Hace 15 días la Corte subió a su página dos proyectos de sentencia sobre un tema en común: la protección de la vida desde la concepción. Sobre ellos ver este post.

Se trata de la cuarta vez que la Corte revisa algún asunto relacionado con los derechos reproductivos. En 2002 con la llamada Ley Robles (Acción de Inconstitucionalidad 10/2000); en 2009 con la legalización del aborto también en el DF (Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007); en 2010 con la Controversia interpuesta por el gobernador de Jalisco sobre la “píldora del día siguiente” (Controversia Constitucional 54/2009) y ahora con las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí.

El día de ayer, lunes 26 de septiembre, el Pleno comenzó el análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California. En ella, se plantea la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 7º de la Constitución del estado de Baja California:

El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. [subrayado en el proyecto]

El Ministro Franco, al presentar su proyecto de sentencia, mencionó dos cuestiones que vale la pena destacar: por un lado, se refirió a la libertad de expresión que una sociedad democrática y plural necesita, pero hizo un llamado a la tolerancia y razonabilidad en el debate. Por otro lado, explicó que su proyecto no niega humanidad al producto de la concepción, sino que el proyecto sostiene que la Constitución no reconoce personalidad jurídica al no nacido, lo que implica titularidad de derechos y obligaciones.

El Pleno en votación económica aprobó los considerandos primero al cuarto que analizan la competencia, oportunidad de la demanda, legitimación y causas de improcedencia, por lo que la parte puramente formal ha sido ya superada.

El considerando quinto contiene los conceptos de invalidez, es decir, los argumentos planteados por la Procuraduría de Derechos Humanos y son:

  1. Violaciones procesales (respecto del procedimiento de reforma constitucional);
  2. Violación a la esfera de competencias de la Federación;
  3. La reforma impugnada condiciona indebidamente el contenido de las normas secundarias;
  4. El precepto impugnado reconoce indebidamente el carácter de persona al concebido y no nacido;
  5. Restricción indebida de los derechos fundamentales de las Mujeres; y
  6. Indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad legislativa que dio lugar al precepto combatido.

El análisis y argumentación de los conceptos de invalidez se realiza en los considerandos sexto y séptimo del proyecto. El considerando sexto se refiere a la violación del procedimiento de reforma constitucional pues según el accionante en el procedimiento de reforma se violaron disposiciones de la Constitución de Baja California. El Pleno no entró al análisis de este concepto de invalidez y lo aprobó sin mayor discusión.

A pesar de que se considera infundado, considero que al analizar el fondo, la Corte aceptó tener competencia y la aprobación por unanimidad de este considerando es una extralimitación a las facultades de la Corte pues por la vía de la acción de inconstitucionalidad, ésta no puede interpretar normas locales sino es a la luz de la Constitución federal. La invalidación de una norma o de un acto conforme a la Constitución de Baja California toca a la Corte únicamente en los casos de controversias constitucionales planteadas en los términos del artículo 105 fracción I incisos g), h) e i). Esto es así, pues las acciones de inconstitucionalidad, según la fracción II del artículo 105, tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución federal; y el concepto de invalidez plantea la violación al artículo 112 de la Constitución Política de Baja California.

El considerando séptimo se refiere a los conceptos de invalidez restantes. Este apartado del proyecto comienza con una advertencia sobre los parámetros de control aplicables (páginas 33-38 del proyecto) en donde se refiere a la sentencia Radilla y el control de convencionalidad (ver aquí), así como a las decisiones de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Varios ministros (Aguirre, Luna, Valls, Ortiz Mayagoitia) no estuvieron de acuerdo con este examen previo de convencionalidad pues consideraron que los parámetros internacionales para analizar la constitucionalidad de la norma impugnada debían ser incluídos en el análisis de los conceptos de invalidez y no en un apartado distinto. El Ministro Franco accedió a quitar el apartado e incluir los argumentos en el cuerpo de la argumentación.

El Ministro presentó el primer concepto de invalidez: la reforma es inválida porque la Constitución no reconoce la personalidad jurídica del no nacido y los argumentos son:

Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos internacionales  pertinentes contemplan como “individuo” al producto en gestación, tampoco lo  puede hacer la Constitución estatal, porque se conferirían derechos a un grupo de  “sujetos” no reconocidos por la Norma Suprema, lo cual supone una contravención a ésta, en atención al principio de supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es la ley suprema de la  Unión, y  prevalece sobre las constituciones de las entidades federativas, que deben apegarse a las disposiciones de aquélla.

Lo anteriormente dicho no equivale a decir que no se reconozca el valor de la vida humana prenatal y su consecuente protección y tutela, pero esta protección se basa en la idea de que aquélla es un bien constitucionalmente protegido, que no tiene una posición preeminente frente a los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona.

En la primera sesión únicamente intervinieron para fijar su postura con respecto del proyecto los ministros Aguirre Anguiano y Aguilar Morales.

La intervención del Ministro Aguirre puede sintetizarse en dos partes, primero realizó tres críticas metodológicas y después fijó su postura con respecto de la personalidad jurídica del no nacido. La postura sobre la personalidad jurídica del no nacido fue muy parecida a su voto particular en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Para el Ministro Aguirre, la protección constitucional del no nacido comienza desde la vida, pues a su parecer esto se desprende del artículo 1° en conjunción con el 29 y el 123. Para él, el embrión es persona jurídica y los derechos de las mujeres no pueden prevalecer por encima de esa vida. En términos del nuevo artículo 1° constitucional, los embriones son personas pues a su parecer éstos son sujetos de derechos en términos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “La mujer tiene derechos, varios, pero no esos, esos derechos de que se habla están entre comillados”, dijo. El Ministro Aguirre declaró que está en contra del proyecto.

La crítica metodológica se refirió a la no referencia al principio de interpretación conforme, para ello mencionó dos tesis, una de jurisprudencia[1] y una aislada[2] que se refieren a éste método interpretativo.

El proyecto, a decir del Ministro Aguirre, pasa por alto el criterio de interpretación conforme, que él ubica en el segundo párrafo del artículo 1° y la presunción in dubio pro legislatore (en caso de duda, a favor del legislador), además, señaló que el examen de proporcionalidad realizado en el apartado segundo del considerando séptimo era innecesario pues la norma se declara inválida. Por último, el Ministro recordó que al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, el examen de la norma debe ser puramente abstracto y no la presentación de casos hipotéticos, como se realiza en el tercer apartado del considerando séptimo.

El Ministro Aguilar recurrió a un argumento bastante abigarrado pues fundó el principio de equidad en el federalismo y el principio de supremacía pero realizó un recorrido por el constitucionalismo histórico para concluir que: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento (artículo 133)  a la cual se someten los estados por la vía del Pacto Federal (artículos 39-41 y 124) y que solamente ésta puede contener las disposiciones generales sobre derechos fundamentales, es decir, las normas de contenido esencial de los derechos que se convierten en mandamientos al legislador para ser ampliados y desarrollados para su goce y disfrute. En este sentido, dice el Ministro Aguilar, las constituciones locales no pueden ni ampliar ni limitar el contenido esencial de esos derechos contenidos en la Constitución general porque no tienen la facultad y porque esto implicaría un trato diferente arbitrario pues el disfrute o detrimento de ciertos derechos dependería del estado de la República en que cada persona se encuentre.

El Ministro Aguilar no declaró el sentido de su voto, pero es evidente que encuentra inválida la reforma por ser contraria a la Constitución en los términos explicados.

Después del receso, el Ministro Cossío intentó poner orden a la discusión solicitando que se determinara sobre qué giraría el debate, si únicamente sobre el primer apartado del considerando séptimo o todo el considerando, proponiendo que se abriera el debate a todo el proyecto. El Ministro Cossío además retoma las consideraciones metodológicas del Ministro Aguirre pero recomienda seguir la línea del proyecto pues considera que sí es necesaria la interpretación conforme, pero para definir derechos, no “para salvar al legislador” y difiere con el Ministro Aguirre de que la interpretación conforme sea obligatoria por la vía del artículo 1° segundo párrafo. Allí, explica el Ministro Cossío, se busca cuidar los derechos humanos, no la constitucionalidad de la ley.

El Ministro Valls propuso también discutir todo el proyecto y no fragmentarlo, pero el Ministro Presidente Silva Meza no estuvo de acuerdo.

El Ministro Zaldívar por su parte mostró su acuerdo con la discusión fragmentada y con la metodología del proyecto y llamó la atención sobre la diferencia entre metodología para la discusión y método de interpretación, sobre el cual se decide la validez o no de la norma.

Finalmente, el Presidente Silva Meza decidió suspender la sesión para el día de hoy determinar cuál sería la metodología para llevar la discusión.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

[2] INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.