Son cinco los hallazgos que se derivan de este ejercicio de búsqueda y análisis de información pública disponible sobre las defensorías públicas locales en México. El primero, 1 de cada 100 abogados mexicanos laboran en las defensorías públicas locales. El segundo, a nivel nacional laboran un promedio de 128 abogados públicos por entidad federativa. El tercero, 50 % de las personas empleadas en la defensa pública son mujeres. El cuarto, casi 40 % del total de los sujetos procesados por el sistema de justicia penal son representados por un abogado público, en las entidades federativas. El quinto, en promedio, cada defensor público local recibe bimestralmente a 3 nuevos sujetos procesados por el sistema de justicia penal a nivel nacional.
Día a Día
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Digna Ochoa: una sentencia sobre crisis institucional, interseccionalidad e impacto
El caso de Digna Ochoa abre nuevos espacios de diálogo para pensar en la crisis de la protección de personas defensoras de derechos humanos, la importancia del enfoque interseccional en casos de violaciones graves a derechos humanos y la impunidad como causa de la perpetuación de este tipo de violaciones. La publicación de la sentencia tiene la capacidad de fortalecer y visibilizar los esfuerzos que día a día se realizan desde sociedad civil en la búsqueda de soluciones estructurales para la protección de personas defensoras. Estas soluciones incluyen, pero definitivamente no se limitan, a lo ordenado por la CorteIDH.
Lawfare electoral
¿Será acaso que la estrategia del diputado Gutiérrez Luna no sea que la SCJN le dé la razón en el fondo, sino conseguir otra resolución cautelar que permita, dado los tiempos que lleva la sustanciación del litigio principal, al presidente de la República y su administración continuar difundiendo propaganda gubernamental durante el periodo de veda?
Conversación: el derecho y las agendas feministas
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Aún hoy, hay quien expresa incomodidad frente a este día, por razones que, si bien son distintas, comparten ciertos elementos. Me gustaría comenzar por una objeción que he escuchado o he leído con frecuencia porque creo que nos permite comenzar a adentrarnos en lo jurídico, que es uno de los puntos que nos tienen aquí hoy. Esta idea de: ¿por qué sigue siendo necesario un día como el 8 de marzo cuando las mujeres “ya tienen todos los derechos”?
El manejo de la pandemia de covid-19 en México: ¿violaciones graves de derechos humanos?
Cuando en el futuro se hable de la forma en que las autoridades sanitarias enfrentaron la pandemia de covid-19, encontraremos una visión histórica bastante cuestionable y; por otro lado, una verdad jurídica que será implacable ya sea determinada por los tribunales mexicanos o por instituciones internacionales más allá de nuestras fronteras.
Derecho y Tecnología · Día a Día · Internacional
La tuit-diplomacia como herramienta jurídica en la invasión a Ucrania
Hoy a través de Twitter o Facebook, los Estados son capaces expresar posiciones que antes, por la rigidez de las comunicaciones o las reglas en los foros de discusión no veíamos. Basta observar cómo, más allá del Consejo de Seguridad, en estos días ha sido sumamente complicado que los Estados se pronuncien en otros órganos de Naciones Unidas u organismos multilaterales. Que los Estados o sus representantes se pronuncien en Twitter o Facebook tiene un efecto en cómo se interpreta la Carta de Naciones Unidad ahora y cómo deberemos leer los hechos de la invasión en los años venideros. Ello tiene el potencial de crear límites jurídicos que antes no existían y evita.
¿Es convencional que la prisión preventiva oficiosa sea revisada pasados dos años como lo indica la Constitución?
Lo que sí se puede afirmar, es que la respuesta que ha suministrado la Suprema Corte no es convencionalmente suficiente, pues merma los efectos de lo que ha sido considerado un plazo razonable, que deben ser empleados de igual manera para determinar, en casos de prisión preventiva oficiosa o automática, si la revisión que periódicamente se debe realizar sobre las causas de mantenimiento -y de forma oficiosa- se ha llevado a cabo de conformidad con el cúmulo de derechos que se encuentran relacionados con esta situación jurídica.
¿El test de proporcionalidad implica una argumentación moral?
En sí, considero que estos casos confirman la moralidad argumentativa que implica (en ciertas ocasiones) el emplear un test de proporcionalidad como herramienta metodológica para atribuir significa a nuestra Constitución.
Guía para desmantelar órganos constitucionales autónomos
Actualmente descansan en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador listas de candidatos que envió el comité de evaluación para cubrir las vacantes del IFT y de la Cofece pero el presidente de la República, simple y sencillamente, ha omitido nombrarlos.
Jueces, vacunación covid-19 y un nuevo contrato social
“Emmerder” —que significa fastidiar o joder— a los no vacunados, fue la expresión utilizada por el presidente francés Emmanuel Macron para referirse al espíritu de su política sobre la necesidad de contar con el carnet de vacunación, para poder acceder a determinados establecimientos comerciales y culturales. Lo anterior, a pesar de que él mismo afirma no considera pertinente hacer obligatoria la vacunación. Al respecto, en los últimos días hemos visto diversas sentencias en tribunales en el mundo que han abordado la problemática de que un segmento importante de la población ha decidido no vacunarse.