La configuración actual de la política migratoria mexicana ha sido constantemente cuestionada, situación que debería no sólo generar indignación, sino también vergüenza. El amparo en revisión 282/2019 es una oportunidad imperdible y puede representar el primer paso para reparar esta situación; para dotar de razonabilidad y humanidad a las normas migratorias y para encaminar la política migratoria hacia un necesario enfoque de derechos humanos. Esperemos que la Suprema Corte esté a la altura, aproveche la oportunidad y resuelva el caso con base en los estándares internacionales que el Estado mexicano debe cumplir, pero que ha violado a lo largo de los años.

La más grande campaña de vacunación en la historia de México presenta áreas de oportunidad constitucional. Soslayar estas fallas jurídicas podría traducirse en impugnaciones a futuro y, no menos importante, en un plan mal diseñado anclado en una falta de certeza para la población sobre cómo proteger su salud.

El 29 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa matutina, el gobierno del presidente López Obrador anunció que la vacuna covid-19 sería aplicada de forma universal y gratuita. Dichas declaraciones han venido a zanjar especulaciones en torno al acceso libre de todas las personas, lo que podría representar la luz al final del túnel para paliar los efectos de esta pandemia. En este contexto, ha arribado una interesante discusión en relación con la distribución y venta de la vacuna por parte de particulares.

Un fortalecimiento del verdadero Tribunal Constitucional exige una ruptura con el pasado, no una complicidad con el presente. La “reforma judicial Zaldívar” nada tiene de ruptura, por lo tanto, no es transformación, es un acomodamiento organizacional de la Constitución, sin legitimación en los argumentos, ni en la academia, ni en la inteligencia. Es un capricho hecho Constitución.

Si bien el proceso legislativo continúa en curso después de que se aprobó la iniciativa de reforma a seis artículos de la Constitución en el Senado y que eventualmente derivará en la modificación de diversas leyes secundarias, en este artículo nos referiremos a la reforma constitucional que faculta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales asuntos de graves violaciones a derechos humanos, como una excepción a las reglas ordinarias de turno y competencia.

El pasado 25 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso en el que a una persona le fue negada la posibilidad de conocer el contenido de una investigación penal sobre la posible omisión del entonces Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera —miembro de la Iglesia Católica— de informar inmediatamente al Ministerio Público sobre la probable comisión de delitos de pederastia.

Estamos ante una reforma que no necesariamente está encaminada a lograr los objetivos tan ambiciosos que propone, pero que debe celebrarse frente a las alternativas que empezaron a circular con la llegada del gobierno de López Obrador. Es un comienzo para la mejora de la justicia federal, pero que no debe quitarse el dedo del renglón en temas centrales que no aborda.