Días antes, varios juristas de reconocida trayectoria se manifestaron a favor de la inconstitucionalidad de la consulta. Hay quien con cierto grado de exageración ha calificado de impecable el proyecto del ministro. Yo no creo que sea así. Es indudable que las carpetas de investigación pueden iniciarse sin consulta y también es indudable que el resultado de la misma pueda significar un enorme respaldo para las instituciones responsables. Pero esto de ninguna manera hace evidente la inconstitucionalidad. Noto debilidades en el proyecto.

Hay que repetirlo todas las veces que sean necesarias: no nos oponemos a que expresidentes que pudieron haber cometido delitos de cualquier índole en sexenios pasados sean investigados y, en su caso, procesados y sancionados. Al contrario, exigimos que el presidente de la República, en respeto absoluto al principio de justicia pronta y expedita, presente a la brevedad posible las pruebas que pueda tener en contra de dichos exfuncionarios a fin de que las autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia hagan su trabajo.

La consulta popular propuesta por el Presidente de la República sobre el posible juicio a los expresidentes de México constituye un claro ejemplo de desprecio a la ley. Este país se ha levantado sobre la base del acuerdo tácito de obedecer la ley, como una razón perentoria, es decir, que excluye posibles deliberaciones o preferencias personales, precisamente por su carácter general, abstracto e impersonal.

No quiero pecar de ingenuidad: sé que la relación entre política y derecho es estrecha, de múltiples aristas y que el derecho usa a la política, y viceversa. Tampoco quiero pecar de formalista, de ser un fetichista legal y constitucional, que ve en la letra de la ley mandatos de bronce atrapados en una caja de cristal. Pero, en verdad, la petición de consulta constitucional enviada por el Ejecutivo al Senado, y por éste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene pies ni cabeza.

Quienes se oponen a la consulta no deben desestimar un argumento central de quienes la defienden: nuestro sistema de justicia no tiene cómo procesar conflictos de alta volatilidad política y que están relacionados con agravios populares resentidos masivamente. A la SCJN le ha tomado muchos años modificar sus criterios sobre reparación del daño y ha reiterado en más de una ocasión que, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un tribunal que pueda ocuparse de violaciones masivas de derechos humanos.