De forma reciente, la Suprema Corte declaró inconstitucional el cobro de cuotas de inscripción en posgrados públicos. Pero aún sin resolver el fondo, la decisión abre la puerta a nuevos amparos, genera incertidumbre jurídica y amenaza las finanzas de las universidades públicas.

El Poder Judicial ha derrumbado algunos de los muros rígidos, opresores y asfixiantes del hogar tradicional —cimentados en el esencialismo biológico y el adultocentrismo—, urge ahora reconstruir legislativamente los espacios de las familias del siglo XXI. En este proceso de reingeniería social, la participación de las mujeres debe ser formal, sustantiva y estructural.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, en su carácter de presidenta de la Segunda Sala, ha solicitado una sustitución de jurisprudencia, en específico, que se modifique el criterio 1/96 del Pleno. El asunto en cuestión se llama la Sustitución de Jurisprudencia 2/2020. No se conoce el proyecto y tampoco se saben las razones para cambiar uno de los pocos criterios que ha sido continuo de 1996 hasta nuestros días. En mi óptica, esto es desafortunado pues puede generar incertidumbre y revertir la claridad que ya existía.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar reconoció el interés jurídico que asistía a la Cofece y propuso invalidar la mayoría de las disposiciones impugnadas, al considerar que efectivamente se apartaban de la Constitución al beneficiar artificialmente a la CFE, distorsionar el rol del Cenace, comprometer la interconexión en las redes y otorgar prevalencia al objetivo de seguridad en el despacho de tal forma que anulaba el de eficiencia. En sesión del pasado 3 de febrero, el proyecto fue votado a favor por 4 a 1. Este precedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte es el más reciente donde la competencia ocupó un rol central en la discusión, incluso en el contexto de un sector altamente complejo como el eléctrico. En este litigio constitucional no sólo estaban en juego las reglas vigentes de la industria, sino el derecho y principio a la competencia.