En la segunda mitad del año pasado, la mira punitiva del actual gobierno federal apuntó hacia las llamadas empresas factureras dedicadas la expedición y venta de comprobantes fiscales para simular operaciones y obtener indebidos beneficios fiscales. Esta vez, la mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución. Así, el 18 de noviembre de 2019, se publicó un paquete de modificaciones que catalogaron a la compraventa de facturas como un delito que pone en riesgo a la seguridad nacional. En respuesta, la CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de estos ajustes legislativo.
El protocolo de acoso y hostigamiento sexual del INAI: más prevención menos sanción
Sin duda, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del INAI es un paso para que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos para prevenir la violencia de género. Sin embargo, sigue faltando el integrar medidas de prevención concretas e incluir un enfoque de derechos humanos incluyente para que el resultado del mecanismo sea una reparación integral a la víctima.
¿Se debe eliminar el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
En el proyecto de reforma judicial se considera que la sustitución de jurisprudencia no tiene cabida en un sistema de precedentes sin que se dé un caso concreto. Pero, en verdad, ¿se debe eliminar este procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
Los litigios del presidente López Obrador
Un galimatías llamado Ley Nacional de Extinción de Dominio
De estas reformas constitucionales, entonces, derivó la LNED, publicada el 9 de agosto de 2019, y cuya constitucionalidad ha sido puesta en entredicho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en cuya demanda, por cierto, cita que recibió 524 solicitudes para promover la acción de inconstitucionalidad ante la escandalosa violación de derechos que implicaba esta nueva legislación. Ahora bien, esta acción de inconstitucionalidad, presentada el 9 de septiembre de 2019, en contra de la LNED se centra en ocho puntos respecto los cuales la SCJN deberá determinar si se violan los derechos de seguridad jurídica, acceso a la información pública, propiedad, protección de datos personales, tutela judicial efectiva, debido proceso, legalidad, publicidad, irretroactividad de la ley, así como la supremacía constitucional.
¿Es viable la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes?
El tema recién propuesto a debate por el presidente López Obrador consiste en consultar a los ciudadanos mexicanos si desean llevar a juicio a los expresidentes de la República.
Los jueces eléctricos
Las cuestiones que pretendo enunciar a través de estos microrrelatos, y que el lector debe tener en mente mientras los lee, son las siguientes: ¿Qué es justicia? ¿Quién define lo que es justo? ¿Qué significa juzgar? ¿Qué papel juegan la experiencia y las emociones en el proceso de emitir un fallo? ¿Qué virtudes son las que permiten impartir justicia? ¿Qué relación existe entre juzgar y libertad de elección? ¿Qué límites ha de tener el juez al decidir? ¿Qué sentido último tiene el acto de juzgar?
Los litigios del presidente López Obrador
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: ¿logra domesticar la fuerza pública conforme a la Constitución y tratados internacionales?
Aunque la aprobación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza es un paso adelante pues por años México careció de una legislación en la materia, tal y como fue aprobada pone en riesgo derechos humanos y, más ampliamente, cuestiones esenciales para la democracia. ¿Cuáles son los principios que deben guiar el uso de la fuerza? ¿Cómo debe regularse el uso de la fuerza letal? ¿Cómo debe regularse la relación entre uso de la fuerza y protesta? ¿Cómo reforzar los controles externos sobre las fuerzas de seguridad? Esas son las preguntas que la SCJN deberá plantearse al resolver esta ley, a partir de la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Por eso importa esta deliberación pendiente; ojalá que en el análisis de la SCJN prevalezca la perspectiva de derechos.
Cuando las armas hablan, las leyes callan
Nuestra región necesita mucho más vigor en sus políticas sociales. Necesitamos desarrollar una cultura de inclusión social, especialmente de los jóvenes marginados, sin oportunidades de futuro. Necesitamos una cultura de la legalidad, contra la impunidad y a favor del estado de derecho. Desde luego que tenemos que luchar contra la corrupción en todos los niveles. Pero todas esas políticas no serán suficientes para frenar la violencia criminal que anualmente se lleva a miles de nuestros jóvenes si no detenemos los flujos ilícitos de la venta de armas.
La diputación migrante y el papel del juez constitucional
Este fallo judicial representa un freno a la reforma legislativa, aprobada por la mayoría del Congreso de Ciudad de México, que buscaba eliminar la representación migrante ante una supuesta insuficiencia de recursos económicos y materiales, mediante la reforma de los artículos 4, apartado B, fracción III; 6, fracción I; 13; 76 y vigésimo quinto transitorio del código electoral de la entidad.
Los litigios del presidente López Obrador
Ley Nacional del Registro de Detenciones: ¿cuáles son sus fallas?
El 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez presentó, en su carácter de titular del organismo, una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada el 27 de mayo del mismo año. En su escrito, la CNDH inicia celebrando la aprobación de la ley como un avance trascendental y reconoce la importancia del establecimiento de un sistema que permita contar con la información de las corporaciones policiales, y que ponga a disposición esos insumos para todas las instituciones que participan en el sistema, tanto a nivel local como federal. Sin embargo, sostiene que esta ley no cumple con el requisito de limitar y acotar debidamente las actuaciones de la autoridad y genera incertidumbre jurídica para los ciudadanos.