El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En medio del torbellino de noticias, el asunto pasó casi desapercibido. Sin embargo, las disposiciones de este código conllevan uno de los cambios más profundos y significativos para el derecho mexicano, pues modifica sustancialmente los procedimientos para aplicar las reglas y principios del juicio oral, considera los beneficios de la justicia alternativa, reconoce e introduce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y permite ajustes al procedimiento para que, sin alterar el principio de igualdad procesal, las autoridades jurisdiccionales puedan reconocer las condición de vulnerabilidad de las partes.

En contra de lo que sostenía su maestro Héctor-Fix Zamudio sobre la relevancia de interpretar la Constitución y reivindicarla como una norma jurídica, Zaldívar optó por sumergirse por completo en la búsqueda de ejercer el poder político.

Sin duda, la época actual y las condiciones climáticas tanto de México como del mundo demandan de los gobiernos una evolución y mejora constante en las acciones que llevan a cabo para brindar justicia climática a sus poblaciones. El hecho de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad patrimonial frente a los gobernados no solo implica acciones de distribución de ayuda humanitaria entre los afectados. Supone implementar programas para la reparación integral de los daños causados a la población; integrar políticas de diseño urbano y ordenamiento territorial que contemplen medidas de adaptación en zonas como la costa de Guerrero afectada; implementar medidas de prevención y mejoras en los sistemas de protección civil municipal, estatal y federal al igual que medidas para reparar los ecosistemas y bosques afectados. La responsabilidad patrimonial del Estado es un mecanismo para mejorar permanentemente la función administrativa y lograr la justicia climática en beneficio de los habitantes.

El pasado 7 de noviembre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El único precedente desde la reforma constitucional judicial de 1994 es la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora aprobada por el Senado el 8 de octubre de 2019. En ambos casos, más allá de los comunicados de los ministros, no se ha dado a conocer la “causa grave” que los motivó, a pesar de que por mandato constitucional es requisito para la renuncia, vulnerando con ello el acceso a la información de los ciudadanos y obligando a la reflexión sobre la regulación del procedimiento de renuncia, de especial importancia en la actual coyuntura en la que se encuentran inmersos la división de poderes y la independencia judicial.

El Poder Judicial no es simplemente una entidad abstracta, sino la última barrera que resguarda los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su autonomía y fortaleza son sinónimos de un régimen democrático robusto, y su debilitamiento, un preludio de la erosión democrática.

Sócrates sostuvo que quien desprecia la ley es un ingrato, porque gracias a ella hemos crecido y hemos sido educados y protegidos. Los ministros de la Corte lo son gracias a la ley. Luego, quien siendo ministro no es capaz de conducirse hasta el final de su encargo por los canales legales, y se comporta como alguien impermeable a los mandatos de una Constitución que juró defender, no puede sino ser calificado como un ingrato. No sabemos qué pasará en el futuro próximo del ministro Zaldívar. Lo que sí sabemos es que él, a diferencia de Sócrates, sí hubiera seguido el consejo de Critón.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos un caso que podría implicar el nacimiento formal de un nuevo derecho en México: el derecho de los gobernados a exigir una indemnización del Estado, por el error de sus jueces al resolver controversias. Lo que está en juego es si existe un derecho humano a la impartición de justicia eficiente y si es universal o limitado a cierta categoría de víctimas.