Recientemente ha sido publicado el engrose de la contradicción de tesis 299/2013 (CT-299) resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vale recordar que el tema central de esta contradicción era valorar la posibilidad de que los jueces inferiores no aplicaran, en un caso concreto, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en términos de la Ley de Amparo, por considerarla inconstitucional o inconvencional.

Hay que tener presente también que entorno a las sesiones públicas ordinarias del Pleno del mes de octubre del año pasado, en el que se decidió la CT-299, en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, se presentó un debate iniciado por Juan Luis Hernández Macías (aquí), el cual fue atendido por Geraldina González de la Vega (aquí y aquí) y por mí (aquí). En ese peloteo, González de la Vega defendió la solución adoptada por la mayoría de ministros: la jurisprudencia obligatoria de la Corte no puede ser inaplicada por los jueces inferiores. En esta oportunidad, con sentencia en mano, pretendo mencionar las razones por las que reafirmo mi postura de admitir la posibilidad de inaplicación.

Primero, a partir de lectura de la sentencia ésta resulta insatisfactoria. Se podría esperar una argumentación desarrollada y suficiente que diera razones sustanciales para sostener la imposibilidad de inaplicación de la jurisprudencia obligatoria. En cambio, el sustento ofrecido por la Corte gira en torno a un argumento circular que señala únicamente dos motivos, y que se reducen a lo siguiente: no es posible inaplicar porque 1) la jurisprudencia es obligatoria, de acuerdo a la Ley de Amparo y 2) ello es así porque de otra forma no habría seguridad jurídica ni certeza sobre qué decisión esperar de un juez inferior.

Segundo, no solamente se trata de insuficiencia de razones, sino del tipo de razones ofrecidas: la primera es un argumento legalista (que suena algo así como: “porque la ley lo dice”), mientras que la segunda se disfraza de un derecho fundamental (el de la seguridad jurídica) pero que se utiliza para vaciar de contenido el mandato constitucional sustancial, dirigido al juzgador que le ordena aplicar la norma (el significado de la disposición normativa) que más favorezca a las personas y a sus derechos.

Es decir, utilizando básicamente la Ley de Amparo, y con el objetivo de no hacer nugatorio un sistema constitucional de jurisprudencia obligatoria, la Corte hace nugatorio, en este contexto, el principio pro persona. Con ello, sin embargo, contradice lo resuelto por ella misma anteriormente en la contradicción de tesis 293/2011 (CT-293), donde admitió la posibilidad de inaplicar criterios jurídicos nacionales, siendo una razón fundamental para ello este principio. En palabras de la Corte: «En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona”. [i] [cursivas del original].

En sí, las razones de la Suprema Corte tienen un tufo autoritario, basadas no en el qué de la decisión sino en el quién. No en la sustancia de la razón, sino en la forma en que es presentada –de manera obligatoria-. La Corte es consciente (al menos eso parece) de que hay criterios jurisprudenciales por ella sostenidos que podrían no ajustarse a los derechos constitucionalizados, pero, de nuevo, se preocupa más por el quién hará algo al respecto: que sean los jueces quienes pregunten a la Corte para que sea ella misma quien decida.

Podría decirse –como se ha dicho- que esto último es algo propio de la configuración de nuestro sistema de control constitucional, el cual se ha fundado en la fuerza obligatoria de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte para todos los demás juzgadores, de quienes se espera una observancia irrestricta, y que todo ello en su conjunto se traduce en una pretensión de unidad y coherencia del sistema constitucional en su conjunto.

Sin embargo, recurrir a un argumento de la “naturaleza de un sistema” es insuficiente cuando nos encontramos frente a un escenario en el que no sólo el sistema de control, sino el ordenamiento constitucional en su totalidad, ha modificado su base de legitimidad: ya no se encuentra ésta en razones autoritativas, que atienden a la forma de producción de los mandatos jurídicos, sino que ahora se ha trasladado a la esfera de la sustancia. Esto es, a que tales mandatos (como lo son las jurisprudencias) sean conformes y coherentes con los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional.

razonIgualmente, el argumento de la certeza y seguridad jurídicas deviene insuficiente y contradictorio cuando se acepta el ejercicio del control de legitimidad de las leyes. ¿Cuál es la certeza que tendremos en la práctica jurídica si los jueces pueden inaplicar los criterios de la Corte? Esta pregunta puede fácilmente modificarse por otra: ¿cuál es la certeza que tendremos si los jueces pueden inaplicar las normas del legislador? Para responder a la primera tendremos que responder a la segunda. O, ¿será acaso que, simplemente, desconfiamos de nuestros jueces ordinarios? No dudo que muchos tengamos razones para hacerlo, pero si eso es motivo suficiente para que no puedan inaplicar la jurisprudencia, entonces, tampoco debemos confiarles la facultad[ii] de inaplicar las leyes. De nuevo, la única forma de ser congruentes con esta línea argumentativa es si se niega a los jueces el control de constitucionalidad de las normas.

Es más, admitir el control judicial de las leyes en un sistema de derecho positivo, como el nuestro, conduce a la posibilidad regulada de un control de las interpretaciones que se hacen de esas leyes. Esto nace de distinguir netamente que el derecho positivo es tanto el signo como el significado, tanto el «derecho vigente» (positivo, objetivo o empíricamente existente) como el «derecho viviente» (interpretado, argumentado o aplicado)[iii]. Esta distinción ha sido incluso advertida por la Corte en la CT-293, donde explicó que una cosa es la «disposición normativa» y otra es la «norma», la primera «el texto de un determinado ordenamiento», mientras que la segunda es el «significado que se le atribuye a ese texto»[iv].

En consonancia con lo anterior, en realidad son los significados más que los signos los que pueden contrariar los derechos constitucionales. De hecho, esa es la idea que inspira a una herramienta constitucional como lo es la interpretación conforme: a través de ella, lo que se busca es compatibilizar los significados (la norma) de una disposición, sin tener que cambiar los signos (el enunciado normativo). Por ello, la razón fundamental del control judicial está en regular las normas derivadas de las interpretaciones que se hacen de las disposiciones o enunciados normativos. Así, más que sobre las disposiciones legislativas, el control de constitucionalidad se ejerce sobre los significados a ellas atribuidas, es decir, sobre sus interpretaciones.

Finalmente, la contrapropuesta: tomarse en serio el principio pro persona y la sustancia del Estado constitucional de derecho, que son los derechos fundamentales, abre las posibilidades al diálogo jurisprudencial y a la pluralidad de argumentos y perspectivas. ¿Cómo evitar que eso no se convierta en arbitrariedad? A través de garantías y de reglas, cuya configuración tendría que explorarse detenidamente.

Sin embargo, se puede comenzar por lo siguiente: la primera de las garantías tendría que ser la exigencia al juzgador de argumentar de manera razonable y suficiente su decisión de inaplicar un criterio jurisprudencial por considerarlo contrario a los principios constitucionales o a los derechos convencionales. La segunda de ellas, como expone el ministro José Ramón Cossío en su voto particular de la CT-299, tendría que ser una vía de revisión de la decisión de inaplicación, en la que se valoraran los razonamientos de la misma hechos por los jueces inferiores.

Es de esta manera, que la discusión se abre, puesto que tanto los jueces supremos como los ordinarios tienen voz y aportan argumentaciones distintas, siempre en aras de una mejor protección de los derechos de las personas. Sólo de esta manera el debate no está terminado desde el principio, porque así no solamente se trata de quién tiene la última palabra, sino de cuál es la solución que asegura de mejor manera la finalidad del Estado: la tutela de los derechos fundamentales.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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[i] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2014. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pág. 59.

[ii] Aunque más que facultad, los jueces ordinarios tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que están llamados a aplicar con los principios constitucionales. Véase el expediente varios 912/2010 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§31-ss.

[iii] Véase: Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Trad. P. Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta. Págs. 126-128.

[iv] CT-293/2011, supra nota 1; pág. 57.