Sin embargo, y más allá lo repugnante y peligroso que es este personaje, vale preguntarse qué tan viable es la destitución de Trump. ¿Cuáles son los requisitos legales para concretar el impeachment del Presidente de Estados Unidos? ¿Existen otras vías jurídicas para removerlo de su cargo? ¿Qué tan propicio es el contexto político para echar a andar esta maquinaria legal?
Día a Día
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Washington v. Trump: los argumentos del primer gran revés judicial de Trump
El día de ayer, la Corte de Apelaciones emitió su sentencia respecto esta suspensión de emergencia. En ella, la Corte niega la moción del gobierno federal argumentando que éste no demostró tener posibilidades de tener éxito –un concepto parecido a la apariencia de buen derecho en el juicio de amparo mexicano-, ni tampoco demostró que la negativa a la suspensión pudiera causar un daño irreparable. Así, a continuación, se resumen los principales argumentos de esta sentencia Washington v. Trump.
La defensa de las audiencias y las controversias en contra del IFETEL
La Suprema Corte ya ha conocido de otras controversias en las que se ha cuestionado la constitucionalidad de las facultades del IFETEL para emitir disposiciones administrativas de carácter general. En esos casos, la Corte ha precisado que el IFETEL sí puede emitir normas generales en el ámbito de sus competencias bajo ciertos límites de contenido y jerarquía. Por lo que próximamente, los ministros de la Suprema Corte tendrán que analizar si los lineamientos expedidos por el IFETEL excedieron sus competencias o si bien se ajustan al marco constitucional y legal aplicable a la materia.
Trump y el desastre legal de su política de deportación e inmigración
Además de defectos no menores, es importante subrayar que todo parece indicar que las órdenes ejecutivas serán prácticamente inviables en los términos que se plantearon, además de que su suerte dependerá de un sinfín de conflictos jurídicos que se zanjaran en los tribunales de ese país en los siguientes años.
La guerra contra las drogas en México a juicio ante la CorteIDH
En el marco de las discusiones en el Senado frente a las iniciativas que pretenden dar rango constitucional a la militarización del país para legitimar la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón en 2007 y ante la crisis de violencia extrema y de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano deberá responder durante 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros de las fuerzas armadas en el ejido Benito Juárez en Chihuahua, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.
La Suprema Corte y la comida "chatarra" en la escuelas de educación superior
El pasado 18 de enero de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 104/2015, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Luna Ramos. En este proyecto se estudia e interpreta la prohibición de vender y distribuir alimentos y bebidas preparados y procesados en instituciones de educación superior que no acreditan cumplir con el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único.
¿Podrán los jueces detener a Trump?
¿Qué podemos esperar del poder judicial estadounidense en los tiempos de Donald Trump? A primera vista, el panorama es poco alentador. Con una vacante en la Corte Suprema, el posible retiro de otros justices en los siguientes años y más de cien vacantes en las cortes inferiores, parecería que Trump y la mayoría republicana en el Senado tienen la mesa puesta para emprender una reconfiguración –radical, dirían algunos– del poder judicial estadounidense. Sucede, sin embargo, que la situación es un tanto más compleja de lo que parece.
Militares, derechos humanos y seguridad interior
La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho.
Absurdos jurídicos · Día a Día
Santa Claus en los tribunales
En esta nota daré cuenta de algunos ejemplos de la presencia de Santa Claus, no tanto en las chimeneas u otras escotillas domésticas, sino en el sistema de justicia, normalmente, como demandado.
¿Qué no está haciendo la Suprema Corte? El año 2016 del máximo tribunal
La SCJN debe seguir mirando al sistema político para ser vista. Y probablemente sea responsabilidad de los ministros de más reciente ingreso tomar esa estafeta para continuar haciendo visible, presente y relevante al máximo tribunal en un sistema político urgido de contrapesos dentro de un país con un gran retraso en la protección de los derechos humanos.