El buen periodismo jurídico hoy en día afortunadamente se puede encontrar en varios medios de comunicación, incluidos periódicos, revistas, televisión, radio y plataformas en línea. Los periodistas jurídicos suelen trabajar junto con expertos jurídicos para garantizar la exactitud e integridad de la información que generan. Su trabajo sirve como una fuente vital de información para el público, los propios profesionales del derecho y quienes tienen a su cargo el diseño de cambios normativos. Un buen periodismo jurídico contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento general del Estado de derecho.

En México, el Poder Judicial está en una posición de debilidad porque no tiene respaldo de la opinión pública y no hay una campaña precisa de medios sobre su papel y sus sentencias y; por el otro lado, tampoco existe una coalición de apoyo de grupos de interés y sectores de la sociedad que estén respaldando a la judicatura federal. Es necesario colocar la atención en la reforma judicial del presidente y no olvidar que las disputas en materia de derechos humanos y los conflictos entre las elites requieren una Corte independiente y poderosa.

En el 2027 se completará la puesta en marcha de esta transformación con la gradual incorporación a nivel nacional de los juicios orales en materia civil y familiar. Estos representan más de dos terceras partes del total de casos que resuelven los tribunales locales en el país. En otras palabras, la mayor parte de toda la justicia que se imparte en México. Con ello, México habrá realizado la reforma a la oralidad más ambiciosa en la región y posiblemente a nivel internacional. Hemos implementado ya el sistema oral o por audiencias en todo el país en materia penal, mercantil y más recientemente, en materia laboral. La pregunta más importante y que trataré de abordar en estas breves líneas, es si este tipo de procesos judiciales son mejores. En términos muy concretos, si son más justos. ¿Qué evidencia tenemos de ello?

En los últimos meses ha retomado fuerza la discusión sobre el papel que tienen las personas juzgadoras en México, tanto por parte de la ciudadanía que reclama una mayor responsabilidad y eficiencia de los jueces y juezas del país, como de los políticos mexicanos que han visto minadas sus intenciones y acciones regresivas para debilitar al Poder Judicial. El foco de atención se ha puesto sobre las personas juzgadoras, y no necesariamente sobre los retos para que el país pueda contar con un sistema de justicia que funcione, sobre todo para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

En un sorpresivo movimiento, un diputado integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que, disfrazada de reforma a la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, pretende limitar la procedencia del juicio de amparo u obligar su sobreseimiento cuando en vía de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad se impugne la constitucionalidad de una norma general y no se alcance la votación mayoritaria requerida de 8 votos para su invalidez.