La geografía electoral no es sólo una cuestión de trazos en un mapa para organizar mejor los procesos electorales. Se trata, en esencia, de una herramienta para distribuir el poder político.
En Estados Unidos, por ejemplo, el debate sobre el gerrymandering —el diseño de distritos electorales sea para beneficiar a un determinado partido político o cierto grupo racial— ha sido lo largo de su historia motivo de intensas disputas académicas y políticas.[1] En múltiples ocasiones, el rediseño de circunscripciones ha alterado el equilibrio de fuerzas en el Congreso de este país (tanto a nivel federal como local), con el correspondiente impacto en sus leyes e instituciones. De ahí que no sea casualidad que los tribunales estadounidenses, en respuesta, hayan intervenido en numerosas ocasiones para frenar prácticas que distorsionan la representación política en términos democráticos.[2]
En México, el debate sobre el impacto de la geografía en la representación política ha sido menos intenso, aunque no inexistente. Como han señalado Alejandro Trelles, y otros académicos, el diseño de los distritos no es un proceso neutral: es una decisión política que influye en la competencia electoral y, en consecuencia, en la configuración del poder político.[3] A pesar, la geografía electoral ha permanecido en gran medida al margen de la discusión pública, como una mera una cuestión técnica y administrativa.[4]
Esto, afortunadamente, ha comenzado a cambiar. Con la elección judicial, el diseño geográfico electoral está adquiriendo la relevancia que le corresponde. La pregunta ya no es sólo si los jueces deben ser electos, sino cómo su distribución territorial influiría en la imparcialidad del sistema judicial.
En ese contexto, este texto examina si la configuración territorial para las elecciones judiciales de junio de este año podría dar lugar a un fenómeno de gerrymandering judicial. Es decir, una superposición entre la geografía judicial y patrones de predominio político-electoral.
Si la legitimidad de las instituciones depende en gran medida de su autonomía y equidad, entonces, resulta fundamental examinar si la delimitación geográfica contribuye a la independencia del Poder Judicial o si, por el contrario, introduce dinámicas que podrían mermar su imparcialidad. Así, más que asumir una intención deliberada de beneficiar a una fuerza política en particular, lo que este estudio pone sobre la mesa es la necesidad de evaluar cómo la configuración territorial del sistema judicial podría influir en su integración y funcionamiento.
1) La concentración del Poder Judicial en un número reducido de entidades
El 1 de junio de 2025, la ciudadanía ejercerá, por primera vez en la historia de México, su voto para seleccionar a las personas juzgadoras que integrarán un nuevo Poder Judicial. Como todo proceso inédito, ha sido necesario establecer nuevas reglas y definir el marco a partir del cual se llevará a cabo esta elección. La reforma constitucional otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de organizar esta elección, lo que incluyó la delimitación del territorio en el que se desarrollará la contienda.
El INE ha sido, desde la era democrática del país, la institución encargada de diseñar el marco geográfico electoral, conformado actualmente por 300 distritos electorales. No obstante, la elección judicial de 2025 representa un caso excepcional, marcada por circunstancias y desafíos extraordinarios.
Entonces, si bien la delimitación geográfica debió considerar la distribución por circuitos judiciales determinada por el Consejo de la Judicatura Federal, el INE diseñó un marco geográfico distinto. Uno en el que los 32 circuitos judiciales se convirtieron en 60 distritos judiciales electorales. Este rediseño territorial impacta en la distribución del voto, pero también en la representatividad y el equilibrio de la integración del Poder Judicial.[5]
Uno de los efectos más significativos de esta delimitación es la concentración del Poder Judicial en un número reducido de entidades. Es decir, el 52% de los cargos judiciales a elegir se concentran en tan solo ocho entidades federativas, lo que implica que las dinámicas jurisdiccionales y políticas de estas regiones tendrán un peso desproporcionado en la configuración del sistema judicial a nivel nacional.
Tabla 1. Distribución de cargos judiciales: 8 entidades vs. resto del país
Fuente: elaboración propia con base en la información del Acuerdo INE/CG04/2025.
Esta distribución ha enfrentado cuestionamientos, en buena medida, con el argumento de que no responde a criterios de equidad poblacional. Un caso paradigmático es Estado de México, que cuenta con la lista nominal más grande del país (13.1 millones de votantes), pero dispone de sólo tres distritos judiciales y 54 cargos. Esta situación contrasta con Ciudad de México, que cuenta con más del triple de cargos a pesar de tener un padrón electoral considerablemente menor.
2) La falta de proporcionalidad en la representación del voto
La distritación electoral es un elemento central para garantizar la equidad en un sistema democrático, aunque su impacto depende del modelo electoral de cada país.
En aquellos sistemas de mayoría simple, donde el principio de “una persona, un voto” busca asegurar la igualdad en el peso del sufragio, la forma en que se distribuyen los distritos resulta determinante para la representatividad de los resultados.[6]
En México, por su parte, las elecciones legislativas combinan la mayoría relativa con la representación proporcional, lo que permite cierto equilibrio en la distribución del poder político. No obstante, la elección judicial fue diseñada bajo un esquema de mayoría simple en un contexto donde el peso del voto no es uniforme.
El análisis de la distritación realizada por el INE sugiere que el objetivo de asegurar que toda la ciudadanía vote en igualdad de circunstancias no se cumplió. El número de distritos judiciales asignados a cada entidad no guarda una relación proporcional con su padrón electoral. Como resultado, el peso del voto varía significativamente entre entidades e incluso entre distritos.
La Tabla 2 ilustra estas diferencias. En Ciudad de México, cada distrito judicial representa en promedio 705 mil votantes, mientras que en Estado de México, esta cifra asciende a 4.4 millones, casi seis veces más. La disparidad se acentúa en Colima, donde un distrito judicial representa 531 mil votantes, mientras que, en Chiapas, con un sólo distrito judicial, la cifra se eleva a 4 millones, evidenciando una desigualdad estructural.
Tabla 2. Número de distritos judiciales por entidad y tamaño promedio (millones de habitantes)
Fuente: elaboración propia con base en la información del Acuerdo INE/CG04/2025.
Sin embargo, la desproporción en la representación no sólo responde al número de distritos judiciales, sino también a la distribución de los cargos a elegir. En Ciudad de México, con 11 distritos judiciales y un padrón de 7.9 millones de votantes, se elegirán 168 cargos, lo que equivale a 15 cargos en promedio por distrito. En contraste, en Estado de México, con un padrón significativamente mayor (13.1 millones de votantes), sólo hay 3 distritos judiciales y 54 cargos, lo que resulta en 18 cargos por distrito, pero con una base de votantes considerablemente más grande (4.39 millones de votantes por distrito).[7]
A estas disparidades en la distribución de distritos y cargos se suma otro factor que introduce un desafío adicional a la equidad del sistema judicial: la asignación exclusiva de ciertas materias a distritos específicos. Materias de alta relevancia, como competencia económica y telecomunicaciones, con impacto a nivel nacional, fueron delimitadas de manera que su jurisdicción quedó concentrada en un sólo distrito de Ciudad de México.
Por ejemplo, la magistratura encargada de estos asuntos será elegida en el Distrito Judicial 1 en Iztapalapa, con un padrón de 712,863 votantes. Si se considera la estimación de participación del 8% manifestada por la consejera presidenta del INE, esta magistratura podría ser definida por apenas 57,029 votantes, lo que equivale al 0.06% del padrón electoral nacional.[8] En otras palabras, una jurisdicción con incidencia en todo el país será determinada por una fracción mínima del electorado.
Por lo tanto, si la premisa de una elección judicial es dotar de legitimidad al Poder Judicial a través del voto ciudadano, la existencia de tales desigualdades en la distribución del sufragio plantea una interrogante central: ¿puede una elección con un diseño territorial desproporcionado fortalecer realmente la independencia y representatividad del sistema de justicia?
3) Reflexión final: ¿Un nuevo tipo de gerrymandering?
El gerrymandering ha sido históricamente un problema electoral, pero ahora su lógica también puede analizarse desde el ámbito judicial. La manera en que se delimitan los distritos judiciales puede influir en la estructura del sistema de justicia y en el impacto que tienen sus órganos. La reciente reconfiguración de los distritos judiciales en México plantea interrogantes sobre si estos ajustes pudieran generar sesgos en la distribución territorial, influyendo en la dinámica electoral y en la percepción de imparcialidad del proceso.
Desde esta perspectiva, la concentración del 52% de los cargos judiciales en sólo ocho entidades federativas no es un fenómeno aislado, sino un elemento que dialoga directamente con la distribución del poder político y la competencia electoral en México. Estos estados no sólo concentran el mayor número de jueces y magistrados, sino que también abarcan 138 distritos electorales federales.
El análisis de los resultados del Proceso Electoral Federal 2024 muestra que, en estos distritos, la Coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo la victoria en más del 90% de los casos, con un margen promedio del 25% sobre la segunda fuerza política. Esta coincidencia entre la nueva distribución de los distritos judiciales y el mapa electoral plantea cuestionamientos sobre los posibles efectos de la delimitación territorial en la percepción de imparcialidad del sistema de justicia.
La independencia judicial no sólo depende del marco normativo necesario, sino también un diseño institucional que permita su ejecución. La delimitación de los distritos judiciales es un componente clave para garantizar un acceso equitativo a la justicia y fortalecer la confianza en el sistema. Si bien la configuración actual responde a un proceso inédito y complejo, es importante que cualquier reforma futura en esta materia contemple mecanismos de evaluación y ajuste periódico, tomando en cuenta criterios objetivos como el crecimiento demográfico y la carga de trabajo.
Asimismo, resulta fundamental promover la transparencia y participación ciudadana en la supervisión de estos procesos, asegurando que la distribución geográfica de los distritos judiciales contribuya a la equidad y representatividad del sistema judicial. Más que un problema de diseño, el reto es garantizar que la estructura territorial del Poder Judicial evolucione de manera que refuerce su autonomía y legitimidad.
La geografía del poder importa. En un sistema donde la justicia es un pilar fundamental de la democracia, es crucial que su distribución territorial se ajuste a principios de eficacia, equidad y acceso igualitario. México requiere un modelo de organización judicial que garantice un equilibrio entre su diseño institucional y su eficacia operativa, asegurando que la justicia no sólo sea imparcial, sino que también sea percibida como legítima y accesible para toda la ciudadanía.
Diego Forcada Gallardo. Politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Mercedes Kuri. Abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Los autores agradecen a María Paula Acosta por sus valiosos comentarios.
[1] Véase McGann, A. J., Smith, C., Latner, M., & Keena, J., Gerrymandering in America: The House of Representatives, the Supreme Court, and the Future of Popular Sovereignty, Cambridge University Press, 2016; Engstrom, Erik J., Partisan Gerrymandering and the Construction of American Democracy, University of Michigan Press, 2013.
[2] Por ejemplo, sentencias relevantes de la Suprema Corte de EE.UU. incluyen Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993); Gill v. Whitford, 585 U.S. 48 (2018); Moore v. Harper, 600 U.S. 1 (2023).
[3] Véase Trelles, Alejandro et al., “How does redistricting matter? Evidence from a quasi-experimental setting in Mexico”, Paper prepared for delivery at the International Political Science Association, Lisbon, Portugal, 2022.
[4] A cargo del Instituto Nacional Electoral.
[5] Se revisaron los acuerdos INE/CG2362/2024 e INE/CG62/2025, así como los documentos anexos correspondientes.
[6] El principio de sufragio igual no solo es fundamental en el ejercicio del voto, sino también en la organización de las elecciones y la delimitación de circunscripciones electorales. Como señala Nohlen, la igualdad del voto se ha convertido en el principio más relevante del derecho electoral, al garantizar que cada sufragio tenga el mismo peso en la conformación de los órganos de representación. Véase Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, FCE, 1994.
[7] El promedio de cargos por distrito judicial se obtiene al dividir el número total de cargos a elegir en cada entidad entre la cantidad de distritos judiciales. Este dato proporciona un estándar de comparación, aunque pueden existir variaciones dentro de una misma entidad.
[8] Este cálculo se basa en la estimación más baja proporcionada por Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien prevé una participación de entre el 8 % y el 15 % del padrón electoral en la elección judicial del 1 de junio. Véase Animal Político, “INE calcula entre 8 y 15% de participación en elección judicial; estima que emisión de voto dure más de 9 minutos”, disponible en: https://animalpolitico.com/politica/ine-participacion-eleccion-judicial-duracion-voto
Excelente trabajo y muy pertinente el análisis, estamos frente a una elección mas que trascendente para el futuro del país y es necesario reflexionar antes y después del proceso.