El pasado 7 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para la reelección de diputaciones federales durante el proceso electoral 2020-2021. Ante la inexistencia de una normativa en la materia, emitida por el Congreso de la Unión, el Consejo General consideró necesario regularla desde la sede administrativa, a fin de garantizar la certeza y equidad en los comicios en curso. Tras seis años de su aprobación y sin una reglamentación del Congreso, hoy se presenta el dilema sobre si la facultad reglamentaria del INE le permite responder ante casos electorales en los que el legislador no ha reglamentado.
Las primeras órdenes migratorias de Biden: los peligros para México de la letra chiquita
Los fenómenos de movilidad humana en la frontera entre México y Estados Unidos ilustran claramente la relación de supra-subordinación entre ambos países. No importa qué decida Estados Unidos, ni siquiera qué tan progresiva sea su posición, a nosotros nos toca lidiar con la burocracia, las consecuencias e, inclusive, con la implementación de acciones inhumanas que le permitan a este país proteger su status quo. Con Trump, al menos, la situación era clara: para él éramos un país de violadores y ladrones. No obstante, con los demócratas, me parece, que el escenario puede ser inclusive más difícil. Sobra mencionar que no basta que una política migratoria no sea trumpista, para que necesariamente sea acertada. Por ello, es indispensable no pescar el azuelo y analizar de manera fina la propuesta del nuevo gobierno de Estados Unidos.
El estado de Morelos y la interrupción legal del embarazo
Es necesario que el poder legislativo no derogue de la normativa penal vigente, el delito de aborto; pues, aunque por un lado converge el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la interrupción del embarazo posterior a la semana 12, sin que exista una causa justificada, atentaría contra el máximo bien jurídico protegido por nuestra Constitución, como lo es: el derecho a la vida.
¿Cuál es el problema central de la iniciativa que busca prohibir la subcontratación "outsourcing" de personal?
Es necesario hacer especial énfasis en lo siguiente: estamos ante una propuesta para prohibir —al grado de considerarla como delito grave— de una actividad a todas luces lícita, inofensiva, que por sí sola no es transgresora de derechos, que por su naturaleza no afecta el bien común ni altera el orden público. Basta dar lectura a la iniciativa que se analiza, para advertir que no existe una adecuada proporción entre la problemática que se busca resolver, y la solución que se propone para superar el problema planteado.
México en el Consejo de Seguridad: definir prioridades y conectar con el ensamblaje de seguridad global
El pasado 1.º de enero, México ingresó por un período de dos años al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS), uno de los seis órganos principales de la ONU y, sin duda, el más poderoso, ya que es el único que tiene la facultad de adoptar decisiones obligatorias para todos los Estados miembros de la organización. La quinta participación de México en el CS como miembro no permanente es un logro diplomático, pues se ganó una elección importante en la Asamblea General que denota confianza en nuestra diplomacia y reafirma liderazgo regional.
Derecho y Tecnología · Día a Día
Trump y la libertad de expresión en la esfera digital
Las redes sociales, en este sentido, se han convertido en la plaza pública moderna, como las denominó el juez en retiro de la Corte Suprema estadounidense Anthony M. Kennedy. Sin embargo, se trata de una plaza pública cuyo control está en manos de unas cuantas empresas privadas (Facebook, Twitter, Google), que deciden unilateralmente y sin rendir cuentas a nadie lo que pueden o no decir sus usuarios. De tal manera que son instituciones privadas son las que determinan los alcances y límites de la libertad de expresión en la plaza pública moderna.
La Suprema Corte y su oportunidad para humanizar la política migratoria
La configuración actual de la política migratoria mexicana ha sido constantemente cuestionada, situación que debería no sólo generar indignación, sino también vergüenza. El amparo en revisión 282/2019 es una oportunidad imperdible y puede representar el primer paso para reparar esta situación; para dotar de razonabilidad y humanidad a las normas migratorias y para encaminar la política migratoria hacia un necesario enfoque de derechos humanos. Esperemos que la Suprema Corte esté a la altura, aproveche la oportunidad y resuelva el caso con base en los estándares internacionales que el Estado mexicano debe cumplir, pero que ha violado a lo largo de los años.
¿Es inconstitucional el plan de vacunación Covid-19 de México?
La más grande campaña de vacunación en la historia de México presenta áreas de oportunidad constitucional. Soslayar estas fallas jurídicas podría traducirse en impugnaciones a futuro y, no menos importante, en un plan mal diseñado anclado en una falta de certeza para la población sobre cómo proteger su salud.
Democracia, grupos minoritarios y acciones afirmativas
La semana pasada la Sala Superior emitió dos decisiones de que ilustran la introducción de nuevos criterios para avanzar en la inclusividad de nuestra democracia. Estas resoluciones se dieron respecto a los lineamientos que emitieron tanto el Consejo General del INE como el OPLE de Baja California Sur para implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos vulnerables en el proceso electoral de 2021. En dichos lineamientos se previeron, de entre otras cuestiones, medidas para implementar acciones afirmativas en favor de la población indígena y afromexicana con el objetivo de marcar un camino en la dirección correcta a fin de hacer efectiva la multiculturalidad en el sistema político-electoral.
Derecho y Tecnología · Día a Día
La afrenta que viene: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Durante las primeras conferencias matutinas del año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer patente su resistencia hacia los órganos constitucionales autónomos; en particular, señaló al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como una institución cuyas funciones pueden ser ejercidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que —señaló— promoverá reformas administrativas encaminadas a trasladar las facultades del IFT a la administración pública federal.