Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre abril y junio del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

La Suprema Corte, con o sin Ley General contra la tortura, debería ser la primera institución interesada en sentar precedentes claros para guiar a los poderes judiciales del país en la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Si la SCJN no es capaz de trasladar al Ministerio Público la exigencia mínima de que justifique sus propias pruebas sospechosas, podemos concluir que el liderazgo que alguna vez caracterizaba a la Corte en el tema de exclusión de pruebas ilícitas quedó en el pasado.

La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Campeche dejó pasar una gran oportunidad para demostrar que el amparo puede ser un medio para garantizar el cumplimiento de las promesas constitucionales y convencionales. Sobre todo, porque los operadores judiciales, desde el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de prevenir y reparar las múltiples violaciones que se configuran en casos de desplazamiento forzado interno, como es el caso del poblado de San Antonio Ebulá.

Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional.

La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad. Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia.

Comunidades alrededor de la capital yucateca –muchas de ellas de mayoría maya- se ven amenazadas por el crecimiento de una mancha urbana sostenida por la economía de la especulación inmobiliaria. El caso de visibilización más reciente, el de la comunidad de Santa Gertrudis Copó, nos alerta sobre la necesidad de hablar de un fenómeno más común de lo que aparenta: el “domicidio”.

El pasado 10 de mayo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en ciudad de México (juez de distrito), Fernando Silva García, dictó la sentencia del juicio de amparo 124/2018 (sentencia) en la que declaró que la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulnera “las condiciones previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece los parámetros de actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz y en consecuencia, viola los artículos 14, 16, 29, 89 y 129 de la Constitución federal”.