En conclusión, lo quiera o no la Corte Suprema, el debate en torno al aborto como un derecho constitucional se encuentra lejos de concluir. Los tribunales son órganos reactivos al tipo de casos que los ciudadanos o las instancias gubernamentales plantean ante ellos. Así, el caso Mifepristone demuestra que, en tanto la controversia social se perpetúe, y la ciudadanía continúe ejerciendo acciones legales estratégicas para erradicar o proteger el aborto en Estados Unidos, los tribunales inferiores, y en última instancia la propia Corte Suprema, deberán pronunciarse. Sólo el tiempo dirá si los fallos posteriores de la Corte estadunidense en cuanto al tema del aborto seguirán dependiendo meramente del número de asientos ocupados por jueces de corte demócrata o republicano al momento de decidir.

Durante la madrugada del 4 de marzo, mientras muchos todavía dormían en la Ciudad de México, en Naciones Unidas se llevaban a cabo intensas negociaciones para concluir el proceso de negociación de un tratado para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los océanos, también conocido como el Tratado de la Alta Mar o el Acuerdo BBNJ.

En los últimos días se ha estado cocinando la que será la mayor batalla por el acceso al aborto desde que se se revirtió el precedente Roe V. Wade. En efecto, después de la decisión Dobbs un grupo antiderechos en el estado Texas presentó una demanda cuestionando la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA), una agencia análoga a la Cofepris aquí en México que permite el uso del medicamento mifepristona para el abortar. ¿Por qué hasta ahora se está resolviendo esto si la FDA aprobó el uso de la mifepristona hace más de veinte años?

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a México en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro, estableciendo que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución mexicana resultan contrarios a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y, en este sentido, determinó que el Estado mexicano debe dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico interno la normatividad relacionada con el arraigo y debe adecuar su ordenamiento sobre prisión preventiva oficiosa para hacerlo compatible con la normativa interamericana.

Como consecuencia del mundo hiperglobalizado de hoy, los desafíos que enfrentan los países ya no pueden considerarse estrictamente domésticos. Más bien, se debe tener en cuenta las formas en que ciertos problemas que se consideran como ‘domésticos’ o ‘internos’ se manifiestan en otras partes del mundo. Los problemas y debates legales en torno al control de las armas de fuego en Estados Unidos y el impacto que tienen en Latinoamérica, específicamente México, constituyen un ejemplo perfecto de este fenómeno.

El 14 de marzo, México introdujo un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito en su demanda civil contra siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista de armas. En su escrito, México solicita la revocación de decisión del Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, el cual desestimó la mayoría de sus pretensiones con base en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), y porque dicho tribunal concluyó que México no había presentado una causal válida con respecto a los otros cargos.

Recientemente el Comité de Derechos Humanos (CDH), creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), emitió una resolución respecto de un caso en el marco de su procedimiento de comunicaciones individuales en la que encontró que un país había incumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger a un grupo de seres humanos de los efectos del cambio climático.