La semana pasada se dio a conocer a la opinión pública, como parte de una serie de estudios sobre el uso y abuso de los recursos públicos, un análisis de los académicos del CIDE, Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, respecto los gastos de la Suprema Corte de Justicia. El objetivo del estudio es simple pero contundente: comparar, en los rubros de gasto, eficiencia y burocracia, a nuestra máxima autoridad jurisdiccional con otras cortes constitucionales, que van desde la canadiense y estadounidense hasta la española, colombiana y chilena.
Gracias a esta numeralia, que fue bien desmenuzada por Héctor Aguilar Camín, nos podemos enterar que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3 mil 244 millones de pesos, mientras que el gasto de la corte colombiana para el mismo período fue de sólo 107 millones, 3.3% de la mexicana, mientras que la corte peruana costó 93 millones, sólo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? La respuesta es no: en ese mismo año, la corte mexicana resolvió 4 mil 308 casos, pero la de España resolvió 15 mil 851 y la de Perú 8 mil 957. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática la corte mexicana es también la que más funcionarios tiene: 3 mil 116, mientras la corte estadunidense tiene 483, la española 278, la canadiense 209, la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146.
Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del presidente de la Suprema Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ante este estudio? El pasado jueves 11 de noviembre, vía la cuenta oficial de twitter de la Corte mexicana, se difundió un comunicado de prensa mediante el cual se daba a conocer la respuesta de Mayagoitia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está comprometida con la transparencia y con la rendición de cuentas y hoy, la sociedad sabe más y conoce perfectamente lo que hace y en qué gasta, afirmó su presidente, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al señalar que el trabajo del alto tribunal está a la vista de toda la ciudadanía y ha hecho un gran esfuerzo por hacer más con menos y para mejorar los servicios de justicia que se demandan.
Al inaugurar la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que la SCJN está comprometida, igualmente, con la austeridad y el uso eficiente de los recursos. “México necesita ahorrar recursos, pero también sabemos que México necesita más y mejor justicia”, enfatizó.
Manifestó que la SCJN es una institución que cumple con las funciones jurisdiccionales y administrativas que mandata la Constitución, pero además, subrayó, a diferencia de lo que pasa en otros países, el alto tribunal realiza un gran trabajo en materia de cultura jurídica, que es uno de los temas donde se debe avanzar más como sociedad.
En este sentido, precisó el ministro Ortiz Mayagoitia, la inversión en cultura jurídica es una de las mejores tareas para crear conciencia y fomentar, así, la cultura de respeto a la legalidad.
Ni un ápice de autocrítica, ni de voluntad para revisar la manera en cómo ha manejado la Suprema Corte los recursos públicos. La respuesta, que recién fue también criticada por Leo Zuckermann, raya en el cinismo. Lo peor, no obstante, es que este abuso en los recursos públicos por parte de los 11 ministros de la Corte pone en riesgo su legitimidad como árbitro último de los conflictos de la sociedad mexicana. Con las perniciosas consecuencias que esto puede tener, en términos del proceso de consolidación democrática.
Ahora bien, el próximo 3 de enero de 2011, Ortiz Mayagoitia concluirá su período como presidente de la Corte. A estas alturas, todo indica que su sucesor será el ministro Juan Silva Meza. La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué va hacer Silva Meza ante este abuso en los recursos públicos que está entrelazado con otros vicios de ese poder como el nepotismo?
El Juego de la Suprema Corte
¿Por qué se le critica ahora a la Corte? ¿Qué no durante el priato funcionó igual? ¿Ahora sí es onerosa? ¿A quién benificia esta crítica?
No tienen verguenza, además no hay quien los fiscalice, y lo peor es que son la mayor fuente de corrupcion del pais, los asuntos se venden, y se pagan con notarías, se dan el lujo de dictar sentencias sin, mencionar siquiera las pruebas presentadas por las partes. No tienen quien los castigue, las quejas en la judicatura son «jueces Juzgando Jueces» y como dicen ellos «perro no come perro» entonces las quejas nunca tienen efectos condenatorios o de remoción, ellos mismos se ponen o se quitan, expertos en el arte de ser «Juez y parte». Ademas se pensionan como si fueran el presidente de la República, tenemos que mantener sus gigantescos salarios hasta que se mueren, es un abuso que viene del Regimen Priista, que bien pagaba los favores, es el servirse con la cuchara grande, «la cúspide de la clase política». Son gente sin ninguna ética. Ellos son los que tienen mas enojado al pueblo.
Sin duda que los funcionarios pùblicos se sirven con la cuchara grande. Hace falta difundir màs sobre estos aspectos para que lleguen a toda la sociedad y asì se de inicio al cuestionamiento, aunque luego quede un làrgo camino para recorrer antes que se produzcan cambios reales.
Es correcto la Corte se ha convertido en un monstruo de miles de cabezas y existe mucha corrupción dentro.
Se les aumentaron los sueldos para que no los sobornaran, pero eso no los detiene, ya que viven un nivel de vida muy caro y extravagante, a quien quieren admiten dentro y a quien no cumple los requisitos los rechazan hay personas que no tienen la más mínima experiencia y por contactos con jueces o magistrados los acomodan a trabajar. Esto lo digo por que tengo conocimiento de 4 casos en identicas condiciones, inclusive uno dos de ellos eran personal administrativo y les dieron oportunidad de que estudiaran de forma express en escuelas de derecho por turno nocturno, para cuando tuvieran título les entregaran mejores y más pagados puestos.
La Corte no quiere ver que hay un cochinero dentro, la mayoría del personal no está capacitado y son parientes, familiares cercanos, amigos, compadres o inclusive personas que tienen afinidad con los narcotraficantes, que también conocí ciertos casos.
La pregunta es ¿Podemos confiar en la administración de la justicia cuando existe todo eso?
Confiaremos la justicia a quienes cobran casi medio millón de pesos para impartirla?
Acaso si se les reduce el sueldo a 100,000 se hacen corruptos?
Son honestos por dinero?
O son honestos por vocación o por valores?
lA CORTE ES UNO DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN Y ES INDEPENDIENTE DEL EJECUTIVO Y DEL LEGISLATIVO.