Pretendo en estas escasas líneas sostener que la posición de los ministros Cossío y Silva, en la reciente discusión y decisión de la contradicción de tesis 299/2013 por la Suprema Corte, fue enteramente atinada. Esto lo haré a partir de la defensa que escribió Geraldina González de la Vega en este blog, El Juego de la Suprema Corte, de la decisión respaldada por 7 ministros, en el sentido de que los jueces inferiores no estaban facultados, en ejercicio de un control de regularidad normativa, para inaplicar la jurisprudencia emitida por la Corte.

González de la Vega, siguiendo el sentido de la decisión mayoritaria, explica como punto central para defender la negativa de que los jueces inferiores puedan inaplicar la jurisprudencia de la Corte, que es propio de la naturaleza de nuestro sistema de control de constitucionalidad. De tal manera que se debe buscar preservar su unidad y coherencia, que el poder judicial se debe acomodar de forma vertical y, por ello, los criterios de los jueces supremos devienen obligatorios para los demás. De hecho, se pretende que tal naturaleza excluya la posibilidad de que la verticalidad y precedencia de criterios pueda ser considerada como una cuestión autoritaria.

Los argumentos me parecen insuficientes para borrar toda rastro de un cierto “autoritarismo judicial” detrás del discurso de la naturaleza del sistema de control constitucional. Tratando de seguir al ministro Cossío, explicaré por qué.

Como punto de partida, no comparto que únicamente se diga que el objetivo de la jurisdicción constitucional sea el de «preservar la unidad y coherencia del sistema» constitucional. Tal vez más importante aun, la principal tarea de los tribunales constitucionales es preservar la Constitución y los derechos por ella protegidos. Una herramienta clave para lograrlo es el principio pro persona.

Este principio significa un enorme reto para la forma en que entendemos y aplicamos nuestro ordenamiento jurídico, porque su aceptación implica trasformaciones estructurales y sustanciales de gran calado. Aquí una de ellas: frente a un sistema de control cerrado, en el que un órgano supremo es el «intérprete último de la Constitución» y que espera que sus criterios sean obligatorios, el principio pro persona propone abrir la discusión en las interpretaciones de las disposiciones normativas, alentando la posibilidad de que los jueces de encuentren soluciones (interpretaciones) más favorables a la persona y sus derechos.

el-gran-dictadorEsto es, el principio pro persona, en su dimensión interpretativa, exige que frente a dos o más interpretaciones de una disposición normativa, se prefiera aquella que proteja en mayor medida a la persona y sus derechos. En un caso concreto, el juez inferior encuentra que la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia respecto del significado constitucional de una cierta disposición aplicable al caso, ¿qué pasa si el juez es capaz de obtener, ofreciendo argumentos razonables y suficientes, algún significado que optimice en mayor medida algún derecho fundamental que esté en juego en el caso? La  decisión de la Corte exigiría que el juez aplique, sin cuestionar, el criterio jurisprudencial, imponiéndole la carga a la persona de tener que interponer todos los medios de defensa necesarios para que el asunto llegue hasta la Corte y presentar ante ella la solicitud de cambio de criterio. No obstante, nada asegura que efectivamente la cuestión llegará hasta allá, pues los filtros que hay son, hasta cierto grado, discrecionales, y no todos a la mano de la persona[i]: solicitud de atracción, modificación de jurisprudencia o denuncia de contradicción de tesis –y esto sin considerar los costos materiales de continuar con el juicio-.

La solución ofrecida por el principio pro persona es distinta: el juez, justificando suficiente y razonablemente, tendría que preferir la norma (el significado de la disposición) que maximice la protección de los derechos de la persona, incluso si es distinto a lo formulado por la Suprema Corte. No obstante, decir que la Constitución es suprema, que la Corte es suprema, no son más que argumentos que pretenden cerrar el debate judicial. Ya nadie puede cuestionar nada. Esto, sin duda, es una forma de autoritarismo judicial.

Para no serlo, no basta con que se hable de la unidad y coherencia del sistema de control, ni que se diga que existen otros medios de «autorregulación» para que sea el órgano terminal el que revise la constitucionalidad o convencionalidad de sus criterios. También el legislador pretende unidad y coherencia en los ordenamientos legales, además de que cuenta con los mecanismos de reforma de las disposiciones por él emitidas que sean incompatibles con la Constitución o las normas internacionales de derechos humanos. Y, sin embargo, se admite la posibilidad de que los jueces inapliquen esas normas en ejercicio de un control de regularidad.

No se puede ignorar la incompatibilidad de un argumento de seguridad jurídica, certeza y previsibilidad, con la aceptación de un control judicial de las normas. ¿Qué certeza tendremos si permitimos a los jueces inferiores inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte? Será exactamente la misma certeza si les permitimos que inapliquen las disposiciones legislativas que consideren inconstitucionales o inconvencionales. Si aceptamos el control de regularidad de las disposiciones emitidas por el legislador, no hay razón suficiente para “blindar” de ese control a la jurisprudencia de la Corte. Al fin de cuentas, la interpretación de la Corte es la verdadera norma (el significado de la disposición). Querer sustraer su jurisprudencia de la posibilidad de control es una señal de autoritarismo, pues el mensaje es claro para el juez inferior: “puedes cuestionar todo el ordenamiento legal, pero a mí no”.

Una forma más democrática y abierta al diálogo judicial me parece que lo ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Es claro que entre ésta y los órganos judiciales de los Estados americanos no existe jerarquía alguna[ii], pero al igual que la Suprema Corte es intérprete última de nuestra Constitución, la CoIDH lo es respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La CoIDH, a diferencia de la Suprema Corte, no pretende tener el monopolio respecto dicha Convención. Al contrario, justo ha sido ella la que ha determinado que todos los jueces nacionales deben ejercer un control de convencionalidad[iii]. Así, los criterios establecidos por la CoIDH, si bien son vinculantes para todos los poderes públicos de los Estados parte, constituyen un «estándar mínimo», del cual pueden apartarse los jueces nacionales al identificar una interpretación o disposición que eleve el estándar de protección de que se trate.

Una actitud como ésta, en la que se admite la eventualidad de que los jueces inferiores encuentren soluciones de interpretación más favorables que el “intérprete último”, propicia la creatividad y el debate jurídicos. Pero, además, significa, en términos prácticos, una posibilidad real de que la persona obtenga una protección más adecuada de sus derechos en las sedes judiciales más próximas, sin tener que esperar a que su derecho se haga efectivo hasta que la Suprema Corte tenga el asunto en sus manos.

Aquí la pregunta clave: ¿cuál es nuestra prioridad: la uniformidad de un sistema o los derechos de las personas?

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: gerardo.mata@uadec.edu.mx

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[i] De acuerdo a la Ley de Amparo, las partes en los asuntos sólo tienen legitimidad para denunciar las contradicciones de tesis (art. 227), pero no para solicitar la sustitución de la jurisprudencia, lo cual puede ser realizado únicamente por magistrados y ministros (art. 230), ni para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, el cual puede ser decidido oficiosamente por el Pleno o las Salas o a solicitud del Procurador General de la República, tratándose de amparos indirectos (art. 40), o a solicitud del tribunal colegiado que conozca de un amparo directo en revisión (art. 85).

[ii] Al menos no lo es en su sentido formal. No obstante, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación de la República de Argentina ha afirmado que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”, refiriéndose a la CoIDH; véase: Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, considerando 6. Sentencia de 23 de diciembre de 2004.

[iii] Véase, por ejemplo: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C No. 220, §225.