Con motivo del proceso de reforma a la Constitución para incrementar el catálogo de delitos que integran la ominosa prisión preventiva oficiosa, se ha expresado de manera reiterada y justificada, que dicha medida vulnera el principio de presunción de inocencia. Y en efecto es así, porque la prisión preventiva oficiosa es en sí misma una equiparación de hecho entre imputado y sentenciado. Pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en los que precisa cuál es el alcance constitucional y procesal de ese principio. Un caso paradigmático es el amparo directo 61/2014 en el que el Tribunal Pleno resolvió otorgar el amparo liso y llano a cinco policías que participaron en el operativo del Bar News Divine, en donde perdieron la vida 12 personas.

Actualmente, la Constitución establece en qué condiciones y bajo qué circunstancias procede la prisión preventiva. Esto es, cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad, y cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. La prisión preventiva oficiosa procede “cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto”.1 Así, se excluye que la prisión preventiva de oficio pueda imponerse en función sólo de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso, porque en ese caso se trata de una anticipación de la propia pena, lo que sería contrario al principio de presunción de inocencia. Es decir, el criterio en cuestión dota de contenido material a la lista de delitos que prevé el artículo 19 de la Constitución, al tratarse de hechos delictivos de alto impacto.

Aun cuando no comparto el criterio a que se ha hecho referencia, porque la regla general de la prisión preventiva debería de ser la norma y operar en cualquier supuesto, incluso en los delitos de alto impacto, se trata de una excepción constitucional al principio de presunción de inocencia que, en su acepción más elemental, consiste en que toda persona que esté sujeta a un proceso penal sea considerada inocente hasta en tanto se declare su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria.

En el amparo directo 61/2014, la Suprema Corte resolvió otorgar el amparo de forma lisa y llana a los quejosos, en función del principio de presunción de inocencia. Se trata de un caso muy simbólico por lo que representa, pero más allá de las particularidades del expediente penal y las causas por las que inicialmente se había sentenciado a los quejosos, por acreditarse su responsabilidad en la comisión del delito de “ejercicio ilegal del servicio público”, se fundamentó en una indebida valoración de las pruebas al momento de fijar y apreciar los hechos que dieron lugar a la responsabilidad delictiva. En esencia, se trató de la insuficiencia del caudal probatorio para demostrar el nexo causal entre la acción desplegada y el resultado material imputado.

Ahora, lo que sigue es el vínculo con la prisión preventiva oficiosa y el principio de presunción de inocencia. En la sentencia de amparo a que hice mención, la Suprema Corte estableció, como ya lo había hecho en otros casos,2 que la presunción de inocencia comprende tres vertientes distintas: como regla de trato procesal, como regla probatoria y como estándar de prueba. El primero de ellos, implica la alusión tradicional a dicho principio y, en síntesis, prohíbe cualquier tipo de resolución judicial que implique la anticipación de la pena sin que el imputado sea declarado culpable.

Por su parte, la presunción de inocencia como regla probatoria dispone las características que los medios de prueba deben reunir y quien tiene la carga procesal de aportarlos, “para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado”.3 Finalmente, el principio entendido como estándar de prueba impone a los jueces la obligación de absolver al inculpado, cuando en la secuela procesal no se hayan aportado las pruebas suficientes y necesarias para acreditar, fuera de toda duda razonable, la responsabilidad del imputado. Es decir, esta última vertiente precisa dos momentos: “la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar”.4

En tal medida, el principio de presunción de inocencia implica más que una mera declaración voluntariosa por parte del juzgador, por cuanto hace a creer en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sino que, además, consiste en no realizar una equiparación de hecho entre imputado y sentenciado, con lo que prohíbe la anticipación de la pena. Hecho que es contrariado por la prisión preventiva oficiosa. Además, el principio de presunción de inocencia comprende un alto contenido procesal, específicamente por lo que a las pruebas se refiere, en cuanto a las características de los medios probatorios que se deben aportar para destruir el estatus de inocente de todo procesado y quien tiene que aportarlos, así como el estándar bajo el cual una prueba de cargo es suficiente para condenar.

En el caso del News Divine, la Suprema Corte otorgó el amparo liso y llano a los quejosos, precisamente porque no fue posible sostener fuera de toda duda razonable su responsabilidad en la comisión de los hechos imputados. Es decir, no existió un nexo causal, por lo que se actualizó el principio de presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio. En ese sentido, operó el principio in dubio pro reo como parte de la presunción ante la inexistencia de pruebas que derribaran la inocencia de los imputados.

En conclusión, la presunción de inocencia es un concepto multidimensional que, en una primera acepción, implica proteger al imputado de la culpabilidad de facto. Pero igual o más importante, es la labor de los jueces en su debido procesamiento que consiste en una debida y adecuada valoración de pruebas y en el beneficio que otorga su insuficiencia causal.

La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de inocencia no sólo en el debido trato procesal, sino que, al anticipar la pena, disuelve la pertinencia temporal de las reglas y estándares de prueba, porque se equipara al imputado con el sentenciado. Así, aun cuando el Poder Judicial avance en la definición de garantías procesales relevantes para el Estado de derecho y el debido proceso, las mayorías legislativas se empeñan por hacerlas ineficaces.

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista.


1 PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Tesis: VI.2o.P. J/2 (10a.)

2 Amparo en revisión 349/2012.

3 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. Tesis: 1a. XCV/2013 (10a.)

4 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.)