Todo indica que esta semana la Suprema Corte de Justicia resolverá de manera definitiva el llamado ‘amparo de los intelectuales’. En el 2008, la Corte sólo determinó que atacar una reforma constitucional vía el juicio de amparo no era notoriamente improcedente y, por tanto, eventualmente sí era posible entrar a conocer el fondo del tema. El asunto regresó a una juez de distrito e inició un complejo recorrido por la escalinata judicial hasta llegar nuevamente a la Suprema Corte. Ahora, sin embargo, la Corte sí tendrá que resolver si le otorga la razón a estos 15 ciudadanos (varios de ellos académicos, escritores, periodistas, etc.), lo cual les permitiría en el siguiente proceso electoral comprar spots de radio y televisión para, por ejemplo, atacar o apoyar a un candidato a un puesto de elección popular.

El tema es de enorme interés principalmente por dos motivos. Por un lado, con este juicio de amparo se plantea uno de los temas más interesantes de la justicia constitucional:  ¿Es posible considerar inconstitucional una reforma constitucional? En su caso, ¿esta inconstitucionalidad puede ser resultado de anomalías en el proceso de reforma constitucional o también por vulneraciones a derechos fundamentales como el de libertad de expresión? Por el otro, el asunto coloca en la arena judicial una de las discusiones más complejas que existe en los diversos sistemas electorales democráticos: ¿Dónde trazar una línea que equilibre dos valores clave en cualquier dinámica política-electoral: equidad y libertad?

Ahora bien, en los últimos días varios de los ciudadanos que interpusieron este juicio de amparo han esgrimido en diversos periódicos los principales argumentos de este asunto. Héctor Aguilar Camín (aquí y aquí) y Jorge Castañeda subrayaron la semana pasada los principales puntos de su defensa jurídica en contra de este aspecto de la reforma electoral de 2007.  Federico Reyes Heroles este martes pasado se sumó a la defensa de este juicio de amparo. Aguilar Camín es quien mejor ha encapsulado los argumentos principales de este ataque jurídico:

El amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra el artículo 41 de la Constitución, el llamado “amparo de los intelectuales”, que la Suprema Corte revisará en estos días, descansa en cinco argumentos. Uno de procedimiento, cuatro de principio.

El alegato de procedimiento es formal pero sustantivo. Los legisladores simplemente no siguieron todos los pasos legales necesarios para reformar la Constitución.

No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un “proyecto de dictamen” al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades.

Los alegatos de fondo establecen que la reforma violenta cuatro principios fundamentales de la Constitución:

1. El principio de la libre manifestación de las ideas, contenido en el artículo 6, pues la reforma restringe los derechos de manifestar las propias ideas en espacios comprados a la radio y la televisión.

2. El principio de la no discriminación contenido en el artículo 1, pues la reforma discrimina en la difusión de sus ideas a quienes no pertenecen a un partido político.

3. El principio de libre asociación contenido en el artículo 9, pues la reforma obliga a asociarse a alguno de los partidos para poder emitir el tipo de mensajes en cuestión.

4. El principio de igualdad ante la ley, contenido en los artículos 1 y 13, pues la reforma da trato desigual a quienes pertenecen a un partido político y a quienes no.

Previsiones como las del artículo 41 puestas en una ley reglamentaria dejan abierto el espacio a la defensa de los agraviados. Inscritas en la Constitución son inatacables, pero introducen contradicciones insolubles entre libertades universales y restricciones particulares.

Los principios universales del constituyente originario, y no sus enmiendas coyunturales, son los que deben prevalecer en el código. El amparo plantea restituir su primacía.

Se trata, en el fondo, de una averiguación institucional sobre si el Congreso puede tener un contrapeso a la hora de reformar la Constitución y si la Suprema Corte está dispuesta a ejercerlo.

Leo Zuckermann, por su parte, ha reseñado tanto los antecedentes de este “amparo de los intelectuales” como las coordenas del debate que pronto se suscitará entre los ministros de la Suprema Corte:

El 29 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN tomó una primera decisión, histórica, relacionada con nuestro amparo y otros similares: que el juicio de amparo sí procede en contra de reformas a la Constitución. Los partidos se alebrestaron. Criticaron a la Corte por excederse. Amenazaron con sancionar a los ministros. Dos días después, la SCJN resolvió que el Poder Judicial sólo puede revisar el procedimiento de cómo se enmendó la Constitución pero no entrar al fondo del asunto, es decir, si la reforma electoral contraviene o no los derechos humanos. El caso, entonces, se convirtió en un asunto más de forma que de fondo.

Nuestro amparo regresó a una jueza de Distrito quien decidió no resolverlo porque podría llegarse “al extremo de que la Constitución Federal se aplicaría a partir de su reforma a ciertas personas, y a otras no, o bien, que en un mismo territorio, las personas que no hayan promovido el amparo estarían sujetas a un orden constitucional diverso a aquél que tendría aplicación en las personas que sí lo hicieron”. Curiosa interpretación: prefiero dejar desprotegidos a todos los ciudadanos de uno de sus derechos humanos que sólo proteger a unos cuantos. Los demandantes solicitamos a un tribunal colegiado la revisión de esta decisión absurda. El caso finalmente llegó de nuevo a la SCJN. Ya se encuentra listado y se espera su resolución definitiva en estos días.

Es una lástima que los ministros no vayan a entrar al fondo del asunto que es lo más importante e interesante. Al parecer sólo revisarán la forma: si la reforma constitucional se hizo conforme a lo que ordena la ley. Y aquí, según nos informa nuestro abogado, Fabián Aguinaco, encontró graves irregularidades en el procedimiento […]

No obstante, también han circulado artículos de académicos y expertos en estos temas donde presentan argumentos para mantener esta prohibición constitucional. En este contexto, John M. Ackerman señala lo siguiente:

La prohibición contra la contratación de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresión. Así como se prohíbe que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostitución, hoy se protege el interés público al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. Así mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresión de opiniones políticas en la plaza pública o siquiera por periodistas y invitados en la televisión. Lo único que se obstaculiza es la comercialización de los mensajes electorales en los medios electrónicos.

El artículo sexto de la Constitución prohíbe la inquisición judicial o administrativa contra la manifestación de las ideas, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. También habría que recordar que el artículo primero de la Carta Magna explícitamente autoriza la restricción o incluso suspensión de nuestras garantías si otro artículo de la misma Constitución lo mandata explícitamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violación al derecho de asociación y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibición contra la contratación de propaganda se aplica por igual a los partidos políticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en función de que la misma Constitución les otorga la calidad de entidades de interés público.

Una anulación de la reforma electoral sería un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentaría de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello sería el último clavo en el ataúd del desprestigio general que ya de por sí sufren las instituciones de justicia del país. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y esté a la altura del momento histórico.

Ricardo Becerra, por su parte, recién presentó un breve recuento histórico de la perniciosa influencia de los medios de comunicación en la equidad de los procesos electorales, y la importancia de la reforma electoral de 2007 como solución a este complejo problema. Raúl Trejo Delarbre, en la misma línea de Ackerman, expone un abanico de argumentos para defender la prohibición de comprar spots de radio y televisión en los procesos electorales:

Es cierto que la libertad de expresión queda limitada con esa disposición constitucional. Pero resulta olvidadizo, o demagógico, suponer que esa libertad, o cualquier otra, se pueden ejercer de manera absoluta. La televisión y la radio están ceñidas a normas en materia de contenidos y publicidad, por ejemplo, que no siempre se cumplen pero que constituyen principios básicos para el desempeño de la responsabilidad a la que esos medios están obligados con la sociedad. En el campo electoral, los partidos y ciudadanos tienen que ajustar sus actividades a las reglas que valen para todos. La disposición constitucional a la que nos referimos impide que algún empresario poderoso (o, en estos tiempos, un narcotraficante politizado) contrate anuncios en televisión para favorecer o perjudicar a un candidato (como sucedió ya poco antes de las elecciones presidenciales de 2006) pero no obstaculiza, en absoluto, la posibilidad de que los ciudadanos opinen y participen en los medios de comunicación. El único veto es a la contratación de espacios. Esa taxativa, por supuesto, afecta e irrita a las cadenas de radio y a las televisoras comerciales.

La demanda de amparo de aquellos intelectuales, suscitó distintas reacciones críticas. En julio de 2008 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encabezada entonces por el ahora diputado Javier Corral Jurado, entregó en la Suprema Corte de Justicia un detallado comunicado en donde respaldaba la reforma constitucional que abolió el mercadeo de la propaganda política.

Cada uno de los principales argumentos de la demanda de amparo era respondido en aquel documento que fue suscrito, entre otros, por Carmen Aristegui, Alberto Aziz, Beatriz Solís, Jorge Carpizo, Jaime Cárdenas, Felipe Cazals, Lorenzo Cordova, Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Madrazo, Beatriz Solís, Francisco Toledo, José Woldenberg y el autor de esta columna.

En los últimos días, José Woldenberg, Pedro Salazar y Lorenzo Córdova se han sumado, a partir de diferentes perspectivas, a defender la reforma electoral 2007. Córdova, por ejemplo, aborda un tema de enorme importancia: ¿Qué pasaría si la Corte le da la razón a los quince intelectuales? ¿Cuáles serían los efectos considerando las características del juicio de amparo?

El efecto de que la SCJN juzgara válidos cualquiera de esos alegatos es, sin medias tintas, que la reforma (en conjunto o respecto de la prohibición señalada) es válida para todos menos para los quejosos en virtud de la cláusula de relatividad de las sentencias que caracteriza al amparo. Sin embargo, el efecto demostración sería obvio. Los juzgadores que todavía conocen el resto de los amparos interpuestos por grupos empresariales, las principales televisoras y otros concesionarios seguramente seguirían el criterio y los argumentos de la Suprema Corte y concederían los respectivos recursos.

Pero, de nuevo, sólo los sujetos amparados se verían exceptuados de las obligaciones y prohibiciones derivadas de la reforma. El resto de ciudadanos, concesionarios y permisionarios, partidos políticos, así como los muchos intelectuales que no nos amparamos, estaríamos obligados por la reforma.

Pero más allá del tecnicismo, ¿qué pasaría ante ese escenario? Cuando el IFE remitiera a las televisoras amparadas los pautados con los promocionales de los partidos políticos para que se transmitieran en los tiempos del Estado, los mismos les serían devueltos porque ni Televisa ni TV Azteca estarían obligadas a cumplir con ello (¡gracias a sus amparos!). Sin embargo, alguno de los 15 intelectuales o alguno de los grupos empresariales que obtuvieran el amparo podrían erogar cantidades millonarias para promocionar a los candidatos de su preferencia y, las televisoras, legítimamente podrían venderles publicidad para ello (¡gracias a sus amparos!).

¡Claro! Para evitar un escenario aberrante como el descrito, el Congreso debería procesar expeditamente una contrarreforma revocando los cambios constitucionales de 2007 y las leyes derivadas de aquellos. Pero, ¿y si por alguna razón esa contrarreforma no estuviera publicada a inicios del próximo mes de julio, cuando se cierra el plazo temporal que la Constitución prevé para modificar las normas electorales de cara a la elección de 2012? Bueno, pues en el proceso electoral presidencial los partidos políticos y los órganos electorales estarían excluidos de buena parte del espectro radiofónico y televisivo, mismo que estaría reservado sólo a los particulares amparados que podrían libremente comprar y vender publicidad

Seguramente en los siguientes días, empezarán a circular más opiniones y argumentos respecto este controvertido juicio de amparo. Lo más interesante, sin embargo, es que pronto también podremos empezar a conocer las posiciones de los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

E Juego de la Suprema Corte