Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

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Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.

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En conclusión, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 representa un avance en términos de que como resultado el estado de Puebla se suma a las entidades en las que las parejas del mismo sexo ya no requerirán la tramitación de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio; sin embargo, la resolución no es del todo coherente con un marco constitucional que aspira a tener a los derechos humanos como su eje de acción.

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Hay una clara y muy dramática tensión —evidenciada en el asunto tratado— entre la interpretación pro actione de las normas procesales que busca optimizar el acceso a la justicia y la autorrestrictiva que pretende contener a los tribunales y evitar que invadan las atribuciones de otros poderes. Pero esta tensión debe resolverse por la prudencia de los tribunales y la consideración de todos los valores constitucionales relevantes antes que por su timidez o por un afán insuficientemente reflexivo de reivindicar derechos humanos.

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¿Se podían exhumar las cenizas? ¿Quién estaba legitimado para autorizar dicha exhumación? ¿Se cumplieron con los requisitos legales para la exhumación? ¿Pueden ser las cenizas objeto de propiedad? ¿Pueden ser objeto de contratos entre particulares como de donación o compraventa? ¿Quién puede autorizar el uso de las cenizas para convertirlas en un diamante? ¿Se pueden comercializar las cenizas? ¿Se puede comercializar el diamante? ¿Puede el diamante ser objeto de exhibición?

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En los últimos días, se ha suscitado una nueva discusión sobre el caso de “Los Porkys”, gracias a un fallo que se dictó el 22 de marzo de 2017, en el que se dejó insubsistente el auto de formal prisión que se le había dictado a uno de los cuatro jóvenes: Diego Cruz, acusado de pederastia. Aquí presento mi análisis de la sentencia.

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La valoración de la prueba científica en la Corte mexicana aún carece de criterios específicos para ser procesada de manera adecuada. Es necesario reconocer que, por la propia naturaleza dialéctica de los procesos judiciales, el debate en torno a la valoración de la prueba científica quizás nunca llegue a acabarse, pero eso no significa que sea imposible dotar de mayor fortaleza a las decisiones judiciales con criterios si bien no enteramente firmes, cuando menos más orientadores. Criterios que, por un lado, doten de mayor legitimidad a las decisiones judiciales y, por el otro, garanticen una mayor seguridad para las partes.

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