Este sentido, recientemente, en abril de 2022, entró en vigor el decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social. Esta adición establece que las campañas de comunicación social de todo ente público deben, como regla, utilizar el lenguaje incluyente, libre de discriminación eliminando cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

El pasado 25 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia realizó el estudio del amparo en revisión 96/2022, que abordó el tema de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Una mayoría de ministros votó en contra de la propuesta, de tal manera que el asunto reenvié a otro ministro para elaborar un nuevo proyecto de sentencia. En el centro del debate de este asunto están dos posturas de enorme relevancia para el orden jurídico mexicano: por un lado, preferir las restricciones constitucionales de acuerdo con los argumentos de la contradicción de tesis 293/2011 y del varios 1396/2011 o, por el otro lado, abrir la posibilidad de ‘inaplicar’ o inclusive declarar la invalidez de reformas a la Constitución.

A partir del 24 de mayo entró en vigor una nueva forma de turnar que se basa en un sistema automático y aleatorio. Por tanto, desde ese momento, todas las salas que integran el TEPJF turnan los asuntos que se presenten ante su conocimiento según la aplicación de un algoritmo digital, que, utilizando los elementos del azar, define el orden de las magistraturas de manera que el turno de los expedientes judiciales sea ágil, justo y equilibrado.

El jueves pasado el pleno de la Suprema Corte resolvió un asunto que podría resumir parte de este juego. En la controversia constitucional 325/2019, la Corte resolvió que, aunque las resoluciones del instituto son definitivas e inimpugnables en términos del artículo sexto constitucional, la Fiscalía —y otros órganos— sí podría someterla a escrutinio judicial y revocarla, cuando sus efectos impacten en su ámbito competencial. Es decir, que puede impugnarse una resolución que constitucionalmente es inatacable y que puede revocarse una resolución que constitucionalmente es definitiva. Este artículo recupera las aristas del debate, el saldo de la discusión y los efectos que tendrá el fallo en el derecho de transparencia y acceso a la información pública

Existen dos formas de persuadir a un juez o un jurado: i) con líneas argumentativas basadas en premisas cuyo contenido es acorde al derecho; ii) o con trampas argumentativas que se alejan por completo del rigor dialéctico, es decir, con falacias. Anteriormente, hemos visto en este mismo espacio, algunos vicios de la argumentación que son comunes en el mundo jurídico y político. Ahora, quisiera centrarme en los juicios de orden criminal.

No está de más mencionar que, al no haber un pronunciamiento y estudio específico de la constitucionalidad de los artículos originalmente reclamados, quedaría abierta la posibilidad de seguir reclamando su inconstitucionalidad. Sin embargo, resulta decepcionante que, a siete años del fallo SMART en el que se reconoció por primera vez la protección constitucional del consumo personal y adulto de cannabis, la Suprema Corte de Justicia continúe evadiendo la discusión sobre la descriminalización efectiva de la posesión con fines de consumo y que no afecta a terceras personas.