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Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia.

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Metodológica y teóricamente no encuentro sustento en la propuesta de Juan Luis Hernández y Gerardo Mata, publicadas en este Blog, según la cual los jueces de menor jerarquía puedan inaplicar jurisprudencia de la Suprema Corte si es que consideraran que ésta es violatoria de un derecho humano.

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el-gran-dictador

Una actitud como ésta, en la que se admite la eventualidad de que los jueces inferiores encuentren soluciones de interpretación más favorables que el “intérprete último”, propicia la creatividad y el debate jurídicos. Pero, además, significa, en términos prácticos, una posibilidad real de que la persona obtenga una protección más adecuada de sus derechos en las sedes judiciales más próximas, sin tener que esperar a que su derecho se haga efectivo hasta que la Suprema Corte tenga el asunto en sus manos. Aquí la pregunta clave: ¿cuál es nuestra prioridad: la uniformidad de un sistema o los derechos de las personas?

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control

Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.

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jurisprudencia

Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.

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2015

En términos generales, la Suprema Corte se encontraba –se encuentra, ya que aún tiene pendiente la resolución de acciones impuestas a constituciones y leyes electorales locales- ante un reto mayúsculo, aunque no inédito: resolver más de 60 acciones de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral federal 2015, cuyo arranque, de acuerdo con la propia reforma política, será la primera semana de octubre. En este contexto, y a reserva de lo que se refleje en las sentencias finales, vale destacar la labor de sistematización y análisis que, de forma expedita, realizaron las ponencias proyectistas para la resolución de estos casos, que, no es baladí mencionar, versaban sobre una materia de la que la Suprema Corte de Justicia no es comúnmente juez.

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paradoja

Para ser consecuente con su campaña de consulta popular, la cual se sustenta en que la eliminación de los legisladores plurinominales tiene asidero en el ahorro que se produciría en el gasto público, la propuesta del PRI implica, necesariamente, una reforma al Presupuesto de Egresos. Por lo tanto, de ser válida la improcedencia explícita en contra del PRD, también lo sería en contra del PRI.

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volado

…la línea entre estos dos temas es muy fina, pues si bien la composición del Congreso desde el punto de vista del número de integrantes que debe tener es un debate ajeno a la materia electoral, lo cierto es que los efectos de una determinación así pueden tener impacto en el ámbito electoral. Esto se debe a que de manera indirecta repercuten en el proceso de elección ya que al tener un Congreso más pequeño, la distribución de fuerzas políticas necesariamente será distinta. Lo cual se acentúa si consideramos que algunos partidos políticos únicamente cuentan con legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, lo cual podría incidir en el sentido del voto que emitan los ciudadanos, lo que involucra la materia electoral.

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rules

Desde hace varias semanas, las diversas fuerzas políticas y la opinión pública se preparan para el proceso electoral del 2015 -empiezan a saltar encuestas, a trazarse estrategias, definir discursos, etcétera-. Sin embargo, antes es necesario librar otra batalla no menor: la definición de las reglas electorales que marcarán el rumbo precisamente de estas elecciones. En efecto, como se sabe, en los últimos meses hubo una reforma político-electoral que cambió varias de las condiciones del escenario electoral. No obstante, no pocas de estas nuevas reglas han sido impugnadas ante la Suprema Corte por los mismos partidos políticos. El punto más delicado es que en este caso lo que decidan los ministros tendrá un particular impacto en la dinámica político-electoral, pues el tiempo está encima: el proceso electoral inicia formalmente en octubre de este año y de ahí que no haya tiempo para corregir aquellos aspectos legislativos que en su caso declare inconstitucional la Suprema Corte.

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pedro-picapiedra

el IFAI, como órgano autónomo garante, tiene la obligación de defender el acceso a la información y la protección de datos personales. Estos dos derechos, contrariamente a lo que opina la comisionada presidente, tienen lugar en las materias más diversas: telecomunicaciones, laboral, fiscal, energética, etc. Ante la menor de las dudas, el IFAI debe ejercer su facultad y pedirle al máximo tribunal que determine la constitucionalidad de normas que pudieran violentar los derechos referidos. Este Instituto (y me refiero a sus comisionados), debe asumir su papel de órgano garante y no el de defensor de las políticas públicas del Ejecutivo.

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