En las próximas semanas, iniciará uno de los experimentos más ambiciosos de Facebook: su Consejo Asesor de Contenidos (Oversight Board for Content Decisions), cuyo principal propósito consistirá en seleccionar y revisar un determinado número de las apelaciones de los usuarios de esta plataforma de Internet respecto las decisiones de contenido –imágenes, videos, textos, links– que realizan los moderadores de Facebook. Es decir, se trata de la última instancia, al interior de esta empresa, para dirimir los diferentes conflictos relacionados con las reglas o estándares comunitarios de esta plataforma de Internet, la libertad de expresión y el contenido que circula por ella a partir de sus casi 3 mil millones de cuentas de usuarios alrededor del planeta. Fruto de un esfuerzo que implicó prácticamente un año de trabajo, el trazo final consiste en un órgano colegiado de 40 integrantes, con perfil interdisciplinario y representativo de las principales regiones del planeta y, en principio, con una estructura operativa y remunerativa que asegura su autonomía frente al mismo Facebook.

Desde el anuncio de Mark Zuckerberg de este proyecto, en noviembre del año pasado, de manera inmediata se desató un fecundo debate al respecto en Estados Unidos y Europa. En este sentido, algunas de las críticas que se han argüido en contra de este Consejo Asesor se dirigen a aspectos como, por ejemplo, su incierto camino procesal para llevar a cabo precisamente las apelaciones; el grado de fortaleza de las garantías de autonomía de sus integrantes, sobre todo considerando que los primeros tres de éstos serán elegidos unilateralmente por Facebook, para luego ellos encargarse de la selección del resto; el sustrato normativo que servirá para resolver los casos que conozca esta institución: en vez de ser instrumentos internacionales relacionados con la libertad de expresión, serán los estándares comunitarios de Facebook; y también las características de la excepción medular que permitiría a esta plataforma de Internet desconocer cierta decisión de este órgano: que el acatamiento de ésta conlleve la violación de la ley de algún país.

Lo cierto, no obstante, más allá del tino de varias de estas críticas, es que este proyecto es una de las tantas reacciones de Facebook a su fatídico año 2016. Año que, por cierto, aún no termina. El escándalo de Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del referéndum que definió la suerte del Brexit; las desastrosas comparecencias de Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos; su retorcida idea del rol de su compañía en la historia de la libertad de expresión, expresada hace unas semanas en un discurso de Zuckerberg en la universidad de Georgetown; la política de Facebook de aceptar publicidad política pagada sin importar que sea falsa; y, apenas hace unos días, la revelación de una cena, celebrada en octubre pasado y que se había mantenido en secreto, ofrecida por el presidente Trump y su esposa en la Casa Blanca a Zuckerberg y Peter Thiel, miembro de la junta de gobierno de Facebook y donante de la campaña de Trump.

Ante este torbellino de errores en la operación de esta compañía, un recurrente mal manejo de crisis y una creciente opinión pública adversa, el Consejo Asesor de Contenidos es una respuesta que ciertamente ofrece interesantes propuestas para sortear el complejo reto de definir los alcances de la expresión en las plataformas de Internet, y que en tal dimensión habrá que evaluarlas en su momento. Sin embargo, no hay que olvidar que este experimento tiene una falla de origen: la lógica y modelo de negocios de plataformas de Internet como Facebook; las cuales han transformado radicalmente la arena de batalla de la libertad de expresión.

Ilustración: Estelí Meza

Los dos mundos de la libertad de expresión

Un primer cambio fundamental es el sistema en el que opera la libertad de expresión. Por lo menos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la libertad de expresión operó en el mundo occidental en un sistema legal público, estructurado a partir de valores constitucionales y un abanico de leyes que detallan figuras como difamación, invasión a la privacidad, discurso de odio y, por supuesto, que tasa a su vez los daños y consecuencias legales de ciertas expresiones. Los responsables, en este mundo de la libertad de expresión, de resolver los inevitables conflictos de esta dinámica son los jueces.

Ahora bien, con el auge del Internet, a partir del año 2000, fueron surgiendo empresas como Google, Facebook, Youtube y Twitter que empezaron a resolver, no necesariamente de manera adecuada, un apremiante problema: organizar el abrumador y creciente contenido del ciberespacio. En ese momento, la libertad de expresión no sólo operó en el sistema de valores constitucionales y jueces, sino también en un mundo de moderación de contenidos resultado de un ejercicio de una autorregulación de tales plataformas de Internet. Esto es, un sistema anclado en los estándares comunitarios definidos unilateralmente por cada una de estas compañías; reglas con una clara aspiración global sin considerar las disímiles maneras de entender la libertad de expresión según cada país o región del planeta. Aquí los responsables de determinar que expresiones pueden circular en cada una de estas plataformas de Internet son, en primera instancia, algoritmos diseñados para tal objetivo y; luego, respecto aquellos contenidos que no puede moderarse mediante la actual tecnología, son los trabajadores de estas empresas quienes asumen la responsabilidad de dirimir los conflictos en torno al contenido que suben los usuarios –en algunos casos inclusive es posible solicitar una revisión por parte de un usuario ante cierta decisión, aquí es justo donde se ubica el experimento de Facebook de establecer su Consejo Asesor de Contenidos.

¿Cómo es posible, no obstante, que exista un trazo claro entre estos dos mundos de la libertad de expresión? ¿Por qué el sistema constitucional no ha logrado someter a su lógica el funcionamiento de las plataformas de Internet? La respuesta, en buena medida, reside en una breve disposición legislativa de los Estados Unidos, país clave para crear y moldear al Internet, promulgada en 1996 y que ha tenido un enorme impacto alrededor del mundo. Se trata del título V de la Telecommunications Act of 1996, conocida como la section 230 of the Communications Decency Act of 1996, y que establece que ningún proveedor de un servicio interactivo informativo será tratado como el editor, autor o publicista de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido. En tan sólo 26 palabras, esta disposición permite que empresas como Facebook o Twitter no sean responsables legalmente de los contenidos que suban a sus respectivas plataformas sus usuarios.

Recientemente, países como Francia y Alemania han impulsado legislaciones que buscan fusionar estos dos mundos de la libertad de expresión. Algunas de sus disposiciones han sido criticadas por su tufillo censor, pero sin duda tienen como mérito lanzar un primer intento de atar a las plataformas de Internet a una lógica constitucional. En Estados Unidos, por su parte, existe un fuerte debate respecto si se debe reformar esta cláusula. Tan solo el pasado mes de octubre, la Cámara de Representantes estadunidense celebró audiencias públicas con un grupo plural de académicos para perfilar un eventual ajuste legal. Pero, a pesar de estos esfuerzos, al día de hoy esta cláusula sigue siendo una pieza estructural del Internet, con enorme influencia en buena parte de los países occidentales. Como botón de muestra basta ver que en el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) se incluyó una traducción casi literal de esta legislación estadunidense.1 La cual, sin duda, limita significativamente las posibilidades para diseñar una regulación para que estas plataformas operen en nuestro país acorde a valores constitucionales y no según sus intereses comerciales.

De la escasez de expresión a la escasez de atención

Hasta la llegada de las plataformas de Internet, la idea de la libertad de expresión descansaba en un supuesto toral: las escasas posibilidades para expresarse. En efecto, instrumentalizada a través de medios de comunicación, la libertad de expresión había tenido siempre límites muy claros e imposibles de sortear. En el caso de los periódicos, por ejemplo, para expresarse es indispensable ser dueño de uno de éstos o recibir la invitación a colaborar en uno de ellos. Y aun si uno es propietario de un diario o revista, un límite infranqueable a la expresión que uno pueda lanzar es el número de páginas y tiraje de la publicación en cuestión. En el caso de la expresión a través de medios electrónicos, el límite clave lo traza el espectro radioeléctrico. El cual, como se sabe, aun con el aprovechamiento que implicó el salto de tecnología analógica a digital, no es infinito. Pero, inclusive, si se piensa en los años del nacimiento de la libertad de expresión y opinión pública cuyo escenario fueron los cafés bohemios y carteles, durante la Europa en los siglos XVII y XVIII, los chances de expresarse estaban restringidos precisamente por el número de cafés, así como el área de las paredes donde se podían colgar las primeras piezas impresas masivas.

Esto, sin embargo, cambio de manera significativa con el surgimiento de las plataformas de Internet: el costo para expresarse se redujo como nunca, basta abrir una cuenta de Twitter o Facebook para expresarse. Es cierto: en una sociedad carente de acceso a Internet, es imposible gozar de este inédito escenario en el que uno puede balbucear prácticamente a costo cero. Lo mismo aplica, no obstante, para una sociedad que no pueda aprovechar tecnológicamente el espectro radioeléctrico o, en su caso, que sea incapaz de satisfacer la demanda de tinta y papel para los medios impresos. Lo relevante, entonces, aquí es que la tecnología del Internet invirtió la lógica que había marcado a la libertad de expresión desde su nacimiento: si antes era costoso expresarse, ahora lo difícil es ser escuchado. La expresión ya no es escasa; al contrario, es por demás abundante: cada minuto se suben a Internet miles y miles de fotografías, videos, palabras. Lo escaso, ahora, es la atención de los usuarios de estas plataformas ante tal avalancha de contenido y, por ello, el reto consiste atrapar su interés.

Una pista para observar este viraje en la libertad de expresión son las técnicas para censurar. En un escenario de escasez de expresión, como sigue siendo en los medios tradicionales, los artilugios para evitar ciertas voces residen en atacarlas. Evitar que alguien escriba en un periódico, cerrar un diario, negar una concesión de radio y televisión, elevar los costos de la tinta y papel, amedrentar a través de impuestos a los medios, presionar al dueño de una televisora para que despida a su conductor de noticias incómodo. La estrategia de censura se dirige al medio o periodista que se expresa. Si la posibilidad de expresarse es exigua, la censura busca hacerla aún más escasa al grado de volverla imposible.

Las plataformas de Internet, por su parte, al abaratar los costos de expresarse, permitieron que irónicamente para controlar expresiones no se necesite un tapabocas. En este mundo, la estrategia de censura se dirige a los escuchas, lectores o videntes de la información incómoda y controversial. Es decir, si en un escenario de contenidos abundantes, lo más preciado es la atención de los usuarios de una red social, entonces, controlar la información exige atacar, distraer y/o acosar a éstos mediante ejércitos de troles o usar tácticas que distorsionan o ahogan el discurso desfavorable a través de la creación y difusión de noticias falsas, el pago a comentaristas falsos y el despliegue de propaganda robotizada. Controlar la expresión consiste en utilizar su exceso como un arma que confunda, desmoralice, subvierta y paralice a los destinatarios de cierta información.

El modelo de negocio y la economía de la atención

La industria de la atención no es nueva; surgió con la prensa del penique. Un modelo de negocios que permitió que los periódicos masificaran su tiraje y redujesen el precio de sus ejemplares, gracias a la publicidad que empezaron a pagar diversos productos y servicios en contraprestación a la atención que los diarios capturaban de sus lectores. A partir de ahí, un hilo clave para rastrear la historia de los medios de comunicación es la evolución de sus estrategias para atrapar nuestra atención para venderla a la industria de la publicidad. Los medios electrónicos, por ejemplo, mediante la medición de las audiencias y estudios demográficos, lograron impulsar creativas tácticas como diseñar un abanico de breves anuncios de diferentes productos, cada 15 o 20 minutos de transmisión; fijar un horario estelar, como referente del costo por tiempo de publicidad; así como segmentar el contenido y publicidad en función del rol social del hombre y la mujer.

Pero, gracias a las plataformas de Internet, la industria de la atención logró una dinámica que por su precisión parecía imposible: los usuarios de una red social al interactuar en ésta, dejan rastro de un sinfín de datos respecto sus preferencias, emociones e intereses, los cuales son extraídos y aprovechados por la red social para hacerles llegar posteriormente un contenido personalizado. De tal manera que entre más tiempo e interacción dedica un usuario a una plataforma de Internet, más datos le extrae ésta última y, de esta manera, puede definir con mayor precisión el contenido que engancha su atención. Por tanto, el modelo de negocio de empresas como Facebook consiste en monitorear a sus usuarios; enviarles como anzuelo un contenido personalizado; modificar y manipular su comportamiento para que interactúen cada vez más y; por último, vender esa atención al mejor postor.

Sobra mencionar que esto tiene un enorme impacto en el tipo de contenido que circula en una de estas plataformas o, de manera más puntual, en cómo y con qué potencia se distribuye éste entre los usuarios. En efecto, mientras que en los medios tradicionales su decisión editorial consiste en determinar qué expresión se imprime o sale al aire; en una plataforma de Internet la inclusión de un contenido depende en buena medida de sus usuarios –y de la política de moderación de cada compañía como el Consejo Asesor de Contenidos de Facebook-, pero los criterios de distribución e intensidad de cierta expresión es enteramente decisión de las plataformas. Lo cual propicia un efecto burbuja: uno consume cada vez más lo que atrapa cada vez más nuestra atención. Y, a su vez, desinfla la narrativa dominante entre las redes sociales de que son neutrales.

Por ello, una de las críticas centrales en contra del Consejo Asesor de Contenidos de Facebook es que su competencia no abarca conocer asuntos relacionados con los problemas en torno a su algoritmo que justo define cómo y con qué potencia se distribuye el contenido que los usuarios suben a esta plataforma. En este sentido, por ejemplo, ante la decisión de esta compañía de aceptar publicidad política sin importar que sea falsa, hay quien ha apuntado que lo más grave no es que circulen mentiras políticas por Facebook. Lo peor, más bien, es que, debido a su algoritmo y modelo de negocio, las mentiras políticas que transitan por esta plataforma no se distribuyen de manera pareja. Cada quien recibirá diferentes mentiras de acuerdo a sus intereses, preferencias y emociones. Por ejemplo, en una familia en que algunos de sus miembros sean porristas de López Obrador y otros detractores furibundos de éste, si están reunidos en su comedor revisando sus respectivas cuentas de Facebook, sin duda, cada uno tendrá una lectura de la realidad política, en función de la publicidad pagada, distinta al de enfrente. De tal manera que el sustrato de la deliberación democrática que exige compartir la misma información –con independencia de su veracidad- para discutirla, simplemente no es posible si tales datos provienen de una plataforma de Internet. Si cada quien consume mentiras propias a sus preferencias ideológicas –registradas en una plataforma de Internet cuya lógica tiende a radicalizar tales posiciones políticas-, entonces, inevitablemente se pierde el piso común indispensable para reflexionar y deliberar en democracia.

El reto, por tanto, no reside en que estas plataformas de Internet establezcan mejores políticas de moderación de contenido. Si bien tales medidas pueden ayudar a fortalecer la libertad de expresión; al final, se trata de un ejercicio de autorregulación. En contraste, lo que urge es una política pública que modere el modelo de negocios de estas empresas, que aguijonea el embelesamiento de los usuarios respecto cierto contenido. Y, al mismo tiempo, que establezca reglas claras respecto qué datos personales puede recolectar una plataforma de Internet y, en su caso, qué uso puede darles. Esto significa que las regulaciones de privacidad deben establecer un rasero que limite y prohíba con más fuerza la recolección de datos y el mal uso de éstos. Este es el primer paso para repensar como atar a la lógica de la libertad de expresión los criterios con que las plataformas de Internet distribuyen y potencian el contenido que circula por ellas.

Algoritmos y máquinas de expresión

Ahora bien, este control de información, imágenes, audios y palabras que realizan las plataformas de Internet depende de un algoritmo. Ese es el corazón de compañías como Google y Facebook. La formula de su éxito radica, en buena medida, en el diseño de ese conjunto de instrucciones que permiten procesar datos, así como controlar el flujo de contenido sea como buscador de Internet o red social.

Nunca en la historia de los medios de comunicación y de la opinión pública, el control, edición y potencia de la expresión había dependido de una máquina. La imprenta, las cámaras de televisión y los micrófonos han sido herramientas clave para incrementar la resonancia de la expresión. Mas el trabajo editorial, en cada uno de estos medios, siempre había dependido enteramente de humanos. Por el contrario, la operación diaria de las plataformas de Internet depende de algoritmos. Por supuesto, estos son diseñados y ajustados por humanos. Pero el sinfín de decisiones por minuto que regula el flujo de contenido en una red social como Facebook depende enteramente de un algoritmo. Inclusive, cada vez es más común que los medios tradicionales utilicen los algoritmos para elaborar sus notas informativas. Hoy en día, las plataformas de Internet al determinar el flujo de imágenes, palabras, audios y demás contenido moldean nuestras conversaciones y han delegado la toma de decisiones propias de dicho control a máquinas.

La pregunta medular, en este contexto, es si esta curaduría de contenido es expresión y, en su caso, si goza de protección constitucional. ¿Si los algoritmos de una plataforma de Internet están protegidos por la libertad de expresión, entonces, cualquier intento de regularlos sería tanto como controlar la mesa editorial de una revista? ¿Cuáles serían los criterios para distinguir entre el algoritmo de Facebook y otros algoritmos que toman decisiones entre varias alternativas y expresan tal elección de manera entendible para un humano como sería el caso del dispositivo Alexa? Si, por el contrario, un algoritmo está fuera del alcance de la libertad de expresión, ¿se trata, más bien, de un secreto industrial? ¿Cómo regular éste sin dejarlo a la vista de los competidores? El debate, tanto en la academia como en los tribunales e inclusive entre las mismas plataformas de Internet, está abierto. Pero en buena medida el futuro de una eventual regulación de las plataformas de Internet depende de la calificación legal que se le otorgue a los algoritmos de estas empresas.

El otro gran reto que representan los algoritmos para una eventual regulación es la diferencia entre cómo operan éstos y la lógica del mundo jurídico. Éste, en breve, funciona mediante la calificación de las conductas humanas: algunas son irrelevantes para la ley y, en ese sentido, están permitidas; otras están prohibidas; y unas más se pueden realizar, después de cumplir ciertos requisitos y procedimientos. Puede haber, por supuesto, problemas para probar ciertos hechos fácticos; sin embargo, el derecho es dicotómico: o cierta conducta es un delito o no lo es. Los algoritmos, por su parte, operan bajo una lógica probabilística y enteramente dinámica debido a que sólo existe la posibilidad de que existan de una cierta forma en un momento dado. Es decir, los algoritmos de Google y Facebook nunca son los mismos, constantemente están cambiando a partir de las pautas que lo integran, las interacciones de los usuarios, así como de las decisiones que toman y, por supuesto, de las modificaciones que sufren las instrucciones de inicio. ¿Cómo regular una máquina que nunca es igual? ¿De qué manera atar a la lógica legal un instrumento que por la mañana es uno y por la noche es otro? ¿Tendrá la ley capacidad para moldear la manera como están estructurados los algoritmos, los valores que implementan y las maneras como toman decisiones?

Conclusión

El edificio institucional, construido por lo menos en los últimos 100 años para apuntalar la libertad de expresión, es enteramente obsoleto. No hay ley, precedente o tratado internacional capaz de sortear alguno de estos cuatro cambios descritos, ni otros más que también han abonado a transformar radicalmente a la expresión a partir del surgimiento de las plataformas de Internet. Sin exagerar, estamos ante el ocaso de lo que habíamos entendido por libertad de expresión. Y no menos importante: de los recursos que el mundo occidental había imaginado para protegerla. Las perniciosas secuelas de las plataformas de Internet de los últimos años para la deliberación pública, son apenas la punta del iceberg. Entender el calibre del reto es el primer paso; el siguiente exige el ingrediente indispensable para encender la mecha de las grandes transformaciones de la humanidad: la chispa creativa. En buena medida, de ello depende el futuro de la democracia.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del CIDE. Twitter: @slopeznoriega.


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