumentos que ahora se esgrimen para oponerse a la polémica que nos ocupa, son sumamente parecidos a los que se han ofrecido para criticar el propio sistema de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. En alguna medida, todos invocan la seguridad jurídica como valor superior. Bajo esta tónica se pretende desviar las razones sustantivas por las formales.

La alarma que me parece intentamos accionar quienes compartimos esta postura, es aquella que dice: la Corte está revocando sentencias de colegiados y no lo está haciendo porque la argumentación de éstos sea menos convincente, sino debido a que la jurisprudencia de la Corte debe ser obligatoria porque lo dice la ley de amparo y los ministros, esto en aras de preservar un orden y de priorizar el argumento de seguridad jurídica.

Si el quejoso en el amparo 2126/2012 quisiera seguridad jurídica no hubiera acudido al juicio de amparo, el asunto lo tenía perdido por el solo hecho de saber que existía jurisprudencia de la Corte que no le favorecía. Su causa no tenía razón de existir a menos que, como argumentan, alguno de los legitimados denunciara la sustitución de jurisprudencia.

El principio pro persona y la seguridad jurídica no son valores absolutos, como atinadamente se nos ha respondido, es por ello que no estamos en condiciones de ponderar alguno de éstos en definitiva. El carácter de tribunal constitucional de la Corte no debe diluirse fatalmente ante la posibilidad de que los jueces inferiores inapliquen su jurisprudencia si en algún momento la Corte puede revisar esa inaplicación y resolver en definitiva, en ese asunto, sobre la confirmación o revocación.

Nadie se autoconcibe como formalista, pero la apelación abusiva a la seguridad jurídica me parece que sí es un tono distinguible en esta discusión. Pareciera que los valores formales fueran, en algún momento, distinguibles nítidamente de los sustantivos. No podríamos negar ni la existencia[3] ni la importancia que la Constitución otorga a la seguridad jurídica, por supuesto que es un valor deseable, de lo que no estoy cierto es que los justiciables quieran estar seguros de que no hay —en las interpretaciones de la Corte— un futuro al menos cuestionable para su causa.

No me pasa por alto el hecho de que la Corte no confía en los tribunales colegiados, ello no es materia exclusiva de esta polémica, no obstante la alcanza a teñir. Me parece que hay una diferencia muy grande entre entender que la Suprema Corte es el vértice de la pirámide judicial con que se trate de construir una Corte redentora, cuya palabra sea incontrovertible. ¿Quién custodiará a los custodios? Me parece que bien los jueces pueden contribuir a la propia labor de auscultación de la Suprema Corte. Esto podría abonar a la idea de sacar de a poco el llamado monopolio de la interpretación constitucional y el discurso jurídico de los tribunales y llevarlo también al foro y, por supuesto, a sus propios destinatarios.

En algún momento también fui un entusiasta de la labor interpretativa de los tribunales, hasta que la evidencia fáctica me llevó a comprobar lo contrario. Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Twitter: @JuLuisHM

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[1] El ministro Valls se encuentra gozando de licencia para atender problemas de salud y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.

[2] El ministro Pérez Dayán propuso que la contradicción de tesis en cuestión expandiera sus efectos para los tribunales colegiados y plenos de circuito, es decir, que los inferiores no puedan inaplicar los criterios obligatorios de sus superiores. La propuesta no fue incluida porque la contradicción, en palabras del ministro Pardo, estaba delimitada a la jurisprudencia de la Corte, e incluir esas consideraciones podrían dar lugar a nuevos y probablemente enredosos debates.

[3] El ministro Cossío afirmó que la seguridad jurídica es un valor metaconstitucional; contrario a esto se ha dicho que este valor deriva de la interpretación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

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Esta semana la Suprema Corte discutió una contradicción de tesis (299/2013) que se centró en una cuestión no menor: ¿si la jurisprudencia de la Corte puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho de la Constitución o de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte? Con siete votos, la mayoría de los ministros determinaron que la respuesta a esta interrogante debía ser negativa –sólo votaron en contra los ministros Cossío y Silva.

Ahora bien, partir de la publicación de un texto en El Juego de la Suprema Corte acerca de esta discusión, se ha desatado un interesante debate en redes sociales en donde algunos apelan a la prevalencia del principio pro persona sobre el principio de seguridad jurídica y otros apelamos a que ello contribuiría a la diluir del carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte si sus criterios interpretativos fueran inaplicables por jueces inferiores.

Boxeo-DibujoSe critica que la mayoría de los ministros vean al poder judicial de forma vertical y se arguyen que detrás de esta postura existe un inadmisible tufo de infalibilidad. La primera cuestión es obvia. El poder judicial necesariamente se acomoda de forma vertical, donde los criterios de los jueces jerárquicamente superiores se convierten en obligatorios para los jueces jerárquicamente inferiores, no por infalibilidad, sino por coherencia y unidad del sistema. ¿De qué servirían, de otra manera, los recursos y medios de impugnación si los jueces inferiores van a hacer lo que quieran? ¿Para qué se fija, por medio de la jurisprudencia, qué criterio interpretativo de las normas debe prevalecer?

En este sentido, sobra mencionar que la Corte no es infalible, pero en realidad la cuestión tiene que ver menos con un dogma de fe y más con el sistema de control de la constitucionalidad que hemos ido perfeccionando desde la reforma constitucional de 1994. Si el objetivo ha sido crear un tribunal constitucional; una jurisdicción ocupada únicamente de revisar las cuestiones de constitucionalidad y preservar la unidad y la coherencia del sistema, ¿cómo podemos aceptar que sus criterios sean inaplicados por jueces inferiores? En cualquier sistema con control de constitucionalidad concentrado, los criterios del tribunal constitucional son obligatorios[1]; mientras que en sistemas de control difuso, como el norteamericano, existe la institución del stare decisis, según la cual los criterios de la Corte Suprema son obligatorios[2].

México es un sistema mixto: concentrado y, al mismo tiempo, difuso. Gracias al caso Radilla se activó el control difuso de constitucionalidad al interpretar el artículo 133 de manera acorde a la reforma constitucional de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 133 habla de normas formalmente emitidas por el Poder Legislativo (leyes y tratados) y no de normas formalmente emitidas por el Poder Judicial (como la jurisprudencia). En este sentido, el monopolio de la interpretación de la Constitución reside en la Suprema Corte, la cual es el órgano facultado por la propia Ley Fundamental para determinar cuál será el sentido de la Constitución.

Y aquí vienen tres distinciones muy relevantes que introdujo el ministro Zaldívar a la discusión del martes (taquigráfica): a) la distinción entre disposición y norma[3], b) la diferencia entre jurisprudencia de legalidad, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia sobre constitucionalidad de normas y c) la diferencia entre inaplicar o desaplicar y no aplicabilidad.

Estas distinciones aportan claridad al debate, pues la primera distinción alude a la diferencia formal entre las normas a las que se refiere el artículo 133, que permiten el control difuso y las del artículo 94 que no lo admiten. La segunda, habla concretamente de la jurisdicción constitucional y se relaciona con la tercera en cuanto a que los jueces –como en el caso colombiano- pueden determinar razonadamente la no aplicabilidad de una jurisprudencia de legalidad cuando el caso que resuelven tiene diferencias relevantes con el caso por el que se sostuvo la tesis o cuando un juez considere que un criterio de la Corte Interamericana es más protector y, por ello, deberá preferirlo sobre el criterio jurisprudencial nacional, aquí tampoco inaplica la jurisprudencia sino que no la aplica porque hay otra más adecuada. (Esta distinción fue rechazada por el ministro ponente por considerar que podría generar confusión. La consulta se limitaba a cuestiones sobre derechos humanos, es decir, a jurisprudencia constitucional).

El punto clave de la inaplicación de normas es que exige un análisis de constitucionalidad/convencionalidad y esta facultad está vedada para todos los jueces inferiores respecto de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte. No así respecto de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, pues ello está exigido en el artículo 133 constitucional y se realiza hoy a través de esa actividad que hoy llamamos control difuso ex officio.

La verticalidad de los precedentes jurisdiccionales no es una cuestión autoritaria, tiene que ver con la naturaleza de un sistema en el que el órgano de cierre es una Corte que tiene, dentro del poder judicial, la última palabra en cuestiones de constitucionalidad. Nuestro sistema es ciertamente mixto, pero el monopolio de la declaración de invalidez de las normas pertenece a la Corte y sus interpretaciones preceden sobre las de los jueces inferiores.

Así, la jurisprudencia, como criterio con que se decidió un caso particular, construye una regla conforme a la cual los órganos jurisdiccionales, todos, deberán resolver. Ello está directamente relacionado con los principios que sostienen el Estado de Derecho: seguridad jurídica, certeza y previsibilidad sobre las decisiones de los jueces en casos iguales.

Los principios de coherencia y unidad del sistema se garantizan a través de los recursos y medios que tienen las personas para reclamar decisiones con las que no están de acuerdo y que, eventualmente, si presenta una cuestión que es competencia de la Corte, serán dirimidos por ésta. En el mismo sentido, si los jueces consideran que existen criterios contradictorios, contrarios a la Constitución o a los derechos fundamentales, existen vías para que la Corte lo resuelva: solicitud de atracción, de modificación de jurisprudencia o la denuncia de contradicción de tesis.

En suma, no creo que la decisión de esta semana haya sido regresiva; al contrario, va acomodando las piezas de este nuevo sistema de control de constitucionalidad en México, entre las cuales, está naturalmente la seguridad jurídica.

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace 

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[1] Ha circulado una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana (C- 836/01) pero me parece que la Constitución de Colombia no establece la obligatoriedad de los criterios de la Corte y la cuestión que decide en esta sentencia es si los jueces inferiores pueden apartarse de criterios que emite como tribunal de casación. Es decir, la cuestión es si los jueces pueden apartarse de las decisiones de la Corte Constitucional en su función uniformadora de la jurisprudencia, que realiza por la vía del recurso extraordinario de casación. La sentencia, me parece habla sobre la posibilidad de que los jueces se aparten del precedente cuando adviertan que el caso que deben resolver es diferente que el caso resuelto anteriormente.

[2] La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene “la última palabra” sobre la interpretación de la Constitución y en este sentido, su interpretación es obligatoria para los tribunales.

[3] La disposición se refiere a la cláusula textual que contiene la norma; la norma es el significado de ese texto.

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Afirma con tino Manuel Atienza[1], que el formalismo no es el único mal que acecha en estos tiempos a quienes interpretan y aplican el Derecho, pero sí es quizás la característica más distintiva —y además nociva— de la cultura jurídica latina.

Ayer, 13 de octubre, la Suprema Corte comenzó a discutir en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. La disyuntiva es si los jueces mexicanos, de cualesquiera órdenes jerárquicos, pueden inaplicar la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte por considerarla inconstitucional o inconvencional en los términos en que el expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, los obliga.

Dado que la polémica suscitada entre ambos Tribunales Colegiados deriva en un cuestionamiento abstracto, omitiré el análisis de las razones que cada juzgado esgrimió para efectos de agilidad en la exposición, y me abocaré —consciente de las limitaciones en las que incurro— a los argumentos que el ministro ponente y el ministro Cossío expresaron en la sesión pública del día de ayer.

jurisprudenciaEl ponente afirma que no es deseable que los jueces de cualquier orden jerárquico sometan a un test de regularidad ex officio a la jurisprudencia de la Corte, ya que ello desvirtuaría el carácter unificador de la jurisprudencia. Lo cual devendría en un caos e inseguridad que terminarían por sufrir los justiciables, al encontrarse ante la incertidumbre que —dicen— la jurisprudencia unificada evita. Finalmente, el ministro Pardo afirma que si algún tribunal advierte la irregularidad de la jurisprudencia de la Corte, no debe inaplicarla, sino hacer uso de los medios que la propia Ley de Amparo prevé para la sustitución y abandono de criterios jurisprudenciales. En conclusión, cualquier inconformidad que controvierta la jurisprudencia de la Corte, debe resultar inoperante, pues su aplicación es inexcusablemente obligatoria.

Así, el ministro Cossío se pronunció en contra del proyecto por estimar que la jurisprudencia de la Corte si bien goza de una presunción de constitucionalidad —al igual que las normas jurídicas emitidas por el legislador democrático—, esta presunción es derrotable en el caso concreto. De ahí que el criterio unificador pueda ser falible e inacabado ante la imposibilidad de que éste abarque todos los supuestos de hecho. Igualmente argumenta que negar la facultad de los jueces para inaplicar estos criterios sería continuar con la construcción de un sistema formalista y vertical de aplicación sistémica de normas, ello sin detenerse a pensar si éstas benefician o perjudican al justiciable.

Los argumentos del ministro Cossío me parecen suficientemente razonables, excepto por la última aclaración que hace. Y donde afirma que el caos e inseguridad a la que alude el ministro ponente no es un tema de preocupación, pues finalmente el sistema permite que la abrumadora mayoría de estas decisiones acaben en manos de los juzgadores de amparo y, en algún momento, el sistema piramidal los lleve a las salas y al pleno de la Corte.

Ahora bien, esta disyuntiva ya ha sido ventilada anteriormente en la primera y segunda sala. Si el lector es asiduo auscultador de la actividad de la Corte, ya podrá adelantar que se trata de criterios discordantes. Tengo noticia de al menos dos: el de la primera sala bajo la ponencia del ministro Cossío, el cual citó ayer en su intervención y donde traza las razones que expuse en líneas anteriores, es decir, está a favor de la inaplicación difusa de la jurisprudencia. Por supuesto, dicha inaplicación no está exenta de la argumentación que para ello se requiere, ni de los parámetros que las tesis del Caso Radilla exigen paso a paso.[2] Valga decir, que este proyecto fue desechado en la sala por votación de cuatro contra uno.

El segundo, por parte de la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos fue el amparo directo en revisión 2126/2012. En esa resolución se dijo que no existe norma alguna que faculte a un juez inferior a poner en tela de juicio la jurisprudencia de la Corte, entre sus líneas puede deducirse que dicha inaplicación supone una falta de respeto a la palabra de la Suprema Corte. Igualmente se afirma que de ser irregular debe acudirse a los parámetros legales de sustitución de jurisprudencia, lo cual tampoco parece muy conveniente, pues persistiría el carácter vertical de la polémica. Y enviaría la Corte un mensaje no menor: si hay dudas sobre mis criterios, yo misma resolveré sobre ello. Por si no fuese suficiente, lo que más resalta de aquella sentencia es que el último resolutivo da vista al Consejo de la Judicatura para la investigación de una probable responsabilidad disciplinaria.

Muchas instituciones decimonónicas son las que todavía venimos arrastrando en el diseño judicial mexicano, y los remiendos que se les ha hecho terminan por mezclar ideas que me parece son incompatibles. Cuando en México no existía la independencia judicial, la jurisprudencia servía muy bien para un propósito: limitar la creatividad y discreción de los jueces. El ideal constitucional que hoy se propone, con facultades de control difuso en todos los jueces aplicando las disposiciones del artículo primero constitucional, ya no parece concordar con esos fines.

El argumento toral del proyecto no parece resistir un análisis riguroso. Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos suele lidiar con este tipo de problemas haciendo uso de lo que ellos llaman percolation, que consiste en dejar que los jueces de todas las jerarquías digan todo lo que tengan que decir sobre un tema. En esta actividad participa también el foro con los planteamientos que lleva a los propios tribunales y también la academia con sus puntos de vista respectivos. Una vez ventiladas y maduradas todas las razones y argumentos, entonces, la Corte Suprema emitirá su resolución. No obstante, quizás sea el diseño tan vertical lo que en México no nos permite tener estos experimentos. Ni hablar del abuso del foro por la suplencia de la queja o la indiferencia de buena parte de la academia.

Es cierto que el Derecho no sólo se conforma por razones sustantivas sino también por las formales, esto es lo que lo distingue de otros instrumentos de control social como la moral. El Derecho es también un fenómeno de autoridad, empero, la alusión a la autoridad es —como cualquier otro— un principio derrotable, que puede ceder ante otros que en el caso concreto resulte más conveniente priorizar. Así, formalista no es aquel que aplica las normas, sino quien lo hace sin detenerse a analizar las razones que a éstas subyacen.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com

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[1] Atienza, M., “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de 2011, pp. 199-201.

[2] Véase: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Décima Época, tomo 1, diciembre de 2011, P. LXIX/2011, p. 552, cuyo rubro reza: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

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derechos

Este asunto inicia cuando el magistrado Alba de Alba del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito interpuso ante el pleno de la Suprema Corte la solicitud[1] de sustitución de la jurisprudencia P. J. 2/97, misma que sostiene que son inoperantes los agravios sobre la violación de garantías individuales por parte de los juzgadores de amparo cuando se presentan mediante el recurso de revisión, ya que este recurso no es un medio de control autónomo, sino un procedimiento que tiene como fin asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial, pero limitado a los agravios expuestos en primera instancia.

[A] través del recurso de revisión, técnicamente [2], no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

El pleno de la Suprema Corte dedicó dos sesiones del mes de noviembre (11 y 12) a la revisión de este asunto, que fue desestimado por no haberse alcanzado la mayoría de 8 votos necesaria. El ministro ponente, Sergio Valls, planteó la cuestión:

Si los jueces de distrito están obligados a realizar un control convencional difuso ex officio y al margen de la materia y de la litis, cuando en la demanda de amparo se alegue que la autoridad responsable violó alguno o algunos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en un tratado internacional suscrito y formalizado por México, y que si, a juicio del quejoso, el juez al resolver viola derechos humanos por no dar al derecho humano estimado vulnerado la interpretación más favorable, o no someter los actos reclamados, o incluso, los dictados en el juicio de amparo a control de convencionalidad de manera oficiosa, entonces en la revisión los agravios hechos valer en ese sentido, no deben considerarse inoperantes, y con base en ellos omitirse su estudio, sino que se debe analizar de fondo el mérito de tales argumentos, a fin de que el superior jerárquico dentro del marco de sus atribuciones de revisor y también como parte de los órganos del Estado, obligados a ejercer el referido control difuso, resuelva lo conducente.

Es decir, se plantea que mediante el recurso de revisión sea posible oponer “nuevos” agravios por violación a los derechos humanos en la resolución del juicio de amparo por el juez de distrito por la razón de que, a juicio del quejoso, este no interpretó debidamente todas las normas de derechos humanos en atención a la obligación de realizar un control difuso de convencionalidad [3]. En pocas palabras, en el recurso de revisión habrían dos autoridades responsables: la original, contra la que se interpone el amparo, y el juez de primera instancia.

Por un lado, resulta un tanto extraño el hecho de que en el proyecto se hable de que en el juicio de amparo se deba realizar un control de convencionalidad difuso, pues este se refiere al control de constitucionalidad (y convencionalidad) en procesos jurisdiccionales donde no hay un control concentrado, esto es, donde su objeto no es el contraste específico de una norma con la Constitución (o las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales) como lo es el juicio de amparo, sino la resolución de una disputa concreta y la interpretación de normas jurídicas aplicables a ésta, es decir, el control difuso es un control excepcional de constitucionalidad (y convencionalidad) y no es la litis, como en un juicio de amparo.

Por otro, salta a la vista el hecho de que se hable de control difuso de convencionalidad sobre actos de autoridad (del juez de amparo) pues éste se trata de un control sobre la regularidad de las normas del orden jurídico y no sobre actos concretos de la autoridad, sea que carezcan de un fundamento jurídico o que se desvien de éste y, por tanto, violen derechos [4]. La finalidad del control de regularidad difuso es mantener la coherencia dentro del sistema jurídico desechando las normas contrarias a éste (inaplicando o invalidando, según sea la atribución). Mientras que a través del control concentrado, es posible revisar normas y actos que prima facie violan derechos.

Así mismo, resulta confuso el hecho de que se mencione que las autoridades no jurisdiccionales estén obligadas a realizar un control difuso de constitucionalidad ya que ni el artículo 133 constitucional ni su interpretación reciente por la propia Corte han llevado a dicha conclusión (me refiero fundamentalmente tanto al expediente varios 912/2010 [5], como a la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011). El artículo 1° constitucional establece la vinculación directa de las normas de derechos humanos a todas las autoridades, pero ello no implica el control de dichas normas. Es decir, las autoridades no jurisdiccionales deberán respetar siempre los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones, más no están obligadas a realizar un análisis de compatibilidad de las normas con la Constitución (o tratados) e inaplicar –o invalidar- en caso de encontrar una discrepancia[6].

El proyecto propuso que la jurisprudencia P./J.2/97 quedara como sigue: “AGRAVIOS INOPERANTES. NO DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN DERECHOS HUMANOS.”

Cinco ministros estuvieron de acuerdo con el proyecto: Silva Meza, Sánchez Cordero, Zaldívar (con salvedades), Gutiérrez y Valls. Y seis en contra: Pérez Dayán, Cossío, Luna, Pardo, Franco y Aguilar.

A mi parecer la votación no refleja en realidad los criterios que expresaron los ministros, pues la mayoría coincidió en que la tesis analizada debía ser revisada para adecuarla a los cambios constitucionales de 2011. Hubo dos extremos, para la ministra Luna, esto es tan sólo una cuestión terminológica: cambiar garantías por derechos; mientras que para el ponente, la sustitución debía ser mucho más profunda, llegando inclusive a establecer una obligación al juzgador para realizar un control difuso de convencionalidad, lo que para varios ministros implicaba un desbordamiento de la cuestión planteada.

La mayoría coincidió en que no es posible “controlar al controlador” por principio de res iudicata, ni tampoco debe realizarse un juicio (al juzgador) dentro de un recurso de revisión, pues la naturaleza del recurso es revisar la actuación del juez de primera instancia y subsanar, en su caso, los errores que éste hubiera cometido.

La cuestión que subyació en la discusión fue si los agravios analizados en la revisión y que plantean las discrepancias con la actuación del juez de amparo son o no violaciones a los derechos humanos y, si en este sentido, la jurisdicción de revisión debe atenderlos en esa calidad: violaciones a los derechos humanos (lo que implicaría formalmente un nuevo control).

En mi opinión todos los ministros coincidieron en que los agravios planteados por el recurrente quejoso son prima facie violaciones a los derechos humanos, pues por principio de irradiación, todo el orden jurídico se encuentra permeado por éstos. Pero es cosa distinta decir que en el recurso de revisión se revisa la actuación del juez por violaciones a los derechos humanos –lo que formalmente implica un nuevo control de constitucionalidad, es decir, un juicio dentro de una revisión-, que decir que se revisa la actuación del juzgador de primera instancia para corregir, en su caso, los errores en la aplicación de las normas. Al final del día el orden jurídico y la impartición de justicia tienen la misma finalidad: la protección de la dignidad, la libertad y los derechos.

Entonces, me parece que bien pudo haberse encontrado un consenso –al menos de 8 votos- pues pudieron haber acordado aclarar la cuestión acerca de si consideraban que la tesis debiera ser absoluta o no. Es decir, si:

a) siempre deben declararse inoperantes los agravios, aún sin revisarlos (con lo que ningún ministro estuvo de acuerdo); o

b) si se debía siempre dar respuesta al agravio pues podrían ser declarados como fundados aunque no como violaciones a los derechos, sino como errores, inaplicaciones u omisiones en el procedimiento (Pardo, Luna, Aguilar, Pérez, Silva, Zaldívar, Cossío, Franco); o

c) si se debían revisar en calidad de violaciones a los derechos humanos (con lo que solamente Valls, Sánchez y Gutiérrez estuvieron de acuerdo).

Me parece que el ministro presidente, Silva Meza, pudo haber reconducido la discusión para aclararla y afinar los puntos sobre los que los ministros venían hilvanando. Así lo ha hecho en otras discusiones; ir planteando cuestiones concretas para votar. Si había una minoría a favor del proyecto en sus términos, podría haberse construído una mayoría bajo un proyecto modificado.

A veces en el Pleno, más que ante una discusión, se está ante un conjunto de monólogos y las votaciones muchas veces no reflejan lo que en realidad se discutió -¡y menos lo que se votó!

Hubo ministros en contra del proyecto, que en realidad estaban a favor de una sustitución en los mismos términos en que lo plantearon ministros que votaron en contra. El desechamiento de un asunto por una discusión perdida me parece grave, sobre todo cuando se trata de la aclaración de cuestiones tan relevantes como el estudio o no de los agravios presentados por quien estima que sus derechos han sido transgredidos por algún juez de amparo.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] El expediente es sustitución de jurisprudencia 9/2012. La solicitud fue presentada en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo (hoy abrogada) y antes de la entrada en vigor de la nueva ley. En términos de la nueva ley, las solicitudes de sustitución de jurisprudencia realizadas por magistrados de tribunales de circuito, deberán hacerse ante los Plenos de Circuito. Ver: artículo 230 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Corte conservó este asunto en términos del Acuerdo General Plenario 5/2013.

[2] Énfasis mío.

[3]Obligación que surge del llamado Caso Radilla (Varios 912/2010) y de las tesis aisladas que de este se desprenden.

[4] El ministro Cossío hizo referencia a la posibilidad de interponer agravios en el recurso de revisión en contra de las normas que fundamenten la actuación del juez, lo que sería un control sobre normas y no sobre actos.

[5]Ver: Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.) PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS y Tesis: P. LXIX/2011(9a.) PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

[6]Esta afirmación no es absoluta. En este texto no cabe la posibilidad de analizar si una autoridad no debe nunca analizar la compatibilidad con los derechos humanos de una norma que debe aplicar (por principio de legalidad). Creo que en principio la autoridad administrativa no está obligada a realizar un control difuso de regularidad de las normas que aplica; Sin embargo, también creo que una autoridad puede bien justificar la inaplicación de una norma que deba aplicar al realizar sus funciones por considerarla contraria a las normas de derechos humanos. Por ejemplo, este ha sido el caso de la autoridad del Registro Civil en el municipio de Cuauhtémoc en Colima, que ha celebrado matrimonios entre parejas del mismo sexo por considerar la norma civil contraria a los derechos humanos. O lo que se hubiese esperado de la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ante las solicitudes de registro de cónyuges de matrimonios de mismo sexo.

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El pasado cuatro de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010 en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El documento desarrolla todos los puntos que se discutieron a lo largo de las sesiones del Pleno, asimismo se contempla un apartado de antecedentes en relación a como fue el procedimiento del caso ante el Sistema Interamericano y la razón por cual la Suprema Corte de Justicia conoce de la sentencia.

En el engrose se contemplan las diferentes decisiones tomadas por el Pleno de la Corte, así como votos tanto disidentes como concurrentes de varios de los ministros y ministras que reflejan las encontradas opiniones y puntos de vista que fueron objeto de discusión el pasado mes de junio durante las sesiones.

En el histórico debate a partir de la sentencia de Radilla fuimos testigos de las primeras posiciones de la Suprema Corte en relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones para el Poder Judicial a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México y de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este sentido, en su momento, reflexionábamos acerca de las diversas decisiones que se tomaron, ya se catalogaban algunas como innecesarias, otras incompletas y destacábamos el carácter trascendental de dos decisiones: la del deber del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad de carácter difuso así como la limitación a la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

La resolución de la Suprema Corte recoge dichas decisiones en un engrose bastante conciso que explica cual debe ser la posición del Poder Judicial en cuanto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y como debe ejercerse, quién debe ejercerlo y qué efectos causará el nuevo control de convencionalidad de carácter difuso.

En relación a la obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana, se cuestionaba sí realmente era necesario que la Suprema Corte se pronunciara al respecto ya que este punto resolutivo surge por el debate dentro de las primeras sesiones del Pleno sobre la decisión del Tribunal interamericano en relación a la declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. En este sentido en el engrose se deja muy claro que la Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CorteIDH, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CorteIDH, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Esta consideración de la Suprema Corte resulta congruente con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual contempla en los artículos 62.3, 67 y 68  el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Respecto al carácter “orientador” de la jurisprudencia interamericana en relación a sentencias emitidas en contra de otros países de la región, en la resolución del expediente se sostiene que se debe acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. El engrose de la Suprema Corte debió desarrollar más a fondo la importancia de dichos criterios ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta una herramienta clave al momento de ejercer el control de convencionalidad, el derecho  que contempla un tratado internacional de derechos humanos va más allá de la simple lectura del artículo que lo consagra, la interpretación y el desarrollo jurisprudencial  de la CorteIDH es lo que permite al juzgador estudiar y entender la evolución del derecho en cuestión y ejercer el control de una forma mucho más eficaz y completa.

Al respecto el ministro Arturo Zaldívar en su voto concurrente destaca la importancia de estos criterios al señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al definir el contenido de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en realidad está interpretando y dotando de contenido las fórmulas genéricas empleadas en dicho tratado internacional, de modo que la jurisprudencia en cita se vuelve una extensión de la Convención misma.

En cuanto al control de convencionalidad el engrose deja claro que si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

Para ello la resolución desarrolla cómo debe realizarse el análisis para ejercer dicho control y enuncia las diversas herramientas de interpretación al momento de llevarlo a cabo, contemplando todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. El parámetro propuesto por la Suprema Corte es bastante completo. Comprendiendo el contenido de la reforma al artículo 1° constitucional el análisis de dicho control se resume al deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona es decir haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

Asimismo la resolución presenta un análisis  que señala cuáles son los diferentes controles de constitucional y convencionalidad que se pueden ejercer conforme al ordenamiento jurídico mexicano, que autoridades son competentes dependiendo el tipo de control y sobre todo que efectos resultan de cada uno de ellos. El cuadro que contempla este análisis es bastante esquemático para entender en la práctica que consecuencia jurídica conlleva la aplicación de cada control, tomando en cuenta lo complejo y limitado que puede resultar el derecho constitucional mexicano.

Analizando estas tres decisiones, debe ser una prioridad para lograr la armonización del nuevo bloque de constitucionalidad la medida ordenada por la CorteIDH al Poder Judicial en la sentencia Radilla consistente en la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Sí no existe una capacitación constante de los jueces y juezas al respecto resulta ilusorio suponer que el juzgador puede ser parte de este proceso hermenéutico, la forma de entender el derecho constitucional ha cambiado a partir de junio de 2011 por lo que es trascendental que todos los operadores jurídicos estén en constante capacitación para realizar una interpretación adecuada.

Finalmente, en cuanto a la limitación de la jurisdicción militar, en la que el Pleno resolvió que se debía replicar el criterio de la Corte Interamericana en cuanto que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ésta resultaba ser la decisión más paradigmática y positiva del expediente “varios”, no sólo en relación a una forma de cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla sino del impacto de la decisión ante la situación actual en el país .

Sorprende las declaraciones del ministro José Ramón Cossio al declarar en conferencia de prensa que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo. Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los once integrantes del pleno.

Haciendo una interpretación positiva de las declaraciones del ministro Cossio se puede desprender que existe un compromiso por parte de los litigantes de derechos humanos de activar el aparato judicial a través del recurso de amparo en relación a la jurisdicción militar así como de otros temas de derechos humanos para que la Suprema Corte atraiga y resuelva los casos. Sin embargo, parece ser que nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, si bien resulta trascendental la participación de la sociedad civil, actualmente en relación a la reformas constitucionales en materia de amparo, nos encontramos en un limbo jurídico, con una ley reglamentaria en el Congreso que deja mucho que desear ya que no prevé una regulación que consagre al juicio de amparo como un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo para controvertir violaciones a derechos humanos. Obligación que se deprende del artículo 1° constitucional y 25.1 de la Convención Americana bajo, el entendido de que no sólo se tiene el derecho al derecho sino que también se tiene el derecho a la garantía.

Vuelve a ser clave el compromiso y la actuación del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte en la aplicación de las reformas constitucionales tanto de derechos humanos como de amparo y en la toma de decisiones sobre casos concretos, resultaría preocupante que el Poder Judicial formara parte también de esta “esquizofrenia” que padece tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en relación a la protección de los derechos humanos en el país.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Twitter: @adrianawall

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Esa es la pregunta que el magistrado Arenas Bátiz se hace a raíz de la discusión que provocó la entrada en este mismo blog del profesor Roldán Xopa sobre el control difuso. Debate que, como bien señala Serna de la Garza, es fundamental para el correcto ejercicio de esa nueva potestad con la que cuentan todos los jueces del país: desaplicar disposiciones cuando sean contrarias a la Constitución. Con el fin de contribuir a esa discusión, en lo que sigue haremos referencia a algunas de las opiniones que se han vertido a propósito de este tema.

En primer lugar, queremos decir que el control es difuso porque se plantea a raíz de un caso o controversia ante cualquier juez ordinario y no porque la inconstitucionalidad de la disposición impugnada devenga de su aplicación. En otras palabras, en los modelos de control difuso la inconstitucionalidad de la ley puede deberse a su aplicación o porque en sí misma contraríe una disposición constitucional, aunque la duda sobre su constitucionalidad siempre deba plantearse a raíz de su aplicación en un caso concreto, para cuya resolución es necesario decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. El mismo caso Marbury v. Madison es un ejemplo de lo que decimos. Si recordamos, en ese famoso asunto la inconstitucionalidad de la Sección 13 de la Judiciary Act, que otorgaba al Tribunal Supremo jurisdicción originaria para conocer de las peticiones de writs of mandamus era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción del Tribunal prevista en el artículo III de la Constitución. Es decir, la inconstitucionalidad derivó de la contrastación de la disposición superior con la inferior, sin que la inconstitucionalidad de la Sección 13 de la Judiciary Act deviniera de su aplicación.

Reiteramos. En un modelo de control difuso la inconstitucionalidad de la ley sólo puede plantearse si hay una aplicación de la misma, es decir, debe plantearse con motivo de un caso concreto, lo que no es lo mismo que decir que su inconstitucionalidad deviene de su aplicación.

En segundo término, queremos afirmar que, en nuestra opinión, la implementación del control difuso es una mutación constitucional tan importante como la reforma al juicio de amparo (aunque como bien señala Geraldina González de la Vega el uso del término “mutación” presenta algunas objeciones). La posibilidad de que todos los jueces desapliquen disposiciones por considerarlas inconstitucionales acerca la justicia constitucional al ciudadano, quien puede obtener un veredicto constitucional desde la primera instancia e involucra a los jueces ordinarios en la deliberación constitucional, lo que facilita una producción jurídica que puede resultar atractiva.

Pero también puede tener sus bemoles, pues no se trata sólo de que los jueces ordinarios puedan aplicar o no la Constitución, sino del control que podrán realizar sobre el legislador, lo que no es, como algunos han insinuado, una cuestión intrascendente. Si los jueces pueden desaplicar, expulsar y/o hacer interpretaciones conformes de las leyes impugnadas, determinará el tipo de modelo de control judicial que tengamos. Así, no es lo mismo el sistema argentino en el que todos los jueces sólo pueden desaplicar las leyes que consideren inconstitucionales, el sistema español en el que sólo el Tribunal Constitucional puede expulsar la ley del ordenamiento jurídico, aunque cualquier juez pueda plantear la duda sobre la constitucionalidad de una norma ante el mismo Tribunal, o el sistema neozelandés –integrante de lo que se ha denominado “nuevo modelo constitucional de la Commonwealth”- en el que los jueces están obligados a hacer una interpretación conforme de la ley, pero no pueden declarar su invalidez.

En efecto, mientras suele estimarse que los sistemas en que sólo pueden emitirse sentencias con efectos inter partes son menos objetables en términos democráticos que los sistemas en que los jueces pueden expulsar las disposiciones del ordenamiento, los sistemas de la Commonwealth -entre ellos el neozelandés- son considerados como modelos de control judicial débil, con virtudes y carencias distintas. Esta es una larga e interesante discusión a la que no tiene sentido entrar aquí, pero que sí creemos, no se debe pasar por alto.

La “mutación” del sistema no se ve contradicha por el hecho de que todos los asuntos puedan ser revisados a través del juicio de amparo por los jueces federales, pues esta es otra cuestión. Que la instancia federal en materia de amparo sea, por decisión de la Suprema Corte, la última instancia judicial en materia constitucional, no significa que el papel de los jueces ordinarios no haya cambiado o vaya a cambiar. De hecho -como señalamos antes- la posibilidad de que todos los jueces ordinarios puedan llevar a cabo el control constitucional de la ley reconfigurará, por lo menos, la dialéctica que entablan con los jueces federales de amparo.

Asimismo, consideramos que el problema de la unificación de doctrina no es baladí. Tras esta discusión se encuentran valores tan importantes para cualquier sistema jurídico como la racionalidad, predictibilidad e igualdad formal de los justiciables, que en otros países han generado interminables discusiones y reglas que establecen el carácter vinculante de la jurisprudencia o stare decisis.

Este punto nos lleva de nueva cuenta al papel que los juzgados federales en materia de amparo deberán jugar. En teoría lo primero que habría que determinar es en qué casos será procedente que intervengan, pues en un sistema federal, los jueces superiores de los Estados deberían ser la última instancia tratándose de asuntos que sólo incumban al Estado. Es decir, debería corresponder a los Tribunales Superiores de Justicia o tal vez a las Salas Constitucionales donde las haya cerrar los asuntos constitucionales estaduales. Ahora bien, ¿cómo definir cuáles son esos asuntos? Podemos encontrar una pista para comenzar la discusión en el artículo 14 de la Ley 48 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales de Argentina, que permite interponer el recurso extraordinario federal (instrumento que ha servido también para la unificación de doctrina) cuando: 1) en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez (objeto de la controversia); 2) cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia (canon de enjuiciamiento); etc.

Una vez que definamos esta cuestión, ya sea a través de una ley o a “golpe de jurisprudencia” (como dice el Magistrado Arenas Bátiz), será necesario concretar qué jueces federales podrán hacer dicha revisión. Como están las cosas al día de hoy, esos serían los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte. Sin embargo, Alfredo Narváez ha sugerido su preferencia porque sea sólo la Suprema Corte. En nuestra opinión, el problema que tiene esta propuesta es que puede sobrecargar de trabajo a la SCJN, lo que se quiso evitar con la creación de los Tribunales Colegiados. A menos, claro está, que se limitara el acceso a la Suprema Corte a través de una regla similar al writ of certiorari norteamericano (o su símil argentino, previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aunque no ha tenido los resultados esperados).

Otras de las tareas que nos impone la implementación del control difuso es definir si el control debe hacerse de oficio o a petición de parte. Por ejemplo, algunos han interpretado que el art. 2º de la Ley 27 sobre la naturaleza y funciones generales del poder judicial de la nación Argentina, prohíbe la declaración de inconstitucionalidad de oficio, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema ya la ha aceptado en algunos casos. En cambio, si se establece que debe ser a petición de parte, deberá resolverse cuál es el interés que debe alegar el promovente y en qué instancia deberá hacerlo. Así, por seguir con los ejemplos -en este caso de legislación local- el artículo 153 del Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, Argentina, exige que para la promoción del recurso de inconstitucionalidad (recurso ante la Suprema Corte de la Provincia) se haya invocado expresamente la garantía constitucional en el proceso, de manera que las instancias ordinarias hayan podido válidamente pronunciarse sobre ella, salvo que la misma surgiera de la resolución en contra de la cual se recurre y no hubiera podido ser oportunamente prevista y deducida.

Por otro lado, será necesario precisar la relación entre la disposición en cuestión y el proceso que se ventila, es decir, determinar si la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición disputada deberá ser relevante para la resolución del caso. Así, otra vez como ejemplo en la Provincia de Mendoza, Argentina, el art. 152, en su inciso 2 establece como requisito para el recurso de inconstitucionalidad alegar cuál es la finalidad que se persigue y qué parte de la resolución podría ser modificada si el recurso prosperara, asimismo en el inciso 4 precisa que se debe establecer clara y concretamente “de qué manera la cuestión constitucional puede tener eficacia para modificar la resolución recurrida”. En caso contrario, el recurso será inadmitido.

Por otra parte, habrá de determinarse quiénes pueden participar en el proceso. Así, por ejemplo el artículo 148 del mismo Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, Argentina, exige que en el recurso de inconstitucionalidad se le de vista al Procurador de la Corte.

Finalmente, un aspecto sumamente delicado sobre el que se ha pronunciado Federico Anaya es el control difuso por parte de la administración. Desde nuestra perspectiva, si bien son entendibles las preocupaciones que él manifiesta, nos parece muy peligroso transitar por ese camino, amén de que la suya es una lectura muy extensiva de la decisión de la Suprema Corte. La sujeción de los funcionarios a la ley es una de las garantías más importantes del gobernado frente a la arbitrariedad, que puede verse fuertemente mermada si dejamos en manos de la administración la decisión de su aplicación. En nuestra opinión, la obligación que establece el artículo 1º de la Constitución: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, no autoriza a que los integrantes de la administración puedan desaplicar disposiciones por considerarlas contrarias a la Constitución. Tampoco se entiende así en el derecho comparado. En ese sentido, consideramos  necesario repensar las repercusiones que pudiera tener esta propuesta antes de impulsar ese control.

En suma, la implementación de un sistema difuso de control de constitucionalidad dentro del, ya mixto, sistema mexicano, abre un sinnúmero de interrogantes sobre su implementación. Creemos que cada uno merece un debate serio y una respuesta uniforme, sea legal o jurisprudencial, pero que no puede dilatarse en el tiempo, so pena de generar soluciones enfrentadas, confusión, incertidumbre y por tanto injusticia. Son muchas las aristas que cada decisión plantea y es cierto que debemos enfrentar el reto, pero avanzar a ciegas no es la respuesta.

Micaela Alterio. Doctoranda en Estudios Avanzados en DDHH de la Universidad Carlos III de Madrid.

Roberto Niembro. Analista de doctrina del Tribunal Constitucional español.

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¿Si el efecto de la “constitucionalización” de los DDHH establecidos en los tratados es que son parte de la Constitución, su garantía, no es acaso una cuestión constitucional?

Me explico: la distinción entre constitucionalidad y convencionalidad tiene sentido, para efectos de derecho interno, en tanto  la Constitución y las convenciones internacionales son fuentes diversas no solamente por su procedimiento y forma de creación sino por su jerarquía. El tratado como derecho interno, es también parámetro de regularidad.

Al elevarse el rango de las normas internacionales que contengan derechos humanos, se pierde la distinción  basada en la jerarquía.  La referencia hecha por el artículo primero constitucional a la materia, llevaría a realizar la operación necesaria de  distinguir los DDHH de aquellos que no lo son y, por tanto, con una jerarquía distinta a la Constitución.

Habría pues dentro de los tratados un contenido cualificado que sería determinante para su jerarquía y, consecuentemente, para un diverso tratamiento procesal en su control constitucional o para ser parámetro del control. El contenido de los tratados que no se considere de DDHH sería controlable por los medios tradicionales; sin embargo, cuando sí lo sea, dada su jerarquía constitucional, se planteará la duda de si son controlables cuando se presenten contradicciones entre normas de tratados o entre éstos y los establecidos por el constituyente nacional (en una entrada anterior, presenté algunos ejemplos).

En el ámbito externo, el auténtico control de convencionalidad está a cargo de la Corte competente (p. ej. En el sistema regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH-). Las decisiones nacionales, serían “revisables”.  Establecido el anterior punto de partida, plantearé algunas de mis interrogantes sobre el llamado control de convencionalidad/constitucionalidad difuso.

Hasta antes de la reforma constitucional y de la decisión de la Corte a propósito del Caso Radilla (ejecución de la Sentencia de la CoIDH), se estaba ante un escenario en el que es el Poder Judicial Federal, quien ejerce la competencia de control de constitucionalidad a través del amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los medios de revisión electoral.

En el caso de la justicia local, su competencia es fundamentalmente ordinaria, y en ciertos casos, se han establecidos salas que juzgan de constitucionalidad local. En casos de peligro a la vida, la libertad, los jueces de primera instancia podrán suspender los actos como si fuesen jueces de amparo.

El escenario anterior se ha movido ante el llamado control de la convencionalidad difusa. La Corte al resolver el Caso Radilla, por una mayoría de siete votos determinó entre otros puntos que:

“Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de la invalidez de las disposiciones”.

Antes de dicha decisión se habían dado casos de control de convencionalidad, algunos por tribunales federales, otros por tribunales locales. Dentro de estos últimos, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Michoacán y  en la Sentencia en apelación emitida por la Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

Para documentar mis conjeturas, aprovecharé este último caso:

El magistrado Unitario al resolver el recurso de apelación a un auto de formal prisión en juicio penal, decide desaplicar el tipo delictivo “cometido en la administración y procuración de justicia” establecido en el Código Penal local.  Como resultado se deja en libertad a los implicados.

Los hechos del caso son los siguientes: policías de Nuevo León al paso de un convoy de la Marina fueron sorprendidos hablando por aparatos NEXTEL de su propiedad informando del paso de un convoy de vehículos de la Marina que realizaban funciones de seguridad en la ciudad.

De acuerdo con el Código Penal, un servidor público de la Administración comete el delito, entre otras causas por:

“No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello”

La anterior disposición, dice el Magistrado:

“Se advierte su evidente inconstitucionalidad pues este precepto es una “ley penal en blanco”, que autoriza a los servidores públicos de jerarquía superior, por ejemplo de la Procuraduría General de Justicia, del Poder Judicial del Estado, o de los tribunales administrativos, para que san ellos los que dicten las disposiciones cuyo cumplimiento será delito. Lo cual está prohibido por la Constitución federal, pues ningún poder o persona puede decretar delitos, ni siquiera por delegación legislativa, pues sólo el poder Legislativo puede hacerlo.”

En la misma sentencia, se hace referencia a la Ley de Seguridad Pública de dicho Estado, la cual establece como conductas prohibidas para los agentes, entre otras:

“Utilizar o llevar consigo durante en servicio o comisión, uno o varios teléfonos móviles, radio frecuencias o cualesquier aparato de comunicación que no sea de aquellos que se le hubieran proporcionado por la dependencia correspondiente para la función a su cargo.”

Como se aprecia, el caso es un extraordinario campo de prueba para el análisis, ya que muestra una diversidad de flancos que se derivan del llamado control de convencionalidad/constitucionalidad.

Dado el propósito de esta reflexión, no es el momento de analizar el caso, sino sólo examinar, en un ánimo de abstracción, algunos de los aspectos del fenómeno, es decir, cómo opera el decisor y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico.

Resumiendo:

– Se dice que la violación de derechos es evidente

– Se declara la inaplicación por inconstitucional de un precepto legal.

– Se resuelve la declaración de inconstitucionalidad al revisarse en apelación en una de las fases del proceso y no en sentencia definitiva.

– No hay constancia de que los apelantes hayan reclamado la inconstitucionalidad del delito, el juez supliendo la deficiencia de la queja (supongo, pues no lo dice) la resuelve.

– No existe constancia de que la inconstitucionalidad del precepto haya formado parte de la litis y que el Ministerio Público hubiese tenido la oportunidad de argumentar al respecto

– Por el tipo de delito, se presenta la dificultad de la autoridad para recurrir la sentencia del tribunal de apelación en amparo.

¿Cómo se activa el control difuso de convencionalidad/constitucionalidad? El problema de la violación evidente.

El examen de la sentencia muestra que lo que toma en cuenta el Magistrado es la apreciación de lo que a su juicio es un problema de violación de derechos. Tanto en la sentencia como en sus declaraciones hace énfasis, en que tal violación es evidente. La competencia para tomar la decisión de declarar la inconstitucionalidad la desprende del artículo primero constitucional y de la decisión de la Corte. En sus declaraciones, prioriza la primera.

No se observa referencia o argumentación respecto de la competencia expresa de los tribunales federales para conocer de cuestiones de inconstitucionalidad en amparo directo cuando se trata de un proceso judicial, tampoco se dice si los recurrentes invocaron en sus agravios algún argumento de inconstitucionalidad del tipo delictivo.

A diferencia de la apreciación del Magistrado, desde mi modesta perspectiva, no me parece que haya una violación evidente, incluso me atrevo a decir, que me deja perplejo el modo que tiene el juez para apreciar la inconstitucionalidad y justificarlo tan sólo con el párrafo transcrito. A reserva de analizarlo posteriormente con mayor detenimiento, no aprecio argumentos que relacionen el precepto inconstitucional con el transcrito de la Ley de Seguridad Pública; o bien, que el tipo establece un deber de obediencia propio de los servidores públicos sujetos a una  estructura administrativa jerarquizada así como las formas “legales” de transmitir instrucciones de los mandos superiores a sus inferiores; ni el tipo de relación jurídica que tienen los policías y que  ha sido extensamente examinada por la doctrina, por ejemplo, al hablar de la llamada ”relación de sujeción especial”.

Tampoco analiza la repercusión de esta medida en el desempeño de las corporaciones policiacas. Me gustaría ver que los jueces se ocupen de esto. También es una cuestión constitucional.

Un examen más detenido de la motivación de la sentencia, creo que la dejaría muy maltrecha.

¿Debe haber ciertas garantías procesales para resolver una litis
de inconstitucionalidad de normas?

Destaca en la sentencia del Magistrado neoleonés, que la cuestión de inconstitucionalidad la plantea y resuelve el propio funcionario. No se aprecia un contradictorio. Al menos no en la lectura de la sentencia.

En amparo, acción, controversia, que deciden la inconstitucionalidad de normas generales hay un contradictorio. Se establece como acto reclamado y se llama a juicio al legislador que la expide, al ejecutivo que la sanciona y una vez satisfechos los estándares del debido proceso, se decide.

Aun  en el caso del amparo directo, donde la norma general no es acto reclamado y no se convoca a las autoridades responsables (lo que no deja de ser un déficit de defensa del legislador democrático) el ministerio público tiene la posibilidad de argumentar al respecto.

Así pues, mi conjetura es que una decisión como la tomada en el caso de muestra tiene severos problemas. Los procesales se han esbozado, pero también hay problemas sustantivos en términos de calidad social de la decisión. Un contradictorio está pensado también para que el juez tenga los elementos del conflicto para tomar su mejor decisión. En el caso examinado no las hay. Un método así debilita la legitimidad social de la decisión y de quien la toma.

En fin. Resta ver que dicen los encargados de examinar institucionalmente esta decisión. La controversia constitucional podría ser una interesante instancia para discutir el tema.

José Roldán Xopa. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

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A raíz de la discusión que la semana pasada se dio en el Pleno de la Suprema Corte sobre la participación del Poder Judicial Federal en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictada en el caso “Rosendo Radilla Pacheco vs. México” y, en particular, sobre el control de convencionalidad, nuestro sistema de justicia constitucional sufrió un cambio fundamental.

A partir de ahora tenemos en México un sistema de control constitucional completamente mixto. Si ya antes se podía hablar de un modelo híbrido, a partir de esta semana no hay ninguna duda. Así, se llevó a cabo una mutación constitucional tan importante como la reforma publicada hace poco más de un mes respecto el juicio de amparo, instaurándose en México el control difuso. Esta mutación merece, a mi entender, una reflexión seria y profunda.  Sin embargo, por razones de espacio, me limito a plantear algunas ideas.

Empiezo por distinguir el control concentrado y el control difuso. En términos muy generales, se trata de dos modelos de justicia constitucional. En el control concentrado, únicamente un tribunal, que suele no formar parte del poder judicial, ejerce el control. El rasgo más característico de este modelo es que se puede cuestionar la inconstitucionalidad de una ley en abstracto. Esto es, sin que se plantee con motivo de un caso o controversia, tal y como se hace a través de la acción de inconstitucionalidad. En caso de declararse la inconstitucionalidad de la ley, por regla general, la disposición es expulsada del ordenamiento jurídico. Como se sabe, el control concentrado fue diseñado por Kelsen y sus principales representantes son los tribunales europeos.

Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le presente y suele hacerse por vía incidental. En el supuesto de estimar que cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición en el caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera. El ejemplo paradigmático es EEUU, y dentro de América Latina, Argentina. En la actualidad, muchos autores hablan de la convergencia de ambos sistemas. Incluso, en el continente americano es común encontrar una combinación de ambas formas de control constitucional. En ese sentido, lo que la resolución de la Corte permite a partir de ahora, es que cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de su competencia, pueda inaplicar una norma cuando considere que es contraria a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales firmados por México (control convencionalidad), pero sin que por ello pueda expulsarla del del orden jurídico.

Una vez aclarado esto, llamo la atención en primer lugar sobre la manera en que se hizo dicha mutación. Como ya he mencionado, fue a través de una resolución de la Corte que interpretando el artículo 133 constitucional de manera distinta a como lo venía haciendo (Tesis P.J. 74/99), estableció el control difuso. Si recordamos, el artículo 133 de la Constitución mexicana es una copia de la “supremacy clause” norteamericana. Dicha cláusula fue establecida como consecuencia de los acontecimientos posteriores a la Revolución de 1776. Como nos explica Friedman, una vez terminada la revolución e instaurados los gobiernos de los Estados confederados, algunos connotados miembros de la sociedad empezaron a preocuparse por las leyes emitidas por los congresos estatales.

Esta situación hizo que los jueces las declararan inválidas en casos como Bayar v. Singleton, Trevett v. Weeden y Kamper v. Hawkins, decisiones que no dejaron de causar reacciones adversas. Sin embargo, ante la necesidad de asegurar que los estados no se separaran del gobierno nacional, en la convención constituyente de 1787 se estableció la obligación de los jueces estatales de verificar la compatibilidad de sus leyes con las federales, incluyendo la Constitución. En otras palabras, el judicial review de las leyes estatales se instauró como un medio para que los estados recalcitrantes cumplieran con las leyes de la Unión.

En este sentido, la decisión de la Corte mexicana no resultaría tan sorprendente si consideramos que había sido la misma Corte, y no el legislador, la que había cerrado la puerta al control difuso a través de una lectura que no se compadecía con el texto del artículo 133 constitucional. Ahora bien, aun reconociendo que dicho artículo establece la obligación de llevar a cabo tal control por parte de todos los jueces del país, considero que su incorporación no debe sólo atender a las posibilidades interpretativas del artículo 133 de la Constitución, sino a las necesidades imperantes en nuestro entorno. En efecto, la instauración del control difuso puede tener beneficios tales como acercar la Constitución a la ciudadanía, permitiéndole debatir la constitucionalidad desde la primera instancia, u obligar a los jueces de todo el país a interpretar la Constitución y argumentar en sus términos. Lo que no es poca cosa.

No hay que olvidar, sin embargo, que el control difuso también tiene sus riesgos. En particular, los problemas de seguridad jurídica que pueden existir si no hay una regla que permita unificar la doctrina constitucional entre todos los jueces, tipo el stare decisis norteamericano. En México, si bien tenemos los artículos de la Ley de Amparo relativos a la jurisprudencia, que seguramente serán reformados en los próximos meses como consecuencia de la reforma constitucional del juicio de amparo, pueden no ser suficientes. Pensemos en todos los casos que por una u otra razón no lleguen a instancias federales y, por tanto, no exista la posibilidad de que ante criterios contradictorios la Corte o los Tribunales Colegiados vayan uniformando la doctrina. A este respecto, resulta fundamental que el legislador nos dé una respuesta. Como también habrá de decirnos, por ejemplo, si será necesario que el Ministerio Público participe en todos los juicios ordinarios que se alegue la inconstitucionalidad de una ley.

Pero más importante aún es lo relativo a la complejidad que está adquiriendo el sistema de justicia constitucional mexicano. Si repasamos nuestro sistema jurídico encontramos procesos concentrados en algunas entidades federativas, procesos concentrados y semi-concentrados a nivel federal, los procesos constitucionales en materia electoral y ahora el control difuso. Eso si dejamos aparte los medios de control constitucional no jurisdiccional, como el control político del Senado, la facultad de investigación de la CNDH, si es que no se me olvida algún otro.

Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Un juez ordinario civil del estado de Veracruz inaplica un artículo del Código Civil estatal por considerarlo contrario a la Constitución local y a la Constitución Federal. El perdedor de la contienda quiere impugnar la resolución y se pregunta: ¿Ante qué instancia jurisdiccional debo acudir? ¿Ante la Sala Constitucional de Veracruz en tanto la resolución incluye una interpretación de la Constitución local? ¿O, más bien, ante los juzgados federales (Tribunales Colegiados de Circuito) al tratarse de una interpretación de la Constitución federal? ¿Si desea acudir ante el Tribunal  Colegiado es necesario agotar la instancia local?

Supongamos que se interpone el recurso de amparo ante la Sala Constitucional local y esta admite el amparo. En tal caso, pueden darse, entre otros, los siguientes supuestos: a) La Sala resuelve y otorga el amparo al recurrente por violarse un derecho previsto en la Constitución del estado; b) La Sala resuelve y otorga el amparo por violarse tanto un derecho previsto en la Constitución estatal como en la Constitución Federal. ¿En ambos casos la resolución puede impugnarse ante el Tribunal Colegiado?

Una última conjetura: imagínenos que la contraparte, siguiendo la Contradicción de Tesis 350/2009, acude en juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado. En tal supuesto, ¿este tribunal conocer de las violaciones a la Constitución local o sólo a la Federal?, ¿si conoce de ambas violaciones no se deja sin sentido el federalismo judicial?

Esta situación, en mi opinión, nos obliga a reforzar esfuerzos que permitan a la ciudadanía comprender nuestro sistema. Es cierto que la justicia constitucional puede servir para cumplir con algunos cometidos democráticos; no obstante, eso sólo será posible si las vías procesales son de fácil acceso para los más desprotegidos, y no una causa más de una justicia ineficiente. Enfrentemos el reto.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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