El día de ayer, 17 de diciembre, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia del Senado las comparecencias de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta terna va a salir quien vaya a sustituir a José Ramón Cossío, reconocido jurista mexicano que terminó su encargo el pasado noviembre y, después de 15 años en el máximo tribunal mexicano, deja un muy importante legado en el sistema judicial de nuestro país.

¿Cuáles fueron las reglas del juego? Cada candidato comparecería individualmente conforme al horario establecido por la comisión; el ejercicio tiene inicio con una intervención ininterrumpida de 20 minutos, a través del cual los candidatos debían exponer su idoneidad para el puesto y —lo más importante— la manera en que contribuirían al máximo tribunal. Posteriormente, tienen lugar dos rondas de preguntas realizadas por los senadores —en las que podían participar los miembros de la Comisión y hasta siete senadores externos a ésta—; cada senador contaba con cinco minutos para formular sus interrogantes sin que el candidato tuviera tiempo límite para responderlas.

Cabe mencionar que si bien todas las comparecencias fueron transmitidas por el canal del Congreso, éste no estuvo exento de fallas notables; por ejemplo, durante la comparecencia de la Loretta Ortiz, la transmisión empezó algunos minutos tarde, por lo que no fueron públicos los primeros minutos de su exposición.

Del desarrollo de las comparecencias podemos destacar tres grandes ausencias: la primera, fue la sociedad civil. A diferencia de los procedimientos de designación de ministros de 2012 y 2015, en esta ocasión no hubo oportunidad para que actores no gubernamentales participaran en la realización de preguntas. La segunda gran ausencia fue la poca disposición de los senadores; en ninguna de las comparecencias hubo un solo asistente del PRD o del PRI. Por último, la tercera gran ausencia fue algo indispensable en estos ejercicios:  escrutinio; en efecto, las intervenciones por parte de los senadores poco ayudaron a entender la visión de justicia constitucional de los candidatos y, en su mayoría, sólo dieron muestra de la falta de preparación, conocimiento técnico e interés de estos.

Juan Luis González Carrancá: el candidato

La primera comparecencia fue la del magistrado Juan Luis González. Conforme al procedimiento establecido, el candidato hizo uso de la voz de forma ininterrumpida agotando los veinte minutos establecidos para ello.  Durante esta intervención, su discurso parecía más el de un catedrático dando clase a futuros jueces que el de un candidato a ministro de la Suprema Corte, nunca estuvo claro cuál sería su proyecto de trabajo ni defendió su idoneidad para el puesto. Aludió a la fidelidad que debe de tenerse por la letra de la Constitución, así como aquello que define a un buen juez: el dominio técnico y, en ulterior nivel, la calidad humana.

Llegado el momento de la ronda de preguntas, el magistrado González logró ser puntual y, en la mayoría de las veces, claro con aquellas preguntas que de igual manera eran puntuales. El intercambio de ideas más enriquecedor lo tuvimos con el panista Damián Zepeda, quien fue de los pocos senadores que se tomó con seriedad la labor. Como producto de esta interlocución fue posible conocer la postura del candidato respecto a temas relevantes. El candidato demostró poseer por lo menos una idea de la justicia constitucional al momento de pronunciarse a favor de un tribunal constitucional bien diseñado y utilizar referentes internacionales pertinentes. Respecto al aborto, señaló que correspondía únicamente a las mujeres decidir sobre la terminación anticipada del embarazo. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el candidato fue claro al declararse en contra por considerarla violatoria de la presunción de inocencia y la calificó como una comprobación del fracaso del sistema de impartición de justicia. Asimismo, Carrancá se pronunció en contra de que las fuerzas armadas realicen funciones de seguridad pública; no obstante, advirtió que, dadas las condiciones de las policías actuales, era necesario usar a la milicia siempre que sus actividades en la calle tengan estuvieran sujetas a un término. Para finalizar, el senador por la bancada del PAN solicitó la opinión del compareciente respecto a las acusaciones de tráfico de influencias en su contra en el polémico caso del exministro Góngora. En este sentido, el candidato puntualizó que durante todo el procedimiento y, durante todas las instancias, existió un estricto apego al derecho, inclusive mostró una resolución de la CNDH que, afirma, le exculpaba de cualquier acusación.

La calidad de la comparecencia fue disminuyendo con el paso del tiempo, no solo por el cansancio del candidato sino por la falta de preparación de los entrevistadores; salvo dos o tres intervenciones, creo que es franco calificar el actuar de los legisladores como indignante: muchos de ellos hicieron uso de sus cinco minutos para exponer sus propias posturas en lugar de realizar cuestionamientos, fueron desordenados y poco puntuales y; ciertamente, mostraron un total desconocimiento de lo que se debe de esperar de alguien que aspira a ser miembro del máximo tribunal constitucional de nuestro país.

En algunos momentos de la comparecencia, sorprendió que el candidato mostró tintes conservadores, por ejemplo, cuando el senador Eduardo Murat lo cuestionó sobre la eutanasia, el magistrado justificó la moralidad  de la medida sirviéndose de la autoridad del Papa Juan Pablo II; asimismo, el candidato se mostró muy incómodo al hablar de la comunidad LGBTQ+, al punto en que llegó a declarar: “yo tengo respeto, los veo como seres humanos, no los estigmatizo, simplemente que tienen sus gustos, como a uno le pueden gustar las gordas o a otros les pueden gustar las jóvenes”. Lo cual, sobra mencionar, exhibió un total alejamiento con las causas LGBTQ+. No obstante, salvo estos y otros deslices menores —como su disertación sobre los hábitos alimenticios—, la participación del magistrado no fue desastrosa. Durante las poco más de tres horas que duró su comparecencia mostró varios momentos de lucidez y criterio. Son especialmente esperanzadoras sus posturas sobre la prisión preventiva oficiosa y la necesidad de eliminar los excesos de formalismos en la práctica jurídica, logró sortear adecuadamente los señalamientos por el caso de Góngora Pimentel y, lo más importante, consiguió mostrarse ante los opositores como un candidato independiente del poder ejecutivo federal.

Celia Maya: la incompetencia en persona

“Noventa minutos bastaron para mostrar que Celia Maya está muy lejos de ser una candidata idónea para la Suprema Corte”, apuntó ayer en su cuenta de Twitter, el académico Javier Martín. Y es que lo de Celia Maya no es algo menor, pocas veces se había visto una participación tan bochornosa como la de la magistrada queretana.

Para empezar, se debe mencionar la evidente falta de preparación de un discurso sobre su proyecto de trabajo y su idoneidad para la ocupación del cargo. Tal fue el caso, que no fue capaz de agotar la totalidad de su tiempo; por el contrario, concluyó diciendo que ya no sabía qué más podía decirles. En esa exposición desordenada de ideas, la magistrada señaló que su método de hacer justicia es “tener sensibilidad”, asimismo, destacó que su presencia era buena para la representación estatal, punto en el cual debo expresar mi más respetuosa disidencia, su partición fue tan vergonzosa que no hizo más que poner en tela de juicio la calidad técnica de los juzgadores locales.

Al momento de ser cuestionada por los senadores, exhibió su débil capacidad de comprensión y nulo conocimiento de justicia constitucional. Al momento de ser cuestionada por el senador Zepeda, sobre la legalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública bajo el marco constitucional vigente, la candidata se limitó a mencionar la falta de preparación de los policías civiles y la necesidad de utilizar al ejército, en ningún momento parecieron pasar por su cabeza los artículos 29 y 129 constitucionales. Asimismo, sus siguientes intervenciones estuvieron plagadas de lugares comunes y no ofreció mayor justificación de sus posiciones: en relación con el tema de las fuerzas armadas únicamente declaró que estaba a favor de la guardia nacional propuesta; pero en contra de no estar bajo un mando civil. Con respecto prisión preventiva oficiosa, comentó su negativa a la misma por violar el principio de presunción de inocencia. Al momento de hablar sobre los retos del nuevo sistema de justicia penal, la magistrada aclaró que en aquel momento no podía hablar de las fallas del nuevo sistema puesto que la materia que ejerce es civil y no penal, a pesar de contar con una maestría en derecho procesal penal. Aunado a esto, la respuesta que ofreció la magistrada respecto al matrimonio igualitario fue únicamente en el sentido de respetar lo que ya había declarado la Suprema Corte como derecho humano.

La magistrada fue incapaz de separarse de la figura del presidente y de MORENA. Al mismo tiempo en que afirmaba ser independiente y libre de influencias, declaraba que los órganos (judiciales) respondían a una visión neoliberal y que ahora debían responder a la nueva visiónde justicia social; tampoco tuvo problema en decir que participaba “en el proyecto nuevo de este país”, lo que parece aludir, en ambos casos, a la llamada cuarta transformación.

En algún momento, durante su intercambio de palabras con Damián Zepeda, la magistrada se dolió de la influencia de las relaciones políticas en la designación de los ministros; “habiendo otra gente con mayor capacidad y más preparada ¿por qué nada más van a entrar los amigos?” Debemos reconocer que no podríamos estar más de acuerdo con sus palabras, y, siguiendo su hilo de ideas, creo que deberíamos preguntar al presidente López Obrador lo siguiente: habiendo mujeres con mayor capacidad y mucho más preparadas, ¿por qué Celia Maya?

Loretta Ortiz: la académica de Andrés

Para la última comparecencia tocó el turno de Loretta Ortiz. En su intervención inicial Loretta hizo buen uso de la palabra para demostrarse conocedora del papel de la Corte en el control de convencionalidad de las normas. A su vez, dedicó gran parte de su exposición en defender su idoneidad para el cargo argumentando que prejuzgarla por su militancia partidista sería violatorio de sus derechos humanos, así como la relevancia de tomar en cuenta sus credenciales. En la misma línea, la candidata expuso su carta de renuncia a MORENA para intentar demostrar —de forma risible— su compromiso con la independencia judicial.

En torno a la ronda de preguntas, la senadora Geovanna Bañuelos del Partido del Trabajo inició con un par de cuestionamientos sobre la idoneidad de la compareciente dada su poca o nula experiencia judicial y sobre si su exmilitancia partidista afectaría su capacidad para tomar decisiones. Al respecto, la candidata señaló que, en efecto, contaba con experiencia judicial y remitió a su participación en un caso ante la Corte canadiense. Además, apuntó que la Constitución no dispone la experiencia judicial como requisito para ser ministro justamente para que el sector académico pueda participar en la Suprema Corte; en esta tesitura, comparó su perfil académico con el que tuvo en su tiempo José Ramón Cossío. En cuanto a la capacidad de toma de decisiones, la académica mencionó —sin mucho poder de convencimiento— que durante su gestión en la Universidad Iberoamericana jamás comprometió sus resoluciones a pesar de tener que soportar fuertes presiones externas.

En general, Ortiz develó ser la postulante más progresista de la terna de candidatos en cuanto a la protección de los derechos humanos. Se mostró partidaria de temas como el aborto, acceso a la justicia, protección del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, eutanasia y muerte asistida, así como la adopción por personas del mismo sexo. Del mismo modo, expresó que no está a favor la prisión preventiva oficiosa y fue bastante tajante sobre su rechazo a la permanencia del arraigo en nuestro sistema constitucional.  Sin embargo, en un tema que dejó mucho que desear fue la militarización de la seguridad pública, pues, si bien se pronunció en contra de que esta medida fuera permanente, al igual que sus pares, dijo que la situación de emergencia del país la justificaba y evitó meterse en la discusión de los artículos 29 y 129 constitucional y sobre si el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública superaba el rasero de la Constitución.

Gran parte del debate se perdió en una discusión algo estéril sobre su idoneidad para ocupar el cargo de ministro dada su militancia partidista y su cercanía personal con el presidente López Obrador, a quién acompañó en los foros de justicia que se realizaron por el país durante la transición del cambio de gobierno federal. Al igual que la candidata Maya, la Ortiz fracasó en desasociar su persona a la de AMLO, varios de los senadores de la oposición no parecieron convencidos con sus argumentos al respecto —mismos que básicamente giraron en torno a su preparación académica y su trayectoria personal—. Poco ayudó a su causa que algunos senadores de MORENA en lugar de cuestionarla hayan dedicado su tiempo en halagarla y externarle su apoyo abiertamente.

Vale señalar que Loretta Ortiz fue la única candidata que pareció entender el formato de la comparecencia. Manifestó un proyecto claro sobre lo que sería su trabajo en la Suprema Corte: cero tolerancia a la corrupción y nepotismo; así como, modificar el criterio de la Corte para poner en la misma posición jerárquica a los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución en conjunto con una interpretación pro persona. Además, fue la candidata que mayor esfuerzo hizo en convencer a los senadores sobre su capacidad. A pesar de esto, se le notó incomoda fuera de su área de especialidad —el derecho internacional público—, y no logró acreditarse como la gran conocedora del derecho, que en más de una ocasión aseguró ser ni quitarse el peso de ser vista como la académica del presidente López Obrador.

Conclusión

Una vez más, nos encontramos frente a un procedimiento que carece de la rigurosidad que exige la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que los tres candidatos comparezcan el mismo día y en menos de tres horas por turno impide su evaluación minuciosa. La exclusión de la sociedad civil en la formulación de preguntas empobreció el ejercicio democrático de la designación. Las intervenciones de los senadores, en su mayoría, no dejan de ser desastrosas: desordenadas, desinteresadas e infructuosas; estuvieron lejos de conducir a los entrevistados a verdaderos debates sobre justicia constitucional. La participación de los candidatos no fue mejor. El primer candidato, si bien fue pulcro en la técnica jurídica, no dejó claro cuál sería su aportación y su papel en el máximo tribunal. La segunda candidata tuvo una participación verdaderamente vergonzosa, donde exhibió su incapacidad para ocupar un cargo de tal magnitud. Por último, la tercera candidata, quien mostró un mejor entendimiento del ejercicio y demostró claridad en la exposición de su proyecto judicial, fracasó en mostrarse como una jurista brillante y, más importante, como una figura independiente del presidente.

 

Luis Alberto Cifuentes Enríquez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

Leonardo Roldán Gutiérrez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.