“Somos un Poder Judicial que tiene que estar integrado por juezas y por jueces, por juristas que entiendan el dolor de la gente, por juristas que entiendan el sufrimiento de la corrupción de la gente y por juristas que entiendan que tenemos el alto compromiso de cambiar para bien este país que está harto de corrupción, de privilegios y de impunidad”. Esto declaró hace algunos días el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, lo importante será saber si estas declaraciones trascenderán de las palabras a los hechos y si la Suprema Corte estará a la altura de los retos que tocan a su puerta, sin importar las incomodidades que sus fallos puedan dar a las instituciones del Estado.

Ilustración: Víctor Solís

Uno de estos retos se llama Javier y se apellida Duarte de Ochoa. Autor del caso insignia de la corrupción del último gobierno federal priista, no sólo por los actos de corrupción de los que ha sido señalado, sino además por la serie de suspicacias e irregularidades en las que su proceso penal se vio envuelto. Al parecer, por un gran pacto de simulación en la resolución de su caso en un procedimiento abreviado, que lo hizo acreedor a una módica sanción de nueve años de prisión.

Aquí la historia. Una vez que se dio la detención y extradición, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) logró su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, con una pena de prisión de 20 a 40 años de prisión, y por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero, con una pena de prisión de 5 a 15 años. Lo anterior pudo tener como máximo que se impusiera una sanción de hasta 55 años de prisión y que decomisaran los bienes que tuvieran relación con los ilícitos mencionados y, en su caso, hubieran sido asegurados durante el procedimiento.

Sin embargo, la PGR, a cargo de Alberto Elías Beltrán, dio un giro inesperado del caso, ya que al término de la investigación y llegado el momento de presentar la acusación en contra de Javier Duarte, se hizo por el delito de asociación delictuosa que tiene una pena de 5 a 10 años y por lavado de dinero que, como vimos, va de 5 a 15 años. Lo cual implicaría que de ir a juicio por estos delitos, la pena máxima que se podría imponer hubiera sido máximo de hasta 25 años de prisión, lo cual ya lucía muy conveniente frente a los 55 años que se avecinaban en caso de haber sido acusado por delincuencia organizada.

Hoy a más de un año de estos hechos, sabemos gracias al periódico Reforma, que este cambio en los delitos estuvo motivado por un oficio del 21 de agosto de 2018 suscrito por el entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Mauricio Moreno Balbuena, quien al parecer le dio empujoncito que se necesitaba para que se acusara a Duarte por un delito mucho menos grave que por el que originalmente lo había vinculado la PGR.

Pero ahí no terminaron las concesiones, lo mejor estaba por venir ya que después de esta nueva acusación legal, lo que siguió fue que la PGR le ofreciera a Duarte que en lugar de ir a juicio, pactarán un procedimiento abreviado lo que implicaría que a cambio de que Duarte aceptara los delitos que se le acusaban, la PGR pediría una condena reducida. Esto tuvo como consecuencia que el 27 de septiembre de 2018 se le dictará una condena de 9 años y poco más de 58,000 pesos como sanción por los hechos investigados.

Ante las sospechas de un posible gran soborno al más alto nivel de la PGR ante este giro de estrategia como fiscal, para dar a Javier Duarte ésta muy favorable condena, el 1 de octubre de 2018, TOJIL presentó ante la Visitaduría de la PGR -el área que se encargaba de investigar delitos de funcionarios de PGR- una denuncia por hechos de corrupción en contra de los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de conducir la investigación del Caso Duarte y quienes propusieron esta condena reducida en el procedimiento abreviado, por posibles sobornos de tras de ello.

Esta denuncia motivó que la Visitaduría diera inicio a la investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018 por el delito de cohecho, investigando principalmente a la ministerio público Martha Estela Ramos del Castillo, quien estuviera directamente a la cargo de esta investigación.

Lo más interesante  para efectos ciudadanos, es que tal denuncia TOJIL solicitó que se le diera el carácter de víctima por los delitos de corrupción, conforme al artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Es aquí donde surge uno de los cuestionamientos más interesantes del tema: ¿Quién es o quiénes son las víctimas de un delito de corrupción?

Este cuestionamiento es interesante ya que, a partir de la reforma de 2008, el papel de la víctima en el procedimiento penal ha cobrado una especial relevancia. Esto debido a que la víctima se vuelve un actor muy importante que puede incidir de manera directa en que se investiguen correctamente los hechos, en colaborar con la fiscalía e, inclusive, aportando evidencia que puede ser sumamente valiosa para tal fin y que contribuye como un contrapeso directo para que se investiguen los hechos y, por supuesto, también para evitar que los fiscales incurran en irregularidades y actos de corrupción durante el proceso.

Ahora bien, si pensamos que vamos caminando en la calle y un sujeto me amenaza con una pistola para robarnos la mochila y el celular, el papel que tengo como víctima es muy claro y no hay ninguna duda. Sin embargo, ¿quién sería la víctima en caso de que hipotéticamente un ministerio público aceptara y recibiera la obscena cantidad de 100 millones de pesos a cambio de reducir una condena de 55 años a 9 años al capo de la corrupción? Esta respuesta pareciera compleja pero no lo es, este acto se trataría de un delito de cohecho, que no afecta como tal a la institución en particular de que se trate, ni tampoco se trata del erario público, sino que se trata de un acto que afecta directamente la adecuada administración pública,  es decir, que afectan derechos colectivos de toda la ciudadanía y no de solo una persona o institución en lo particular.

Sin embargo, reconociendo que sería imposible que cada uno de los 100 millones de mexicanos tengan el tiempo y la paciencia de participar como víctima en todos los casos de corrupción que ocurren en México, la Ley General de Víctimas, en su artículo 4, prevé que en los casos en que se afecten “bienes jurídicos” de carácter colectivo, tal como sería en un delito de corrupción, podrán ser consideradas como víctimas: las organizaciones sociales.

En ese sentido, bajo estas argumentaciones fue que TOJIL le solicitó a la PGR que le reconociera el carácter de víctima en la investigación en contra de los ministerios públicos que pudieron haber incurrido en sobornos del caso Duarte. No obstante la Visitaduría en un posible afán de complicidad, se negó a dar este reconocimiento a TOJIL por lo que el tema continúo a debate en una audiencia ante el Juez  Felipe de Jesús Delgadillo en el Reclusorio Sur. El cual determinó darle la razón a la Visitaduría y negar este reconocimiento; en respuesta, se interpuso un juicio de amparo.

El primer revés para la ahora Fiscalía General de la República (FGR) llegó el 31 de mayo, cuando el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México, Juan Matero Brieba de Castro, decidió conceder el amparo a TOJIL y ordenar que debía serle reconocido su carácter de víctima y el ejercicio de sus derechos como tal durante la investigación. Vale subrayar que la FGR, a pesar de que encontrarse en en este momento en una nueva administración a cargo del fiscal Gertz Manero, su reacción ha sido totalmente desconcertante en este caso, pues su reacción fue presentar dos recursos de revisión en contra de la mencionada resolución, lo que llevó el tema al Séptimo Tribunal Colegiado Penal de la CDMX.

Ante esto, por tratarse de un caso novedoso que puede establecer un criterio de importancia y trascendencia  nivel nacional -¿quién puede considerarse como víctima en un caso de corrupción?- y que este criterio podría transformar por completo la historia de impunidad ha marcado a las investigaciones de corrupción, es que el pasado 30 de agosto TOJIL solicitó a la Suprema Corte la atracción del recurso de revisión para que éste sea analizado por sus ministros y establezcan un criterio al respecto.

Por ello, es que los próximos días en que la Primera Sala delibere sobre la atracción o no del caso, serán clave para saber si la Suprema Corte está a la altura para coadyuvar en la ardua tarea que es el combate a la corrupción o, en su casi, si sólo le gusta pronunciar discursos plagados de lugares comunes.

Estefanía Medina y Adriana Greaves. Cofundadoras de TOJIL.