Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra incipiente y tambaleante democracia son los sindicatos. Se trata de instituciones que no están atados a la lógica propia de un régimen democrático: límites y correas de responsabilidades. Esta es una de las conclusiones del interesante estudio La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México: los sindicatos en nuestro país se sostienen y actúan a partir de un andamiaje legal que les permite no entregar cuentas al Estado, a la ciudadanía ni, por supuesto, a sus trabajadores. Son quistes que impiden democratizar uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad y que obstaculizan el crecimiento económico de sectores clave para el país.

En este sentido, hace algunos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso de enorme relevancia, pero que apenas se registró en los medios de comunicación -una excepción notable es la editorial del día de hoy del periódico El Universal. Se trató de un procedimiento que se conoce como contradicción de tesis y donde el problema surge porque precisamente existen dos criterios jurisprudenciales de dos Tribunales Colegiados de Circuito que se contradicen y de ahí que en este caso la tarea de la Segunda Sala consistiese en definir cual de los criterios era el que debía prevalecer y erigirse en el criterio obligatorio en la materia para el resto de los tribunales inferiores.

Así, los ministros Fernando Francio, Sergio Valls, Margarita Luna, Sergio Aguirre y Luis María Aguilar decidieron por unanimidad que el monto anual de las cuotas sindicales de los trabajadores de Pemex no es información pública; es decir, de acuerdo al esquema de transparencia del país, no constituye un dato que deba darse a conocer a aquellos que lo soliciten. Esto debido a que el dinero que entrega el trabajador al sindicato, aun cuando esta entrega se realiza mediante retenciones del organismo público Pemex,  no es dinero público sino privado.  Y, por ello, exigirle al sindicato que informe de las cuotas sindicales se traduciría en una afectación injustificada a su vida privada.

Ahora bien: ¿Esta la concepción correcta de una institución sindical en relación con las cuotas de sus trabajadores? ¿No debiesen, por lo menos, los trabajadores tener la posibilidad de exigir transparencia en el uso de las cuotas que ellos aportan? ¿Cómo debería de entender hoy en día la Suprema Corte instituciones como los sindicatos?

Aquí la tesis de jurisprudencia que recién confeccionó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia:

Jurisprudencia 2a./J. 118/2010

INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical.

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 11 de agosto de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Fernando Silva García.

El Juego de la Suprema Corte.