En su aniversario número diez es difícil ofrecer de lo obtenido con las reformas constitucionales de junio de 2011. Al menos, no frente a la polarización que ha trascendido al círculo de los constitucionalistas en 2021 con motivo de las crisis institucionales producidas por la pandemia y el descrédito de la democracia representativa para resolver los grandes problemas de la actualidad ahora más agudizados —desigualdad social, inseguridad y corrupción. ¿Somos testigos de la culminación de la esperada modernización de nuestro modelo constitucional? O, por el contrario, ¿acudimos a presenciar una crisis estructural que pone en riesgo nuestra democracia?

La reforma de 2011 parecía ser una transformación profunda, pero para la defensa de los derechos reproductivos se ha quedado corta.

En este contexto, considero necesario hacer al menos dos apuntes sobre la idoneidad de esta vía para resolver sobre la constitucionalidad de la #LeyZaldivar.

Quizá la mejor manera de hacer un balance sobre la primera década de la reforma de derechos humanos no sea elaborar el enésimo recuento de las tesis de la SCJN o un nuevo panegírico sobre el papel de determinado ministro, sino más bien adoptar la perspectiva de Epp y analizar cómo se encuentran en el país las estructuras de apoyo a las luchas por los derechos; el apoyo público a esta agenda; el ensanchamiento de esa estrecha puerta mediante la que se accede a la justicia que es el derecho procesal; el desamparo de las víctimas ante la impunidad; la provisión de servicios jurídicos para los más pobres.

En reiteradas ocasiones el senador Ricardo Monreal ha insistido en que se puede y debe iniciar el procedimiento de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Sorprende su posición como senador y doctor en derecho dada la regulación actual de la figura que se derivó de un mal uso histórico de la facultad.

A más de un mes de su aprobación seguimos esperando. Si bien no sabemos exactamente cuál es la razón por la que el presidente López Obrador ha decidido no promulgar y publicar la ley, sí sabemos que la #LeyZaldívar no puede impugnarse mientras no se publique.

¿En qué medida la mayor presencia de mujeres representantes en el Congreso permite legislar a favor de temas de igualdad de género? ¿Por qué algunos temas feministas sí son incorporados a la agenda parlamentaria y otros no? Estas son algunas de las grandes preguntas planteadas por los estudios sobre representación política, generalmente analizados como la relación entre representación descriptiva y sustantiva.

En los casi 150 años que tiene de vigencia, la figura de la desaparición de poderes no puede ni debe leerse en clave de persecución o vendetta política, pues sus fines originales consistieron en principios de la mayor relevancia como el federalismo, la forma republicana de gobierno, así como los derechos políticos de los ciudadanos. De tal manera que, más allá de nuestras fronteras, los actos u omisiones que deriven de una eventual desviación de poder en el marco actuaciones arbitrarias, también puedan ser objeto de análisis y condena en los respectivos foros internacionales.