En principio, la consulta sobre juicio político a expresidentes y las demás consultas pudieran parecer lo mismo, aunque en realidad no lo son. Como dice el proverbio popular: “la forma es fondo”. Llama la atención que, a diferencia de los casos anteriores, la consulta para enjuiciar ex mandatarios nacionales se haría conforme al procedimiento formal que marca la Constitución en su artículo 35 fracción VIII, mientras que las anteriores fueron consultas que no siguieron casi ningún requisito o procedimiento legal. Esto afectó la legitimidad de sus resultados: hubo una falta de representatividad importante, no las organizó la autoridad competente, y se formularon preguntas sesgadas y parciales, entre otros vicios. En este sentido, no podemos confundir una consulta de ese tipo, con el mecanismo formal de democracia directa establecido en la Constitución, que es la consulta popular.
Día a Día
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El protocolo de acoso y hostigamiento sexual del INAI: más prevención menos sanción
Sin duda, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del INAI es un paso para que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos para prevenir la violencia de género. Sin embargo, sigue faltando el integrar medidas de prevención concretas e incluir un enfoque de derechos humanos incluyente para que el resultado del mecanismo sea una reparación integral a la víctima.
¿Se debe eliminar el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
En el proyecto de reforma judicial se considera que la sustitución de jurisprudencia no tiene cabida en un sistema de precedentes sin que se dé un caso concreto. Pero, en verdad, ¿se debe eliminar este procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
¿Es viable la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes?
El tema recién propuesto a debate por el presidente López Obrador consiste en consultar a los ciudadanos mexicanos si desean llevar a juicio a los expresidentes de la República.
Mitigar los efectos de la violencia de género en los centros de trabajo: un compromiso pendiente
La ratificación del Convenio 190 y la implementación de las medidas establecidas en su Recomendación 206 constituyen iniciativas al alcance del Estado mexicano para atender la violencia en contra de las mujeres –tanto familiar como doméstica– y cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Por eso, frente al contexto de la nueva normalidad, es necesario que el Estado mexicano ratifique el instrumento internacional de la OIT y desarrolle normativas y políticas que busquen atender y mitigar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo los espacios públicos y privados de las mujeres mexicanas.
Hacia una nueva realidad judicial: la publicidad de las sentencias
Esta modificación que obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, fue publicada el pasado 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Han pasado más de 190 años desde que se estableció el poder judicial en México — exactamente en el año 1824—. Esto es, la opacidad y la inaccesibilidad de la información han caracterizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, durante casi dos siglos.
El presidente AMLO y la Constitución: cuando la regresión se disfraza de transformación
La elección del 2018 permitió el acceso pacífico e institucional al poder aun movimiento masivo de rechazo al statu quo. Sin embargo, más allá de aprovechar el ímpetu del movimiento para avanzar o, por lo menos, conducir su proyecto de nación por vías institucionales de cambio constitucional, el actual gobierno parece más tendiente a implementar políticas constitucionalmente retrógradas.
El (otro) mundo del abogado
Ingresar a los colegios de abogados en México se parece más a formar parte de una aristocracia en ciernes —toga y medallas incluidas— que a la salvaguarda del ejercicio profesional dentro de la mejor tradición democrática liberal basada en los contrapesos y la vigilancia mutua. Es cierto, hay muchas actividades valiosas en la trayectoria de los colegios. No todo es negativo. Pero, a la hora de la verdad, cuando es necesaria la defensa de la profesión o la revisión del comportamiento ético de sus miembros las acciones flaquean.
Caso Elvia: la infraestructura como obstáculo a la igualdad e inclusión educativa
El caso Elvia sería para la Primera Sala de la Suprema Corte una oportunidad inédita de pronunciarse sobre la complejidad en la que viven niños, adolescentes y adultos con hipocondroplasia u otras limitaciones físicas, así como combatir la desigualdad en la educación, la cual está aún lejos de ser completamente inclusiva en materia de ajustes razonables en la infraestructura.
Aborto: la discusión que no fue
El pasado miércoles 29 de julio, la primera sala de la Suprema Corte discutió públicamente sobre aborto durante diecinueve minutos y cuarenta y siete segundos. Discutir es un decir; que el tema haya sido el aborto, también. Los discursos de los ministros se acompasaron; pero no hubo deliberación. El sentido de los votos fue claro. Pero sus pronunciamientos sobre derechos, violencia de género y aborto —para quienes se los permitieron— fueron anémicos, abúlicos o esquivos. La impotencia de las alertas de género emitidas en Veracruz; la tasa de mortalidad materna por aborto en la entidad; la inaplicación de la NOM-046; y la cuestión de si es discriminatoria o no la penalización del aborto, se convirtieron en las patas de un enorme elefante que se hizo presente en la primera sala, apretujando a los ministros en los marcos, ya de por sí reducidos, de su encuentro virtual.